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Hacienda limita a 848,35 euros la responsabilidad de la infanta Cristina en el fraude de Aizoon

Hacienda sólo responsabiliza a la infanta de los gastos de su Visa oro. La mayoría de esas posibles irregularidades estaría ya prescrita por lo que su responsabilidad se limita a 848,35 euros por una cena, los gastos de sus hijos y compras de papelería. Castro dictará una imputación no suspensiva lo que permitirá a la hija del Rey recurrir ante la Audiencia Provincial de Palma para que el tribunal superior revise de nuevo su situación.

El informe de conclusiones presentado por la Agencia Tributaria al juez Castro deja totalmente en manos del magistrado la decisión de imputar a la hija del Rey. Según el undécimo informe remitido por el fisco al juez, Hacienda puede atribuir personalmente a la infanta Cristina “los pagos realizados con las tarjetas de crédito que tienen una persona física como cotitular”.

El juez requirió en un escrito el pasado 30 de septiembre al BBVA y a La Caixa que le detallaran los gastos que la Infanta había cargado a Aizoon con su Visa oro. En aquel análisis, Hacienda concluyó que a lo largo de cuatro años en que la hija del Rey utilizó indebidamente la tarjeta de la empresa sólo se habían realizado cargos por valor de 1.985,03 euros.

Pero la responsabilidad penal de la Infanta sería todavía menor de acuerdo con esa lectura. Puesto que cualquier irregularidad previa al ejercicio de 2007 estaría ya prescrita, los únicos gastos por los que se podrían demandar responsabilidades serían los tres cargos realizados en 2007 y la factura de papelería cargada en 2008, lo que en total suma 848,35 euros, muy lejos de los 120.000 euros de fraude que constituyen el delito fiscal. 

Imputación “no suspensiva”

La intención de Castro es imputar a la hija del Rey mediante un procedimiento “no suspensivo”, es decir, que no paralizaría el proceso y que daría la oportunidad a la Infanta de recurrir esa decisión ante el tribunal superior, en este caso, la Audiencia Provincial de Palma. Castro deberá sistematizar las pruebas personalmente puesto que sólo un informe institucional, el elaborado por la Policía a través de la UDEF, atribuye responsabilidades personales a doña Cristina de Borbón. Los informes de Hacienda coinciden al céntimo en cuantificar un fraude que cifra en 698.824,74 euros pero no es capaz de atribuir responsabilidades individuales a cada uno de los Duques de Palma.

La Fiscalía ya ha adelantado que se opone a la imputación de la Infanta, en un escrito presentado incluso dos semanas antes de que el juez lo solicitara. No habrá nuevo informe del Ministerio Público. También el abogado del Estado se opone a la imputación. Sin embargo, sí pedirá la imputación la acusación popular, ejercida por Manos Limpias. Su abogada, Virginia López Negrete, considera que el juez no necesita el acuerdo de las demás partes para imputar y recuerda que es el instructor el encargado de relatar las pruebas y justificar decisiones que “en esta fase no constituyen una acusación sino una garantía para la defensa de la infanta”. Para esa imputación, concluye la abogada, hay una “avalancha de indicios”.

Aunque el procedimiento no tasa tiempos más allá de los cinco días otorgados a las partes para que se pronuncien, el juez tiene previsto cerrar la fase de instrucción con rapidez por lo que la previsible imputación podría llegar a finales de este mes o principios de enero.


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