Sociedad

Rebajas de penas y absoluciones para los empresarios del "caso Malaya"

Los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones, han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones cada uno de ellos.

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz (2d), el exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca (d), y el constructor granadino José Ávila Roja
El exalcalde de Marbella Julián Muñoz (2d), el exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca (d), y el constructor granadino José Ávila Roja EFE

Los principales empresarios procesados en el caso "Malaya" contra la corrupción han sido condenados este viernes a penas que suponen importantes rebajas respecto a la petición fiscal y, en algunos casos, han sido absueltos de los delitos que se les imputaban.

Los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros, han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos.

Al promotor granadino José Ávila Rojas, que ya se encuentra en prisión por otra causa judicial, se le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros, condena que dista de los 10 años de cárcel y 55 millones de euros que solicitaba la Fiscalía en sus conclusiones definitivas.

El constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, apodado "Sandokán", ha sido condenado a seis meses de cárcel

Por su parte, el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como "Sandokán", ha sido condenado a seis meses de cárcel, mientras que los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya han sido absueltos de todos los delitos que se les imputaban.

La sentencia también ha supuesto una sustancial rebaja de penas para los directivos de la promotora Aifos Jesús Ruis Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón -que afrontaban peticiones fiscales de 7 años de prisión y multas de 8 millones-, que han sido condenados a 3 años de cárcel y una multa de 2,2 millones cada uno por los delitos de cohecho para acto injusto y fraude.

Además, el Tribunal ha impuesto una pena de ocho meses de prisión al expresidente del Sevilla FC José María González de Caldas por un delito de cohecho, frente a los 2 años solicitados por el ministerio público. 

Que lo decomisado revierta en Marbella

El tribunal que ha juzgado el "caso Malaya" sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella ha expresado su deseo de que parte del dinero y los bienes decomisados durante el proceso reviertan en la localidad malagueña para que pueda pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

En el acto de lectura del fallo, el presidente del tribunal, José Godino, se ha hecho "eco" del "deseo y esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por comiso se recaude en el proceso revierta en beneficio de la localidad". Ha añadido que Marbella, "por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta, ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible".

"Marbella, por el ambiente generalizado de corrupción, ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben resarcirse"

Según el presidente del tribunal, "no es justo que, como consecuencia de los actos y conductas enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social mientras el dinero y los bienes decomisados revierten en otras localidades distintas".

Por ello, el tribunal espera, "respetuosa y humildemente, que los bienes decomisados y el importe de las multas satisfechas sean utilizados para abonar las deudas con las entidades públicas reseñadas, salvo mejor criterio de la superioridad", ha señalado Godino.

De esta forma, el tribunal "recoge una aspiración que ha llegado incluso al Parlamento andaluz", ha afirmado el presidente del tribunal en alusión a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica el 14 de octubre de 2010. 


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