Economía

El Gobierno pone coto a las prácticas de los fondos buitre en las empresas con problemas

El nuevo decreto sobre refinanciación de la deuda empresarial acaba con la posición de poder que tenían, hasta el momento, los fondos oportunistas en los procesos concursales de sociedades en dificultades económicas.

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad.
Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad. EFE

El Gobierno no sólo pretende que menos empresas en problemas entren en concursos de acreedores, con el nuevo real decreto sobre refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, sino que ha creado un nuevo terreno de juego que pone coto a las prácticas de los conocidos como fondos buitre en las sociedades en dificultades. Según Economía, las nuevas mayorías que se piden para llegar a acuerdos eliminan la posibilidad de que este tipo de fondos bloqueen procesos de renegociación de la deuda.

"Esta reforma va encaminada a aquel (principalmente los fondos oportunistas) que quiera sacar un beneficio de un chantaje derivado de un derecho de voto. La nueva normativa evita esos comportamientos oportunistas", sostienen fuentes del ministerio dirigido por Luis de Guindos. Esta situación está apareciendo en un amplio volumen de sociedades empresas en dificultades. Así, algunas empresas han descubierto que parte de su deuda había sido revendida por el banco a un fondo buitre. Estos fondos se hacían fuertes como acreedores y se negaban a renegociar en el proceso de preconcurso para forzar que se liquidara la empresa y se liquidaran las deudas.

La explicación se debe a que estos fondos habían adquirido estos paquetes de deuda con una importante rebaja y a poco que consiguieran recuperar con la ejecución de la entidad ya eran ganancias. Además, con su enconada oposición a la negociación también terminaban haciendo negocio vendiendo sus derechos de voto o la deuda al resto de acreedores para desbloquear el proceso. Los fondos ahora no podían negociar directamente la deuda por no ser entidades de crédito, pero ahora se amplía esta posibilidad a cualquier acreedor financiero. En definitiva, la ley les permitía tener un papel protagonista en estos procesos de insolvencia que les reportaban importantes beneficios con el único objetivo, además, de cerrar la empresa, y no de reflotarla.

Para los bancos también se modifican las normas contables ya que podrán convertir parte de su deuda (la que no es sostenible para la empresa) en capital. Así, frente a lo que ocurría hasta ahora, se evita que las reestructuraciones de deuda empresarial perjudiquen a los bancos. De hecho, cuando cambien en una empresa deuda por capital y se entienda que la sociedad tiene futuro, podrán liberar las provisiones asignadas a esos créditos. A cambio, como las entidades pasarán de ser acreedores a accionistas, su capital se verá penalizado en mayor o menor medida. El Gobierno espera que el Banco de España elabore “en un plazo breve de tiempo” las normas para los cambios en las provisiones bancarias. De todas formas, fuentes de Economía afirman que “las reglas que, por delegación del Ministerio de Economía, establezca el supervisor tienen que ser un incentivo para que los bancos asuman más quitas y refinanciaciones”. En cuanto al consumo de capital que supondrá la conversión, los criterios no dependerán del Banco de España, si no de la normativa internacional de Basilea.

Lo que no cambia es el papel de Hacienda y la Seguridad Social en el proceso, que seguirán siendo los primeros en cobrar y no tendrán nuevos facultades para renegociar la deuda.


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