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Hacienda detallará en días el impuesto de circulación 'el que contamina paga más'

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Gobierno desvelará los detalles del nuevo impuesto de circulación el próximo 26 de abril, que a partir de 2014 seguirá criterios medioambientales en vez de estar vinculado a los caballos fiscales, tal y como ha adelantado este martes el secretario de estado de Hacienda, Miguel Ferre, que ha explicado que este impuesto se incluirá en el plan nacional de reformas.

La idea del Gobierno es que los coches que más contaminan paguen más, en línea con la tendencia actual de otros países europeos, como Francia o Italia. "Es el único impuesto que tiene que ver con los coches que no está vinculado a las emisiones de CO2. Es lógico adaptarlo", dice Ferrer.

Más allá de esta lógica, la principal incertidumbre que pesa en el sector es qué formula seguirá el Gobierno para calcular este sobrecoste: cuánto de más tendrán que pagar los coches menos eficientes (¿donde estará el corte?) y qué consecuencias traerá este tipo de decisiones para los consumidores. "El Gobierno está contemplando varios escenarios. No lo tienen decidido aún. Lo ideal sería que combinara criterios de emisiones de CO2 y de la normativa Euro", dicen fuentes oficiales de Anfac, el lobby de los fabricantes de coches, consultadas por este periódico. "No se tendrán en cuenta argumentos de carácter social", añade Ferrer.

El nuevo impuesto de circulación actuará de balón de oxígeno para los ayuntamientos y fabricantes de coches

Sea una fórmula u otra, para algunas fuentes consultadas, este gravamen persigue de fondo impulsar dos cosas: aumentar la recaudación de los municipios en crisis y vender más coches, cuyas ventas están en niveles de los años 80. 

Partiendo de la base de que el parque automovilístico es viejo, como continuamente denuncian todas las patronales del sector, es de suponer que un impuesto de circulación vinculado a las emisiones de C02 a quien más beneficia es al recaudador, en este caso a los ayuntamientos. Al menos, beneficia más que a los consumidores, en términos generales.

La reforma de este gravamen, que corre a cargo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda consensuada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),  dejará margen de maniobra a los ayuntamiento para elegir el tipo a aplicar, de forma que en los municipios con mayores índices de contaminación se pueda desincentivar el uso del coche. En este sentido, este nuevo impuesto, que ya es importante de por sí, actuaría de palanca para muchos ayuntamientos, teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan desde el desplome del ladrillo. En 2011, por ejemplo, este impuesto aportó a las arcas municipales 2.807 millones de euros, un 0,3% más, según los últimos datos disponibles. 

¿Aumentará la venta de coches nuevos?

Por otro lado, este nuevo impuesto traería otra consecuencia: aumentar las ventas de coches nuevos por la pseudo obligación de cambiar el coche viejo ante la mayor presión fiscal. Para muchos consumidores será una consecuencia directa, de la que se beneficiarán las marcas de coches.

Pero esa es la teoría. En la actual crisis económica -con un desempleo de casi el 30%- no todos los consumidores están cambiando sus coches viejos ni siquiera con la ayuda pública del PIVE (los 1.000 euros que da el Gobierno y los 1.000 euros que da el concesionario), tal y como pone de manifiesto las cifras de ventas de coches que mes a mes se siguen desplomando en nuestro país. Un dato: en los seis meses del PIVE, el Gobierno se ha gastado 75 millones y se han vendido 20.000 coches menos. En esta línea, otra derivada de esta mayor presión fiscal es que estos coches viejos perderán valor en el mercado de segunda mano.

La patronal de los fabricantes Anfac ha impulsado esta medida en su reciente plan Tres Millones, su principal herramienta de lobby con la administración en su ojetivo de incremantar la producción y las ventas de coches en España. La propuesta de Anfac sobre el nuevo impuesto incluye mantener los niveles de ingresos recaudatorios. Esta es su propuesta: 

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