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Gallardón: "¿Cómo no van a quejarse los jueces si les hemos quitado la paga extra o días de asuntos propios?"

El ministro de Justicia ve “intereses corporativos” en las protestas de jueces, fiscales y abogados. "Las tasas nos las han pedido los jueces", asegura.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Departamento de Estado EE UU / EFE

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este martes que las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a "intereses legítimos pero corporativos" y ha preguntado cómo no van a quejarse los magistrados si el Gobierno les ha quitado la paga extraordinaria de Navidad y reducido de 18 a 12 los días de asuntos propios, informa Europa Press. En el  foro organizado por ABC-Deloitte, el titular de Justicia ha defendido que la obligación del Ejecutivo es "defender los intereses de los ciudadanos". "Mi obligación no es pensar como fiscal o abogado, sino como ministro", ha aseverado, para afirmar que es consciente de que sus propuestas "se enfrentan a intereses legítimos, pero corporativos".

A su juicio, los distintos colectivos de la Justicia"no están en contra por las mismas cosas", sino que han aprovechado la "coincidencia en el tiempo". Jueces, fiscales, abogados, sindicatos u organizaciones de consumidores y usuarios han escenificado este martes su primer acto conjunto en defensa de la Justicia. "¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado la paga extraordinaria o si tenían antes 18 días de asuntos propios y se los dejamos en 12?", ha cuestionado Gallardón, que se ha mostrado dispuesto a mantener abierta la interlocución con los operadores jurídicos, a pesar de que los jueces y fiscales hayan pedido dialogar directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Yo tengo que decir a quien no quiera hablar conmigo que estoy dispuesto a hablar con él. Como ministro no cierro la puerta a nadie", ha indicado sobre esta cuestión, para añadir que, a su juicio, no ha sido objeto de un trato "educado, civilizado ni culto" pero que ello no es obstáculo para cerrar la vía del diálogo. Al ser cuestionado si los miembros de la Carrera Judicial tienen derecho a la huelga, el titular de Justicia se ha mostrado confiado en que mantendrá la responsabilidad como titulares de un poder del Estado. "Al margen de que lo tengan o no, lo importante no es el derecho sino si es lo más  adecuado y moralmente lo más solidario en estos momentos que vive España", ha remachado.

"Las tasas las han pedido los jueces"

El ministro ha sido abordado ampliamente la polémica sobre las tasas al desvelar que la Asociación de la Profesional de la Magistratura (APM) le entregó cuando tomó posesión como ministro un texto favorable a la imposición de las tasas. "Las tasas quienes nos las han pedido son los jueces", ha agregado. En esta línea, ha afirmado que "la Justicia puede ser gratuita pero jamás es gratis" y que las tasas afectarán mayoritariamente a personas jurídicas y entidades financieras. Después de reconocer la "limitada" planta judicial, precisando que se mantiene el cuerpo de opositores para jueces y fiscales pese a las dificultades, Gallardón también ha advertido del alto número de abogados colegiados en España, donde hay más de 125.000 colegiados, lo que dobla la media de la Unión Europea.

"Los cambios generan resistencias. Pero esas resistencias no nos van a claudicar en conseguir una Justicia más rentable, ágil y justa", ha remarcado, para poner de relieve que más de 9.200 millones de  euros están congelados en las cuentas de consignaciones y abogar por su necesaria puesta en circulación.

El titular de Justicia se ha referido a otras reformas de su departamento como la ley que reduce los sustitutos y ha manifestado que "más de medio millar de jueces" tienen "otra dedicación complementaria por la tarde", como es la docencia. El Ministerio les da así la posibilidad de tener un ingreso extra si asumen la carga de otro juzgado y haciendo "atractiva" esta salida, que también se extenderá a la Carrera Fiscal.

Ha negado que la reforma del Registro Civil suponga una privatización al defender que los registradores y procuradores son también funcionarios públicos, para pasar a valorar el cambio en el modelo de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que defiende la "despolitización" y el máximo consenso con el principal partido de la oposición y a ser posible el resto de grupos parlamentarios. Según ha dicho, la politización por las asociaciones es "exactamente igual de mala" y que la relación de nombramientos del CGPJ durante los últimos años arroja que el 76 por ciento de los elegidos pertenecen a asociaciones.


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