El PP no publicará la carta secreta del BCE al gobierno Zapatero

El Partido Popular pretende mantener bajo llave la carta que el Banco Central Europeo remitió al gobierno Zapatero y en la que exigía reformas al Ejecutivo. Según han confirmado a Vozpópuli fuentes del equipo más cercano a Mariano Rajoy, “sólo se haría pública una carta remitida al nuevo gobierno”, aseguran esas mismas fuentes.

El argumento de quienes ocuparán el gobierno a partir de diciembre es el de que la misiva remitida a Zapatero el pasado mes de agosto “tiene valor histórico a día de hoy”. “Las circunstancias han cambiado desde entonces y no tiene sentido publicar un documento que puede haber quedado desfasado”, asegura el equipo del futuro presidente.

Zapatero negó la carta a los agentes sociales

José Luis Rodríguez Zapatero negó personalmente acceso a la carta a quienes se lo solicitaron. En una reunión a en septiembre con los agentes sociales, el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, pidió una copia del documento para ver qué exigencias planteaba el Banco Central Europeo. Según recuerda el líder de CC.OO. el Presidente simplemente dijo no.

Los representantes de los trabajadores aseguran que no han pedido a Rajoy esa misiva en la ronda de encuentros que mantuvieron con el futuro presidente anteayer.

La carta es, según antiguos responsables del ministerio de Economía, “prácticamente idéntica” a la también remitida al gobierno italiano y que publicó Il Corriere della Sera. En ella, el BCE exigía la reducción del déficit público y la flexibilización del mercado laboral.

El PP reclamó su publicación en la precampaña

El PP reclamó la publicación de esa carta durante la precampaña electoral. Soraya Sáenz de Santamaría aseguró el 24 de agosto en Onda Cero que “los ciudadanos tienen derecho a saber”.

Tras ella, Cristóbal Montoro también defendió la necesidad de su publicación.
Fuentes del Partido Popular aseguran que las circunstancias han cambiado desde esas fechas.

Según los colaboradores de Rajoy, las medidas que han adoptado el gobierno central y los autonómicos para recortar el déficit y el nuevo escenario macroeconómico y político obligan a cambiar esa reclamación.