Economía

El Gobierno, debilitado por los malos datos de empleo, busca restablecer puentes con los sindicatos

Las malas perspectivas de recuperación del mercado laboral obligan al Ejecutivo a reconsiderar su actitud hacia los sindicatos. Fuentes cercanas a Empleo admiten que se podría aprovechar una sentencia del Constitucional para desbloquear y mejorar las relaciones.

Reunión de los agentes sociales con la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Reunión de los agentes sociales con la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Los malos datos de empleo y las escasas perspectivas de recuperación a corto plazo han obligado al Gobierno a reconsiderar su postura hacia los agentes sociales y, en especial, los sindicatos.

El Gabinete de Rajoy inició una campaña de desprestigio contra los sindicalistas, les recortó el número de liberados y les ha cercenado hasta un 50 por ciento de su presupuesto entre subvenciones y formación. El Ministerio de Empleo incluso aprobó la reforma laboral sin consultar en lo más mínimo a CCOO y UGT.

Cambio de actitud

Sin embargo, fuentes conocedoras de las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales explican que en las últimas semanas se ha dado un cambio sustancial en la actitud del Ejecutivo. “El mercado laboral no responde y la mala coyuntura va para largo, así que el Ministerio de Empleo ha entrado en otra dinámica muy distinta de la arrogancia del principio. Se ve una cierta predisposición a tender la mano a los sindicatos, no ensañarse tanto y, sobre todo, cuidar la imagen de diálogo”, comentan.

En fechas recientes, incluso un hueso duro de roer como María Dolores de Cospedal ha retomado el trato con los representantes sindicales en Castilla-La Mancha, señalan estas fuentes.

De hecho, el Ministerio de Fátima Báñez se cuidó mucho de mantener informados a los interlocutores sociales durante su elaboración del Plan de Emprendimiento y Empleo Joven, cosa que al final hasta se plasmó en una foto con todos.

Los fondos de formación, claves

Y fuentes cercanas a Empleo admiten que se podría aprovechar una reciente sentencia del Constitucional para recomponer las deterioradas relaciones. Ésta se dicta porque las comunidades y la Administración central han ido acaparando recursos de la formación continua de los trabajadores y los han ido destinando a formación de desempleados. En concreto, Cataluña pretendía emplear estos fondos para políticas de empleo.

Sin embargo, el Tribunal establece que estas partidas son aportaciones de trabajadores y empresas, son finalistas y, por lo tanto, sólo pueden ser utilizadas para la formación de personas ocupadas. Es decir, sindicatos y CEOE recuperan peso en la gestión de esos dineros.

Encuentros informales

De modo que el Ejecutivo puede ahora hacer de la necesidad virtud, brindar algunas concesiones en materia de formación y desbloquear así las vías de contacto. Estas fuentes reconocen que ya han tenido lugar encuentros informales con motivo de la sentencia.

Algo que se ha notado en el tono rebajado de algunos de los representantes sindicales. El mismo Ignacio Fernández Toxo fue poco contundente con la ministra durante la celebración del 10º Congreso de Comisiones. “Ya están preparando la negociación. Lo más duro que le dijo Toxo a Báñez fue que la salida de la crisis no pasa por el emprendimiento, sino por el trabajador asalariado”, asegura una fuente patronal.

Presión antes de negociar   

No obstante, las centrales no quieren verse sobrepasadas ni por las mareas ciudadanas y de funcionarios, ni por la indignación expresada en las redes sociales.

No quieren perder su tradicional capacidad de movilización o ser percibidos como demasiado institucionalizadas y cercanas al poder. Además, aún tienen que meter presión al Gobierno antes de negociar. De forma que las agrupaciones sindicales van a convocar nuevas manifestaciones contra la política de ajustes.

Algunas fuentes sindicales apuntan que la fluidez del diálogo va por Ministerios y que los últimos cambios de actitud más bien obedecen a que Bruselas ha impuesto que las medidas estén consensuadas con los agentes sociales. Subrayan que aún están esperando al informe de la reforma de las pensiones.


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