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Economía

Las nuevas pensiones podrán bajar un 5% en 2020 al revisarlas según la esperanza de vida

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con el comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad.

La comisión de expertos ya tiene prácticamente perfilada la reforma de las pensiones. Según sus recomendaciones referidas a Vozpópuli, la cuantía inicial de las nuevas prestaciones se revisará en función de la esperanza de vida, y ello podría traducirse en un recorte del entorno del 5 por ciento si se comienza a aplicar en 2020 tal y como prevén el grupo de sabios y el Gobierno.

De acuerdo con las estadísticas del INE, la esperanza de vida aumenta al ritmo de un año cada ocho años. O dicho de otro forma, se ganan unos 50 días más de vida por cada pensionista que entra al año. Semejante patrón demográfico resulta insostenible, de modo que hay que incluirlo en el cálculo de la primera prestación. Al hacerlo, se recortará la cantidad percibida por jubilarse en un 5 por ciento en 2020, en un 10 por ciento en 2030, y así progresivamente hasta el 18 por ciento.

Conforme se viva más tiempo, este esquema conllevará mayores reducciones. Aunque según las sugerencias de los expertos, el ciudadano siempre podrá compensar la pérdida continuando en el trabajo.

Para calcular la prestación inicial, simplemente se dividirá la esperanza de vida del año de referencia, que podría ser 2019, por la esperanza de vida del año en que se empiece a cobrar la pensión. Y ese resultado, que arrojaría una cifra menor que uno, se multiplica por la cuantía inicial reduciéndola. Dicha fórmula se bautiza como el factor de solidaridad intergeneracional.

No se revalorizará la pensión con el IPC

La otra pata de la reforma articulada por los 12 sabios consiste en cambiar la manera en que se revalorizan cada año las pensiones ya existentes. Éstas no se actualizarán con la inflación y, en su lugar, se vincularán a una fórmula que tenga en cuenta la relación de ingresos y gastos de la Seguridad Social.

A grandes rasgos, todos los años se multiplicará la paga por una ponderación de la caída o subida de los ingresos y gastos registrados durante un periodo de once años: los cinco anteriores, el ejercicio en curso y las previsiones de los cinco próximos años.

O sea, se tiene en cuenta la marcha de las finanzas de la Seguridad Social en esos once años para determinar si se revaloriza la pensión al alza o a la baja. Si ese año toca subir la prestación, entonces no habrá techo, ni siquiera la inflación tal y como se había planteado.

Y si sale que hay que bajarla, los expertos han recomendado que al menos en los primeros años ésta sólo se congele. Esto es, los sabios han incluido para los comienzos una cláusula que garantiza que la cuantía de una pensión nunca sea inferior a la del año precedente.

Un pacto imposible mientras Bruselas aprieta

La mayor parte de los expertos ha apurado esta semana para intentar convencer a Miguel Ángel García, el experto de Comisiones Obreras, de que firme la propuesta. Y éste ha pedido que se contemple la posibilidad de engordar los ingresos vía impuestos y que la fórmula de la esperanza de vida no entre en vigor antes de 2019. Pese a que las posturas se han acercado mucho en las últimas horas, varias fuentes conocedoras de las negociaciones consideran que los dirigentes del sindicato no permitirán el acuerdo.

A su vez, los dos representantes del PSOE, Santos Ruesga y Tortuero, emitirán votos particulares de rechazo. Criticarán que se penalice a los trabajadores por dos veces con el factor demográfico: una cuando tengan la prestación inicial recortada según la esperanza de vida y otra cuando tengan que jubilarse más tarde, a los 67 años.

Según diversas fuentes, con nueve millones de votos en juego, el Gobierno quiere que los efectos de la reforma no se noten hasta que hayan pasado las elecciones generales de noviembre de 2015. Incluso si se emplea el nuevo sistema de revalorización ya en 2014, la inflación se sitúa bastante baja y por lo tanto esta fórmula podría arrojar una actualización no muy distinta del IPC. Respecto a la fórmula de la esperanza de vida, el Ejecutivo pretende que entre en vigor en 2020, año en el que las prestaciones iniciales se recortarían en torno al 5 por ciento.

Sin embargo, Bruselas aprieta con el calendario. Y el resto de partidos difícilmente va a apoyar al PP en esto. Así que los populares pueden terminar a solas y forzados por la UE a adelantar y endurecer estas medidas. Consciente de que eso supondría su certificado de defunción en las urnas, el Gabinete de Rajoy pelea como un jabato para postergarlas.

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