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La Administración General del Estado es titular de cerca de seis mil cuentas corrientes

El Gobierno negociará con dos o tres bancos la unificación de 132 cuentas con las que paga las nóminas a los funcionarios. Además, se incorporarán mecanismos de movilidad de empleados públicos entre las distintas administraciones y se dará una nueva vuelta de tuerca a la disminución del Parque Móvil Ministerial.

La llamada auditoría de las Administraciones Públicas lanza datos sorprendentes, entre ellos, que hay nada más ni nada menos que 132 cuentas corrientes con las que se pagan las nóminas del Estado y que se intentarán unificar en dos o tres grandes entidades bancarias para ahorrar gastos en comisiones o mantenimiento. Ayer mismo, Mariano Rajoy reveló que sólo la Tesorería de la Administración General del Estado tiene 4.800 cuentas a su nombre, pero es que, además, hay más de 1.000 relacionadas con el servicio exterior de España, entre las embajadas y los consulados de las que no se conoce en muchas ocasiones ni los fondos que tienen. Se trata de cerca de 6.000 cuentas corrientes abiertas por la Administración General del Estado, sin contar con las que puedan tener por su lado las administraciones autonómicas.

Todo son grandes magnitudes a la hora de abordar este capítulo. El informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones (CORA) radiografía el entramado público tanto a nivel central como autonómico en un intento por simplificar los mecanismos de funcionamiento y acabar con la duplicidad de competencias, que elevan a más de 5.500 el número de regulaciones que se superponen. Pero Moncloa tan solo puede hacer "recomendaciones" a las comunidades autónomas, algunas de ellas, demasiado celosas de sus cometidos como para aceptar sugerencias del Gobierno. En lo que compete al Ejecutivo, cumplirá todas y cada una de los puntos del informe con un calendario de ejecución, que pretende tener implementado antes que acabe el año tal y como señaló en el último Plan Nacional de Reformas.

El mayor temor lo albergan los funcionarios, porque si bien no se ha adelantado nada sobre en qué medida pueden verse afectados, Moncloa no descarta incorporar nuevos mecanismos de movilidad incluso entre administraciones en función de las necesidades de cada una y de la clarificación competencial. Por ejemplo, la vacunación internacional pasará a ser competencia exclusiva de las Comunidades y no del Ministerio de Sanidad.

Medidas ya anunciadas

El Parque Móvil del Estado es otro de los capítulos en los que se va a dar una nueva vuelta de tuerca. Ya había comenzado la reducción del número de vehículos para pasar de los 930 que había al arranque de legislatura a 630, lo que no es poco, pero que según Moncloa permite un gran ahorro en seguros y reparaciones. También los 1.002 conductores a sueldo del Estado acabarán reducidos a 852. Además, la enorme sede que el Parque Móvil tiene en la madrileña calle de Cea Bermúdez se pondrá a la venta, junto con otros 14.999 inmuebles más del Estado

El problema de la venta de inmuebles es encontrar compradores en medio de la actual crisis

No es la primera vez, sin embargo, que el Gobierno pone sobre la mesa este proyecto.  El pasado mes de abril, el Ministerio de Hacienda anunció un plan de enajenaciones en el que entraba esta sede de Cea Bermúdez de 68.000 metros cuadrados que pasaba por ubicar los vehículos oficiales en una sede a las afueras de Madrid. La idea entonces pasaba por construir un edificio nuevo financiándolo con la venta de parte del espacio sobrante, que quedaría para zonas verdes, plazas de garaje y viviendas. Otra cosa es que encuentren comprador en la actual coyuntura económica.

Rajoy se esforzó mucho ayer por transmitir la idea de que el ahorro de esta reforma no va a venir ni por la supresión de servicios ni por el incremento de los gastos sino por la mejora de la gestión, pero lo cierto es que dentro de las 217 propuestas que se presentan "para hacer las cosas mejor, simplificar trámites y agilizar procesos" se apuesta por la desaparición de determinados organismos que pueden tener repercusión a efectos de pérdida de empleo público. Las Comunidades, explicó Rajoy, pueden prescindir de sus agencias de meteorología, energía o defensa de la competencia, aunque no todas las Comunidades disponen de estos servicios propios contratándolos, por ejemplo con Aemet en lo que afecta a la previsión del tiempo.


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