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Las empresas que pacten con el 60% de sus acreedores podrán posponer el pago de sus deudas entre 3 y 5 años

El Gobierno aprueba una reforma de la ley concursal para evitar que, como ocurre en la actualidad, 9 de cada 10 empresas que se acojan al concurso acaben siendo liquidadas. En el nuevo texto, permitirá quitas y posponer el pago de cobros hasta 10 años. Las quitas no afectarán a las deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EFE

El Gobierno busca limitar los procesos y los juzgados y facilitar los acuerdos extra judiciales en la nueva ley concursal que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Para ello, intenta agilizar los procedimientos de negociación entre empresas y acreedores sin tener que llegar a los concursos de acreedores permitiendo que las compañías podrán diferir el pago de sus deudas entre 3 y 5 años siempre que pacten con el 60% de sus acreedores. Si ese acuerdo se logra con esa mayoría de acreedores, los demás tendrán que esperar también ese plazo para cobrar.

Si el acuerdo se logra con hasta el 75% de los acreedores, la empresa y los acreedores podrán pactar quitas a las deudas y el plazo de dilación de cobro se puede extender hasta entre 5 y 10 años.

Hacienda y la Seguridad Social no pospondrán sus cobros ni sufrirán quitas

La nueva norma elimina la necesidad de un experto independiente para evaluar los acuerdos entre el acreedor y deudor. El Gobierno cree que la necesidad de ese informe de expertos indpeendientes imponía un gasto innecesario para pagar a alguien que fuentes de Economía describen como "no conocedor de la situación".

Hacienda y Seguridad Social no sufrirán quitas

El nuevo texto no extiende esos acuerdos extra-judiciales a Hacienda y la Seguridad Social. El Ejecutivo justifica que no queden sujetos ni a las quitas ni a las dilaciones en el cobro porque --según fuentes de Economía-- esas deudas con el erario público son considerados como un "crédito de todos a las empresas en concurso". Así pues, Hacienda y la Seguridad Social seguirán cobrando las deudas que las empresas tengan pendientes.

La nueva norma establece una presunción de culpabilidad para quien se oponga al acuerdo de recapitalización "si no es razonable". Así pues, las empresas que intenten renegociar sus deudas y sean obstaculizados por algún acreedor tendrán el derecho a su favor, es decir, podrán denunciar esa "obstaculización" si así se fija por una informe de experto independientes o si se ha ofrecido un pacto de recompra de los pasivos.

El impacto para la banca y los particulares

El Decreto Ley facilitar también el cobro de deudas por parte de los bancos. De hecho, el texto encarga al Banco de España que en el plazo de un mes fije si una deuda financiera es sostenible o no y, por tanto, debiera atribuírsele una calificación de deuda normal (no subestándar) y, por tanto, no obligaría a provisionar.

Sin embargo, la norma no se aplicará a los particulares. La ley es para "personas jurídicas" y no para personas físicas porque implica "cierta complejidad", asegura el Gobierno que afirma que, sin embargo, algunos empresarios con responsabilidad limitada podrán beneficiarse de forma indirecta de esta norma.


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