Unas 300 organizaciones de artistas, autores, editores y productores, encabezadas por entidades de gestión españolas, han rechazado el actual modelo del pago del canon digital en España con cargo a los Presupuestos del Estado y han pedido que sea asumido por la industria tecnológica.
Cuando se cumple el 25 aniversario de la Ley de Propiedad Intelectual, las entidades españolas de gestión de derechos AGEDI, AIE, AISGE, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP han hecho público este manifiesto, que ha sido respaldado por 300 organizaciones de todo el mundo, en el que reclaman que el pago de la copia privada no sea asumido por todos los ciudadanos indiscriminadamente.
Por ello, han rechazado el modelo aprobado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre y han pedido que "sea la industria tecnológica, verdadera beneficiaria de la existencia de la copia privada, quien la afronte, como venía sucediendo hasta ahora". El manifiesto recuerda que el Gobierno español, después de casi un año, "no ha establecido el modelo prometido y únicamente ha conseguido efectos contrarios a los que supuestamente perseguía".
Así, añade, el Ejecutivo "condona 115 millones de euros anuales a las multinacionales del sector tecnológico, principalmente extranjeras, pero no reduce el déficit público, y no beneficia a los consumidores de aparatos o soportes sujetos al pago de la compensación, pues estos no han bajado de precio.
Además, señala, el modelo "perjudica a todos los ciudadanos, quienes tendrán que pagar la compensación, y a los miles de creadores que se han visto privados de sus legítimos derechos, que sí son reconocidos en el resto de países europeos". Por ello, los firmantes han pedido a la Secretaría de Estado de Cultura que vele "por la cultura y no por los beneficios económicos de las empresas tecnológicas".
Las entidades de gestión, que representan a más de un millón de creadores nacionales y extranjeros, reivindican el valor de la cultura como industria nacional, generadora de empleo y avance económico; "sin creadores no hay creatividad y sin creatividad no hay progreso ni desarrollo económico o humano", destaca el manifiesto.
A su juicio, el Decreto-Ley de 30 de diciembre de 2011 ha contribuido, en un momento de crisis generalizada, al "empobrecimiento" del sector cultural, ya que ha planteado un modelo único y excepcional en Europa, de imposible implementación y con "efectos perversos".
