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La descoordinación entre Hacienda y Justicia aplaza la aplicación de la ley de tasas judiciales

Aunque la norma lleva más de 3 meses tramitándose en el Congreso y en el Senado, Hacienda no ha tenido tiempo de elaborar la documentación que tiene que remitir a todos los tribunales de España.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

Pese a que la ley que encarece las tasas judiciales entra en vigor hoy, su aplicación no comenzará hasta dentro de "unas semanas", según el ministerio de Justicia. El porqué del limbo en que queda la norma es la falta de coordinación con el ministerio de Hacienda que todavía no ha elaborado los formularios e impresos de pago que los tribunales deberán entregar a los ciudadanos para cobrarles cuando acudan a jucio. Pese a que la ley se ha tramitado en el Congreso en los últimos meses, el Ejecutivo asegura que "Hacienda no ha tenido tiempo de elaborar la documentación" que debe remitir a todos los tribunales de España.

Con esa situación, la ley marca que el cobro debería producirse desde hoy pero la realidad es que el Ejecutivo todavía no está en condiciones de aclarar en qué fecha exacta comenzará a cobrarse por acudir a los tribunales.

Fuentes del ministerio de Justicia aseguran que “no hay descoordinación” y que la propia ley publicada por el B.O.E. ya recogía en su artículo 9 la posibilidad de retrasar la entrada en vigor de la norma.  Ese artículo no habla de posibles retrasos sino, simplemente, de que "la gestión de la tasa regulada corresponde al Ministerio de Hacienda y que será Hacienda quien regule los procedimientos y modelos de autoliquidación de la tasa". El ministerio de Hacienda no ha comentado el porqué la documentación necesaria no está todavía lista ni la fecha en qué podría estarlo. 

Justicia asegura que no habrá "cobro con efectos retroactivos"

Pese a lo que dicta la ley (que el pago estará ya vigente desde hoy) el Ministerio de Justicia insiste en que no habrá cobros hasta "dentro de unas semanas", sin concretar la fecha. Así pues, se produce la paradoja de que el B.O.E. ya ha marcado su entrada en vigor pero los departamentos que dirigen Alberto Ruiz Gallardón y Cristóbal Montoro todavía no han revelado la fecha exacta en que entrará en vigor la medida. Los secretarios judiciales serán los encargados de recolectar esos fondos. Su sindicato (Sindicato de Secretarios Judiciales, SIEJ) tampoco tiene claro cuándo deberá empezar a cobrar pese a que la ley dicta que deberían hacerlo a partir de hoy mismo. Además, ha mostrado ya su disconformidad con una medida que --según sus palabras-- "va contra la ciudadanía".

El ministerio de Justicia asegura que los tribunales no reclamarán esas tasas a quienes recurran a los tribunales todavía. "No habrá cobros retroactivos", aseguran fuentes del ministerio. La laguna legal queda ahora al criterio de los secretarios judiciales encarados del cobro y del Ministerio de Hacienda. El Gobierno esperaba recaudar 306 millones de euros con esta medida.


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