Sociedad

El juez al que Gallardón denegó el indulto: “Esto no es un Estado de Derecho. Hasta pensé en marcharme de España”

Fernando Ferrín Calamita, el juez que fue condenado a diez años de inhabilitación por prevaricación, deberá cumplir íntegramente la pena al no haber sido tenida en cuenta su petición de indulto. El extitular del Juzgado de Familia de Murcia cuenta cómo vivió el proceso en el que dejó de creer en la Justicia.

El juez al que Gallardón denegó el indulto: “Esto no es un Estado de Derecho. Hasta pensé en marcharme de España”
El juez al que Gallardón denegó el indulto: “Esto no es un Estado de Derecho. Hasta pensé en marcharme de España”

El Gobierno denegó esta semana el indulto al juez Fernando Ferrín Calamita, condenado a diez años de inhabilitación por prevaricación en 2009. Pero para el extitular del Juzgado de Familia número 9 de Murcia, la negativa del Ministerio de Justicia no ha sido ninguna sorpresa.  Vozpópuli se ha puesto en contacto con Ferrín Calamita y así lo ha confirmado: “Ya me lo esperaba, lo que me sorprendería es que me lo hubieran concedido. Yo estaba condenado de antemano”, asegura. El polémico juez, señalado por parte del entorno judicial por aplicar la ley supuestamente movido por sus profundas creencias religiosas, ha mostrado a este diario su total desencanto con una “Justicia politizada” y su oposición a la aplicación arbitraria de la gracia del indulto, recogida en una “ley preconstitucional” (Ley de 1870). Además, ha cargado contra la falta de independencia del poder Judicial y la inexistencia de la división de poderes al explicar su caso: “Hasta pensé en marcharme de España. Esto no es un Estado de Derecho”.

Alberto Ruiz-Gallardón, como titular del Ministerio de Justicia, no ha llevado su petición de indulto al Consejo de Ministros. Ferrín Calamita, que recibió una comunicación en la que se le informaba de que su solicitud se había resuelto de forma desfavorable, dice haberse enterado por los medios de comunicación de que los informes del tribunal sentenciador y de la fiscalía (ambos informes no vinculantes) incluidos en su expediente eran negativos. “La solicitud de indulto se presentó en julio del año pasado y hasta ahora no he tenido ninguna noticia. Me he enterado por la prensa”, dice. 

Hasta ese momento había 5.260 peticiones sobre la mesa del ministerio esperando la medida de gracia y desde entonces, Ferrín asegura que ha seguido la sección de indultos del BOE de forma concienzuda.  Según él, estamos asistiendo a indultos de asesinos, corruptos, responsables de torturas, etc. Y pone especial atención en el caso de los acusados por tráfico de drogas. “Por sistema se indulta a los traficantes y bajan la pena a dos años para que no ingresen en prisión” (en el caso de no tener antecedentes penales). Como tantos otros profesionales del ámbito de la Justicia, Ferrín no entiende cómo la decisión de la concesión de la gracia del indulto no corresponde al presidente del Tribunal Supremo y por contra continúa en manos de un miembro del Gobierno. ¿Qué criterios se siguen para conceder un indulto?, se pregunta Ferrín. “Es pura arbitrariedad y yo no tengo padrinos, nadie me ha apoyado salvo el grupo de 40 abogados”, puntualiza, refiriéndose a los letrados que impulsaron la petición y a la cual Ferrín se adhirió con posterioridad. La Plataforma Pro Juez Ferrín Calamita, además, puso a disposición de los ciudadanos una cuenta bancaria para ayudar económicamente a la familia del juez tras conocerse la sentencia que le apartaría de su profesión durante una década.

 El Supremo elevó la pena de inhabilitación a diez años al entender que su actuación en el caso de una adopción impidió la aplicación de la ley

El vía crucis personal del juez Ferrín comenzó en 2006, cuando tuvo lugar el proceso iniciado por una pareja de mujeres, por la que una de ellas solicitó la adopción de la hija de su compañera para ser reconocida también como madre. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia le condenó a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación y al pago de 6.000 euros a las querellantes en concepto de indemnización por un delito de retardo malicioso en la tramitación del expediente. Sin embargo, la Fiscalía y la acusación interpusieron un recurso contra la sentencia y el caso llegó al Supremo. Fue el fallo del alto tribunal el que prácticamente acabó con la carrera del juez Ferrín, al anular la decisión del TSJM y elevar la condena de dos a diez años de inhabilitación. Según éste, el comportamiento del juez constituyó “injustas resoluciones retardatorias” y además “un despliegue de activa obstrucción beligerante para impedir la efectiva aplicación de la voluntad legislativa, muy significativa cuando se trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por razón de la orientación sexual de la promovente”.

¿Influyen las creencias religiosas en la actuación de un juez?

El exjuez ha contado a este diario cómo vivió el juicio oficial y el paralelo a los que fue sometido durante el proceso y la resolución de su caso. “Yo hubiera renunciado a la carrera judicial al día siguiente de la sentencia, pero tengo mujer y siete hijos que dependen de mis ingresos”, confiesa. Pero los pensamientos del juez juzgado tras la experiencia fueron más allá: “Hasta pensé en marcharme de España. Esto no es un Estado de Derecho. Creí que los jueces éramos independientes y comprobé que no”. Ferrín no tiene ningún problema en contar públicamente lo que vivió durante aquellos años y denunciar “un proceso plagado de irregularidades” porque no es la primera vez que lo hace. Ya interpuso varias querellas -todas archivadas- e incluso escribió un libro en el que contaba cómo se le impugnó como juez y se le acusó de no ser capaz de resolver el caso de adopción con objetividad por su condición de católico. 

“Recibía llamadas diciéndome que me fuera de Murcia y que un católico no podía estar en un Juzgado de Familia”. Ferrín habla incluso de intento de chantaje cuando recuerda cómo el abogado de la acusación particular, José Luis Mazón, le propuso retirar la querella con la condición de que abandonara Murcia y le pagara 10.000 euros. “Me citó y mandó a dos intermediarios para decirme que si aceptaba archivarían la causa”. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número Siete de Murcia archivó la denuncia contra Mazón al rechazar que la actuación del letrado “pueda ser constitutiva de los delitos de coacciones, extorsión u obstrucción a la Administración de Justicia”. Mientras para sus detractores es el juez que intentó frenar la adopción por parte de una pareja de lesbianas, para los que defienden su honorabilidad, es quien veló por la protección del menor y solicitó los informes pertinentes.

El juez fue cuestionado por sus actuaciones y sus métodos

Y es que no son pocos los profesionales y los ciudadanos que han cuestionado los métodos de trabajo de Ferrín tras conocerle. La polémica en torno a varios casos en los que actuó y cerca de la veintena de quejas que recibió la Unidad de atención al Ciudadano del Poder Judicial, hacen de Ferrín un juez controvertido. Letrados y particulares consideran que, en numerosas ocasiones, el juez sobrepasaba los límites de su labor “conciliadora” en el matrimonio (base de las alegaciones que el juez utilizó ante las quejas) llegando a presionar para que las parejas no llegaran a juicio y generalmente aplicaba la ley de forma parcial en base a su idea de ‘familia normal’.

Pero Ferrín sostiene que ha sido discriminado y su derecho de ser respetado independientemente de sus creencias se ha visto vulnerado. Además, habla de su experiencia y de su percepción del sistema judicial con cierto desengaño  y manifiesta resignación. “El mío era un caso político. Estaba condenado de antemano y así me lo llegó a asegurar un alto mando de la Audiencia Nacional”. El que fuera juez de familia cuenta que durante el proceso de solicitud de adopción nombró a dos peritos, lo que dilató su resolución siete meses, pero que en ningún caso denegó dicha adopción. “Si eso es prevaricar, yo prevariqué, y si eso es retardo, entonces habría que procesar al 99% de los jueces”, sentencia.

El 'juez juzgado' denuncia la putrefacción de los poderes públicos, la politización de la Justicia y el sometimiento de ésta al poder ejecutivo

La sensación de putrefacción de los poderes públicos le hace arremeter duramente contra la situación actual, en la que, según explica, se ha dinamitado la división de poderes. “La Justicia está sometida al poder ejecutivo y más ahora con la nueva Ley Orgánica, que convierte al poder Judicial en un mero apéndice del Ministerio de Justcia”. El exjuez es tajante al afirmar que la Justicia no es independiente desde 1985, cuando se politizó. “Ahora estamos ante un intercambio de cromos entre PP-PSOE”.

“No creo en la Justicia”. Quien pronuncia estas palabras no ha abandonado el ámbito legal porque Ferrín montó su propio despacho, donde ejerce la abogacía. “Sigo en activo como abogado asesorando a un despacho de Madrid porque no sé hacer otra cosa”, explica. Pero en febrero de 2018, momento en el que concluya su periodo de inhabilitación, tendrá la posibilidad de retomar su carrera como juez. “Tendré 61 años y si no me queda otro remedio me incorporé, pero si puedo evitarlo lo haré”.


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