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Acuerdo en el Gobierno de Andalucía sobre los realojos de la Corrala para evitar la ruptura con IU

El Ejecutivo andaluz ha informado sobre la firma de un decreto de devolución de las competencias a Fomento y Vivienda -que será publicado en el BOJA-, al tiempo que ha remitido un comunicado informando detalladamente sobre el asunto de los realojos.

La presidenta andaluza, Susana Díaz.
La presidenta andaluza, Susana Díaz. EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado un decreto de devolución de competencias sobre adjudicación de viviendas del parque público andaluz a la Consejería de Fomento y Vivienda, una vez "restablecida la normalidad" tras un reajuste sobre el realojo de familias procedentes de la Corrala Utopía, en Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.

Pasadas las 01,00 horas de este sábado, el Gobierno andaluz ha hecho este anuncio, que se produce después de que el PSOE-A haya mantenido una reunión con IULV-CA -cuya dirección colegiada decidió ayer viernes la suspensión "momentánea" del pacto de gobierno-, de la que los socialistas salieron satisfechos por los "avances" que se habían producido.

Unas dos horas después de concluir ese encuentro, el Ejecutivo andaluz ha informado sobre la firma de ese decreto de devolución de las competencias a Fomento y Vivienda --que será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)--, al tiempo que ha remitido un comunicado informando detalladamente sobre el asunto de los realojos.

Como se recordará, ayer viernes ya salió publicado en el BOJA un decreto de la presidenta por el que se retiraban provisionalmente las competencias en materia de adjudicación de viviendas del parque público de la Junta a la Consejería de Fomento y Vivienda, al frente de la cual se encuentra Elena Cortés (IULV-CA), quedando en manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Esto motivó la reunión inmediata de la dirección colegiada de Izquierda Unida, que concluyó que está situación había dado lugar a una "suspensión momentánea del pacto de gobierno".

En cuanto al comunicado que acaba de ser remitido por la Oficina del portavoz del Gobierno andaluz, se expone que ante las discrepancias surgidas en el proceso de realojamiento y la controversia acerca de la idoneidad del mismo, se tomó la determinación de atribuir provisionalmente las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas, que estaban asignadas a la Consejería de Fomento y Vivienda, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Asimismo, se ha efectuado un análisis pormenorizado de las circunstancias acaecidas y del conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde febrero de 2014 hasta la fecha, con el objeto de garantizar el pleno y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, así como la igualdad de oportunidades de todos los demandantes de viviendas protegidas.

En la nota, que tiene un marcado carácter técnico, se añade que una vez examinados los casos de las 22 las familias del primer compromiso entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía de 5 de marzo de 2014 se comprueba que la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla, teniendo conocimiento de extractos de informes sociales en los que se acreditaba la circunstancia de existencia de menores y riesgo de exclusión social, emitió resoluciones para el realojo provisional y transitorio de 17 familias.

Ocho familias permanecerán provisionalmente en los pisos

Según el Gobierno andaluz, revisadas pormenorizadamente las circunstancias particulares de todos y cada uno de ellos, "se ha concluido que ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados de forma transitoria" hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social.

En ese caso, podrán continuar disponiendo de esos alojamientos, mientras que la Consejería de Fomento y Vivienda pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable a las unidades familiares.

En el caso de las otras nueve familias, según la Junta, queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojo. En este sentido, se les pedirá a los servicios sociales comunitarios, también de forma urgente, que actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas.


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