Si el Senado no tiene que retocar el proyecto de ley, las elecciones podrían celebrarse el 29 de noviembre

Hacienda prepara unos Presupuestos capaces de sobrevivir a la inestabilidad parlamentaria hasta 2018

Presupuestos a prueba de tormentas políticas. Estas son las cuentas que se ultiman desde el Ministerio de Hacienda, pensadas para una legislatura, la próxima, en la que la inestabilidad parlamentaria será moneda corriente ya que ninguna encuesta prevé que ni el PP ni el PSOE superen los 130 escaños.

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.
Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. EFE

El proyecto de ley de Presupuestos verá la luz en el último Consejo de Ministros de julio y entrará en el Congreso el 4 de agosto para discurrir por un proceso exprés que puede dejar el paso por el Senado en un mero trámite. Si las cuentas estatales de 2016 que salgan del Congreso no fueran retocadas por la Cámara Alta, las elecciones podrían celebrarse el 29 de noviembre, la fecha por la que apuesta buena parte de los miembros del Gabinete. En cambio, si el Senado introdujera enmiendas de última hora, el proyecto tendría que pasar de nuevo por el Congreso y la convocatoria electoral probablemente quedaría para el 13 de diciembre, fecha que tiene sus defensores y sus detractores dentro del Gobierno. La llave la tiene el PP, pues dispone en ambas cámaras de la mayoría absoluta.

Si el PP trabaja en los Presupuestos para que el Senado no introduzca cambios, las elecciones podrían celebrarse el 29 de noviembre

Los partidarios de ir a elecciones el 13-D consideran que muchos españoles acudirían a votar más contentos con la paga extra en el bolsillo y habiendo tenido tiempo de examinar bien la gestión municipal y autonómica hecha en los gobiernos donde participa de una u otra forma Podemos o algunas de sus filiales. Por tanto, creen que se conseguiría una mayor movilización entre los votantes del PP que siguen refugiados en la abstención. Los ministros que rechazan esta fecha, están convencidos, y así se lo han hecho saber a Rajoy, de que el ruido electoral está contraindicado con las Navidades. Sean el 13-D o el 29-N,  lo lógico es que la campaña electoral se vea influenciada por los comicios que Artur Mas insiste en convocar en Cataluña el 27 de septiembre y, quizás, por la solución con la que se frene temporalmente el caos griego.

Lo que ahora se tiene claro en el Gobierno es que los Presupuestos conviene aprobarlos antes de que se disuelva el Parlamento porque la próxima legislatura estará marcada por la inestabilidad política y, por tanto, dejarlos para entonces significaría tanto como arriesgarse a tener que prorrogar los de 2015 dentro de una coyuntura económica en la que los principales indicadores apuntan hacia una clara recuperación. Fuentes seguras van todavía más allá: “Van a ser unos Presupuestos pensados para garantizar la mejoría económica, que muy bien podrían tener que prorrogarse sin problemas hasta 2018, prácticamente hasta el final de la próxima legislatura, salvo que ocurra un cataclismo”.

Dificultades para superar los 130 escaños

Conviene tener en cuenta, recuerdan fuentes parlamentarias, que ninguna encuesta solvente da a ninguno de los dos grandes partidos más de 130 diputados, escenario que anticipa serias dificultades para sacar adelante unas cuentas públicas coherentes que combinen los compromisos de déficit contraídos con Bruselas con un cierto carácter expansivo que de alegría a la economía española.

Aunque gobierne el PSOE la próxima legislatura, no podrá introducir grandes modificaciones en las principales partidas presupuestarias

En el equipo económico del Gobierno se opina que la ofensiva del PSOE contra estos Presupuestos es solo de boquilla, ya que a Pedro Sánchez le viene bien también, en el caso de ganar las elecciones, tener niqueladas las cuentas del año que viene, en las que apenas podrá introducir grandes cambios en las tres grandes partidas que constriñen las arcas públicas: pensiones, a las que este ejercicio se han destinado más de 130.000 millones, prestaciones por desempleo, que absorben más de 25.000 millones e intereses de la deuda, que suman cerca de 35.000 millones.


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