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Prisión incondicional para Santi Potros: "ETA cuenta aún con activos para procurar su huida"

El exdirigente etarra, que se ha negado a declarar, vuelve a prisión por dos causas que tiene pendientes 46 días después de su puesta en libertad. Por otra parte, los jueces que le excarcelaron han acusado al Gobierno de "perturbar su independencia".

El histórico dirigente etarra Santi Potros tras ser detenido en Lasarte
El histórico dirigente etarra Santi Potros tras ser detenido en Lasarte GTRES

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión al exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, por su implicación en dos atentados de 1986 y 1987 y al apreciar riesgo de fuga, ya que ETA, asegura, tiene medios para "procurar la huida y ocultación de sus miembros".

Andreu ha tomado la decisión tras informar a Santi Potros, que se ha negado a declarar, de las dos causas que tiene pendientes y por las que fue detenido este lunes en Lasarte (Gipuzkoa), 45 días después de ser excarcelado en virtud de la normativa europea que redujo su pena por el tiempo de condena que ya había cumplido en Francia, tal y como recoge la agencia Efe.

Las causas pendientes de Arrospide son el intento de asesinato del que fuera fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986 en Madrid y la muerte de Juan Fructuoso Gómez un año después por la explosión de un coche bomba en Barcelona. En los autos en los dicta su ingreso en la cárcel, el juez considera que hay un elevado riesgo de fuga dada la "gravedad de la pena que podría llegar a imponérsele" en un inminente juicio, lo cual sería "justificación bastante para considerar como absolutamente necesaria la medida de prisión".

El juez destaca que "ETA cuenta aún con medios suficientes para procurar la huida de sus miembros"

Andreu destaca además que "ETA cuenta aún con activos personales y medios suficientes para procurar la huida y ocultación de sus miembros, tal y como se ha constatado en anteriores ocasiones". 

Acusado de ordenar el asesinato de Burón Barba

Uno de los atentados por los que se detuvo a Santi Potros, que ha pasado un total de 28 años en prisión, es el intento de asesinato del que fuera fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, por el que se enfrenta a los delitos de atentado y asesinato frustrado. Andreu acusa a Arrospide de ordenar al comando Madrid asesinar a Burón Barba, ataque que no se produjo porque los terroristas se quedaron dormidos el día en que debían activar la bomba, el 8 de mayo de 1986.

Según el juez, Santi Potros era en ese momento responsable del comando Madrid y le habría encargado "personalmente" la comisión del asesinato, tal y como se desprende de la declaración que prestó ante el juez uno de sus miembros y de la documentación que se le incautó a Arrospide tras su detención en Francia en 1987. Entre la documentación figura una relación de jueces y fiscales entre los que se encontraba señalado con una marca Burón Barba, así como su dirección y una fotografía.

Coche bomba en Barcelona

La segunda causa investigada es el atentado cometido en 1987 por el comando Barcelona de ETA con un coche bomba al paso de un vehículo de la Guardia Civil en la ciudad condal, por el que está procesado por delitos de atentado, asesinato, lesiones, estragos, uso ilegítimo de vehículo y falsificación de matrícula.

Santi Potros, explica el juez, dirigía también este comando y proporcionó a sus miembros las instrucciones y los materiales necesarios para hacer explosionar un coche bomba en la noche del 2 de abril de 1987 al paso de un vehículo de la Guardia Civil ocupado por dos agentes. Como consecuencia de la explosión, murió Juan Fructuoso, que se encontraba en las inmediaciones, y resultaron heridos dos guardias civiles y cuatro personas más.

Los jueces acusan al Gobierno de "perturbar su independencia"

El juez vincula a Santi Potros con este atentado porque cuando fue detenido en Francia se le incautó una lista en la que aparecía el número de matrícula de la placa falsa usada en el coche bomba, así como una indicación de una fecha próxima a su perpetración. En 1993 y 1997 la Audiencia Nacional pidió la extradición de Arrospide a Francia por estas mismas causas aunque las autoridades galas la denegaron, motivo que también destaca el juez a la hora de enviarle a prisión.

Por ello, durante la presencia del dirigente etarra en España para ser juzgado por otros hechos no se le pudo perseguir por esos dos atentados. Ahora la detención ha sido posible porque Santi Potros no ha abandonado España una vez ha quedado en libertad y en virtud del convenio europeo de extradición de 1957, que permite las detenciones una vez transcurridos 45 días desde la excarcelación. Entre sus condenas figura ordenar la masacre en el Hipercor de Barcelona en 1987, en la que murieron 21 personas, y su implicación en el atentado en la plaza de la Republicana Dominicana de Madrid, que costó la vida a 12 guardias civiles un año antes.

Los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que excarcelaron el pasado 4 de diciembre a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros' y Alberto Plazaola han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un escrito en el que acusan a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender "perturbar" su "independencia".

Nuevas críticas de los jueces

Los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que excarcelaron el pasado 4 de diciembre a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros' y Alberto Plazaola han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un escrito en el que acusan a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender "perturbar" su "independencia".

"Sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente es atribuir la comisión de un delito de prevaricación"

En su escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez recuerdan que "un límite a la libertad de expresión es la imputación gratuita de actos delictivos". En este contexto, apuntan que "sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación".


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