El Eurogrupo no hace sangre con el Memorando, aunque pone cláusulas de rescate soberano

Ayer se conoció el borrador del Eurogrupo con las exigencias del rescate bancario, conocido como Memorando de Entendimiento. Como suele ocurrir con todo lo relacionado con la Unión Monetaria, la información fue bastante caótica, empezando por las declaraciones híper optimistas del ministro Luis de Guindos por la mañana, anunciando una carencia de 10 años de la ayuda financiera de la UE a España, "que implicaría no tener que devolver dinero hasta 2022" y a un tipo inferior al 3%; pasando por una posterior oleada de filtraciones en distintos medios, que hacía que las noticias se conocieran casi gota a gota. Por supuesto, hay exigencias importantes; articuladas a través de 32 cláusulas, como no podía ser menos, pero ninguna que haya sorprendido por su extrema dureza. Incluso hay detalles de cierta sensibilidad, si se comparan los casos de Irlanda y Portugal. Quedan incógnitas, a su vez, aunque la principal respuesta a las mismas la darán los mercados.

Nadie esperaba ningún regalo. Más o menos ha sido lo esperado, aunque ha quedado clara la condicionalidad macroeconómica del rescate. 

A grandes rasgos, aplica mayor supervisión y mas estricta de las entidades por parte de los órganos europeos. Establece una hoja de ruta para las entidades financieras, segmentándolas por grupos. Las autoridades españolas tendrán que presentar rápidamente los planes de liquidación ordenada de los bancos no viables que necesiten fondos públicos. Deberán ser compatibles con la estabilidad financiera, y minimizar la carga de estos procesos de liquidación sobre los contribuyentes. También, tendrán que dejar que las entidades sanas adquieran activos y pasivo de forma competitiva. 

El proceso comenzará "inmediatamente", este mismo mes de julio, con las entidades del denominado grupo 1 (Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), es decir las que ya están controladas por el FROB y sobre las que se conocen en general sus necesidades de financiación pública. El objetivo es que las autoridades españolas avancen el trabajo de forma que la CE pueda aprobar los planes de restructuración o resolución para noviembre de este año.

Las que más déficit de capital tienen pero a su vez cuenten con planes propios para conseguirlos por si mismas estarán en el último grupo. Aquí se establece que a las firmas que requieran más de un 2% de sus Activos Ponderados por Riesgo (APR's) se le inyectarán COCOs (Bonos Convertibles Contingentes) a través del FROB para conseguir los estándares de capital a 31/12/12. Los tendrán que devolver a 30/6/13, y si no pueden, se convertirán en acciones; en capital. Las entidades que requieran menos de un 2% de sus APR's tendrán hasta el 30/6/12 para llevar cabo sus planes de recapitalización. Por su lado, los bancos que cuenten con ayudas a 30/6/12 tendrán que poner en marcha un planteamiento de 'banco malo', a no ser que demuestren que necesitan menos de un 2% de sus APR's.

También es digna de mención la obligación de limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de todas las entidades que reciban ayudas.

El Gobierno español deberá enviar los planes a la Comisión Europea, que los analizará según las normas comunitarias sobre ayudas de Estado, y serán luego transmitidas al Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Impulso al Banco de España

Uno de los apartados que más ha llamado la atención es que se exigirá más independencia al Banco de España, al que cederá competencias el ministerio de Economía y Competitividad. El organismo deberá realizar un proceso de revisión interna, para identificar las deficiencias más graves. Obligará, asimismo, a la creación de una entidad fiscal independiente, y a una reforma de las cajas de ahorros, para que deshagan rápidamente de sus posiciones de control en otros bancos, imponiendo incompatibilidades en los consejos de administración de los mismos.

Serán requisitos de ajuste fiscal y reformas económicas que la UE ya ha impuesto a España, que "se controlarán de cerca y de forma regular en paralelo" al rescate bancario.

Entre las condiciones, está también la reforma fiscal para que apoye el crecimiento, la supresión de la deducción por vivienda; la aplicación de la reforma laboral, mejorar las políticas activas de empleo, liberalizar los servicios profesionales y las barreras para la apertura de comercios; completar las interconexiones energéticas y resolver el problema del déficit de tarifa. Unas condiciones claramente dignas de un 'rescate país'.  

Subordinado a la macro

El Eurogrupo recuerda a España en el Memorando que existe "una estrecha relación" entre los desequilibrios, las finanzas públicas y la solidez del sector financiero y por eso vigilará "regularmente y de cerca" el progreso que haga el Gobierno a la hora de cumplir sus compromisos macroeconómicos. Es decir, los socios europeos dejan claro que, pese a que el rescate es bancario, supedita claramente los compromisos a que el Gobierno haga, a su vez, los deberes al gusto de los estados europeos. 

¿Son unas condiciones leoninas? José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, destaca que “no ha habido excesivas sorpresas, pero hay una clara condicionalidad macro, que hace inevitable que se asocie el rescate bancario al soberano”. Algo que, evidentemente, “no ayuda a atraer a inversores”.

Sin embargo, valora que “ha sido más suave que el impuesto a Irlanda y Portugal, ya que en estos casos venían detalladas las exigencias presupuestarias partida por partida, con objetivos concretos, cosa que con nosotros no ha ocurrido”.

Para José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE, son “razonables, pues no olvidemos que se trata de condiciones de gente que nos prestará entre 60.000 y 100.000 millones de euros”. Así pues, “toca aceptar, pero incluso han tenido detalles de cierta elegancia, como el defender la independencia del Banco de España, cuando podrían haber impuesto una subordinación mayor al BCE”.

Entre las líneas maestras del Memorando, el profesor Pin destaca que “intentará ir contra los antiguos gestores que colocaron preferentes, aunque esa es una cuestión complicada, porque no es fácil demostrar que hubo mala fe y menos aun que, si hay responsables, estos respondan con su patrimonio”. Sobre el tipo a aplicar, cree que será adecuado, en el entorno del 4%, ya que “se trata de que se pueda devolver y además genere la confianza para que las entidades puedan volver al mercado”. El experto del IESE coincidía con el de Intermoney al señalar que las condiciones son menos agresiva que las de Italia y Portuga. 

Las dos grandes dudas

Quedan dos grandes cuestiones por resolver, que son la carencia de la ayuda y el tipo de interés. Luis de Guindos dijo informalmente que el periodo de rembolso podría aplazarse hasta 10 años que el tipo sería del 3% o incluso menor. Declaraciones que parecen algo eufóricas. Díez indicaba que si fueran ciertos estos 10 años, serían unas condiciones extraordinarias, que facilitarían, además, el pago por adelantado “para retirar condicionalidad”. Pero todavía no se sabe nada concreto a este respecto. 

Tampoco cree que vaya a ser un interés tan bajo, ya que “el EFSF está emitiendo algo por encima del 3%”. Pero el 4% que dejó caer Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, le parece aceptable.

Desde una entidad financiera española señalan que “muchas de esta medidas ya se descontaban. Se trata de imposiciones rígidas y en teoría suficientes, pero habrá que ver la credibilidad y confianza que otorgan los mercados. Lo que está claro es que provocará la reducción del número de entidades en el sistema financiero español, pues podría suponer una vía para la desaparición ordenada de las entidades más débiles y, por supuesto, no viables.”

Como dice José Carlos Díez, “si el documento es bueno o malo lo veremos enseguida: en la siguiente subasta del Tesoro del día 17, que es cuando los inversores ofrecerán una respuesta soberana”. La apertura hoy de los mercados tampoco será una mala piedra de toque.