Okupas en Madrid: de las mafias a la policía 24 horas

Madrid tiene un problema serio con las okupaciones de viviendas. Se calcula que actualmente hay entre 4.000 y 5.000 pisos okupados en la capital. Los vecinos llevan tiempo viviendo atemorizados ante las prácticas de cinco mafias que comercian con los pisos vacíos en cuatro focos principales de la ciudad: Villaverde, Carabanchel, Puente de Vallecas y Ensanche de Vallecas. 

La situación ha llegado a tal extremo que las administraciones públicas han tomado cartas en el asunto para intentar solventarlo, tras años de denuncias vecinales sobre los problemas convivencia e inseguridad que ocasionan. El Ayuntamiento que lidera Manuela Carmena se ha puesto manos a la obra para elaborar un censo que determine qué viviendas están okupadas por familias sin recursos y cuáles han sido invadidas por las organizaciones mafiosas que posteriormente cobran de manera ilegal un alquiler de entre 200 y 300 euros a las familias necesitadas de un techo.

El objetivo de estas medidas es agilizar los trámites para celebrar un juicio rápido cuando se detecta la okupación de una vivienda y conseguir el desalojo 

Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha puesto en marcha una unidad policial especializada para luchar contra las okupaciones de pisos vacíos, al frente de cual está el inspector de la Policía Nacional Sergio Gámez Hortal. También se ha habilitado un número de teléfono gratuito 24 horas (900 100 301) y un correo electrónico ([email protected]) para que los ciudadanos que tengan conocimiento de una okupación puedan denunciarla -incluso anónimamente-. El teléfono, según señalaba este jueves el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández, se ha colapsado en sus tres primeros días de funcionamiento. El objetivo de todas estas medidas es agilizar los trámites para celebrar un juicio rápido desde que se detecta la okupación de una vivienda y conseguir así el desalojo de los inquilinos.  

División en Ahora Madrid por la EMVS

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid está intentando aprobar un nuevo reglamento para la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Este introduce cambios en las condiciones de acceso a viviendas sociales por parte de los okupas. El actual reglamento, aprobado en 2012 por Ana Botella (PP), impide optar al alquiler de una vivienda social a aquellos que hayan ocupado ilegalmente una casa de titularidad pública en los últimos diez años. Sin embargo, la nueva normativa elaborada por Ahora Madrid pone como límite que el peticionario no esté okupando una vivienda a la hora de presentar la solicitud. 

Por el momento Carmena no ha logrado sacar adelante la modificación del reglamento, pues se ha encontrado con la abstención del PSOE en la votación de la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y con la negativa de Ganemos, una de las formaciones de su confluencia. La nueva normativa iba a ser votada en el Pleno de la próxima semana, aunque este mismo jueves la portavoz del Consistorio, Rita Maestre, anunciaba que lo retrasará un mes más a petición de esta formación. Ganemos quiere ir más allá y eliminar el requisito de no estar okupando una vivienda en el momento de presentar la solicitud.  

Refuerzo policial en 'el Bronx de Vallecas'

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Javier Barbero, anunciaba esta semana un incremento de las patrullas policiales en el Ensanche de Vallecas. La portavoz del área de Ciudadanos, Ana María Domínguez denunciaba que en el bloque de viviendas públicas ubicadas entre el cruce de la Gran Vía del Este y la calle Eduardo Chillida, hay "tráfico de drogas, roban coches, hacen fiestas con música hasta las tres de la madrugada, barbacoas en el patio, peleas de gallos y perros y un centenar de viviendas okupadas por mafias".

"El que haya más seguridad es esencial para que los vecinos estén más tranquilos, pero no es suficiente", explica a Vozpópuli el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos. Reclama una solución integral por parte de las administraciones públicas y apunta que "el problema no se está solucionando, sino trasladando". Reconoce que "en uno de los edificios del ensanche de Vallecas [los okupas] se han empezado a ir, porque han llegado ordenes de lanzamiento, y porque a otros la empresa propietaria les está ofreciendo hasta 2.000 euros por irse". Pero señala que estas personas se trasladan a otros edificios en las mismas condiciones.

Villalobos: "una vez identificadas las okupaciones, las administraciones no deben tratar de igual manera a una familia con necesidad que una casa ocupada por las mafias"

Reclama soluciones habitacionales para los inquilinos, pero pide que "no haya realojos siempre en los mismos sitios, pues uno de los principales problemas es que siempre hay concentración de familias con los mismos orígenes y problemáticas". Villalobos ve con buenos ojos el teléfono y el correo de denuncias habilitado por la Policía Nacional, aunque advierte de que tiene un punto desfavorable: "que todas las ocupaciones serán tratadas de la misma manera". Por ello pide que "una vez que las administraciones las identifiquen, tienen que abordarlas con la sensibilidad oportuna, para no tratar de igual manera a una familia con necesidad que a una casa ocupada por las mafias. No pueden seguir ignorando el art. 47 de la Constitución que garantiza el derecho una vivienda digna", remarca.

La portavoz del PP en el Consistorio, Esperanza Aguirre, visitaba este miércoles Carabanchel, otro de los barrios en los que se da esta problemática. En concreto, en el número 10 de la calle Juanita; un inmueble que sufrió un incendio en su planta baja hace dos semanas y en el que viven actualmente nueve okupas. Los vecinos del entorno les acusan de generar graves problemas de convivencia y seguridad y el grupo Popular de la capital ya ha anunciado que pedirá en el próximo Pleno la creación de una unidad específica de Policía Municipal para prevenir las okupaciones. 

De momento, Javier Barbero explica que para mejorar la coordinación con la Delegación del Gobierno, su equipo nombrará a interlocutores de la Policía Municipal y posiblemente del Samur Social. Así lo anunciaba en una entrevista con Efe este mismo sábado donde aprovechaba para criticar a la anterior alcaldesa por haber vendido "o cuasi regalado" pisos sociales "a los fondos buitre". "Lo que pasa es que lo de los fondos buitre posiblemente es legal y lo de las ocupaciones mafiosas es ilegal, aunque en último término (ambos extremos) suponen romper el esquema del derecho que tiene uno a la vivienda", concluía el concejal.