EL CASO DE LOS EXPEDIENTES DE EMPLEO FRAUDULENTOS LLEGA AL TS

El 'número dos' de Chaves maniobró en un ERE de 11 millones para favorecer a la familia Ruiz-Mateos

El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías tuvo "decidida intervención como político de la zona" en el pago del expediente de la cárnica jiennense Primayor. Pretendía que el fundador de Rumasa montara una fábrica en la misma parcela y recolocara a los extrabajadores. Así lo recoge la juez Mercedes Alaya en la extensa exposición razonada remitida al Tribunal Supremo.

La elevación del caso ERE al Tribunal Supremo por parte de la juez Mercedes Alaya ha puesto en el punto de mira a dos exconsejeros que si bien aparecían en el sumario todavía no habían sido señalados por la magistrada como preimputados: Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla los incluye en la lista de aforados (junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete exconsejeros) sobre los que halla indicios de delito, pero cuyo futuro procesal deja en manos del Alto Tribunal al ser de su competencia. La "exposición razonada", junto a la veintena de tomos del sumario, que Alaya ha remitido a la Sala Segunda del TS aporta detalles sobre el papel jugado por Zarrías e incluso cifras del fraude en que éste habría incurrido hasta ahora desconocidas.

Así, según consta en el extenso informe (con sus diferentes anexos) elaborado por la juez, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el que fuera mano derecha de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía medió en la ejecución, entre otros, de un ERE de 11 millones --el de la cárnica jiennense Primayor, investigado en la causa por su presunta irregularidad-- para favorecer, en este caso, a la familia del fundador de Rumasa, José María Ruiz-Mateos.

La juez se detiene en la hoja de servicio de Zarrías para recalcar su estrecha relación con el conseguidor de la ayudas y hombre clave en la trama, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas. "Es significativo --señala la instructora-- según se deduce del atestado de Europa Center y del informe policial 33/2013, que expedientes en los que ha podido interesarse el Sr. Zarrías, todos ellos con importantes subvenciones de la Junta de Andalucía, fueron expedientes en los que intervino Don Juan Lanzas, coincidencia que se habría producido en los diversos expedientes relativos a los ERE de las empresas de Don José Mª Ruiz-Mateos (con subvenciones sociolaborales de aproximadamente 18 millones de euros)".

Acto seguido, la instructora expone cómo el exconsejero de Presidencia de la Junta pidió al fundador de Rumasa que montara una fábrica en los terrenos de la extinta Primayor en Jaén para recolocar a extrabajadores de dicha empresa, "asegurándole la concesión de cuantiosas ayudas que efectivamente se concedieron".

"En 15 días la familia Ruiz-Mateos, con mediación de Zarrías, consiguió un préstamo sindicado con varias Cajas para el adelanto de 15 millones por subvenciones" 

Dicho esto, la investigación que reporta la juez Alaya va más allá y precisa que Zarrías tuvo "decidida intervención como político de la zona" en el pago del propio expediente de Primayor "mediante subvenciones sociolaborales de más de 11 millones de euros". Un dato que no se conocía con tal exactitud hasta ahora y que la instructora refleja en base a la declaración judicial de Carlos Leal Bonmati, abogado del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís e imputado también en el caso (folio 45.120 del sumario). Leal convirtió su despacho en un "centro de lavado" de las comisiones que conseguía Juan Lanzas.

​Por su parte, la familia de Ruiz-Mateos estaba dispuesta a que una de sus sociedades, la firma Dhul, instalara "una fábrica de platos preparados" en la parcela de Primayor "a cambio de 20 millones de euros prometidos por el entonces consejero de Presidencia", extremo que confirmó Juan Lanzas en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Andalucía, ya que él mismo, según dijo, habló de ello con el propio Zarrías.

La gestión de Zarrías con entidades bancarias

Asimismo, la juez recalca que incluso "habría datos en las actuaciones" de la investigación policial y judicial que "justificarían esta petición del Sr. Zarrías a la familia Ruiz-Mateos, pues al margen de evidenciarse una relación fluida", a tenor de la declaración del exabogado de la familia Joaquín Yvancos y de uno de los hijos, José María Ruiz-Mateos Rivero, el propio Carlos Leal Bonmati, jefe de Lanzas, pondría de manifiesto en su declaración judicial que "en quince días la familia Ruiz-Mateos, por mediación del Sr. Zarrías, consiguió un préstamo sindicado con varias Cajas de Ahorros para el adelanto de 15 millones de euros de varias subvenciones que se habían concedido por la Junta".

Además, el informe elevado al Supremo recoge que el citado Leal Bonmati, que intervino en los temas jurídicos de Dhul y la cárnica jiennense Primayor (además de la firma de renovables Proasego), manifestó que se produjeron "varias comidas en la sede de la Consejería de la Presidencia (Casa Rosa)", a las que asistieron Gaspar Zarrías, Juan Lanzas, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo Serrano, el exconsejero de Agricultura Martín Soler Márquez, además de miembros de la familia Ruiz-Mateos, y en las que "se abordaron la concesión de subvenciones a las empresas de éstos".

El PP pide a Díaz que salga del "escondite"

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha manifestado que "es necesario, llegado este momento, que Susana Díaz salga de una vez por todas de su escondite y dé la cara a la opinión pública, que se lo está pidiendo a gritos". En este sentido, ha subrayado que la investigación de los ERE señala "no sólo a la cúpula del socialismo andaluz", sino de manera "muy directa" a Díaz, en tanto apunta a "los dos antecesores en la Presidencia de la Junta de Andalucía, su padrino político y su antecesora en la Consejería de Presidencia", en alusión a José Antonio Griñán y Mar Moreno.

El dirigente popular también ha resaltado que "desde la Junta no se hacía nada para evitar este saqueo a las arcas públicas, sino que además se creaban unos procedimientos administrativos para precisamente ocultarlos e ignorar todas las advertencias que se hacían por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía".


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