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La juez Servini de Cubría, conocida de Garzón desde 1992, recoge su testigo en la investigación del franquismo

La juez María Servini de Cubría, de 76 años de edad, es una émula de Garzón, al que conoce desde principios de los años 90, cuando la argentina fue tildada de obedecer a los intereses del presidente Carlos Menem por encubrir un caso de corrupción que le afectaba. Entre sus méritos, la censura de Google y de un cómico.

Una vez que en España fue condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación y expulsado de la carrera judicial, Baltasar Garzón ha encontrado refugio en Argentina. La presidenta Cristina Fernández y sus peronistas le acogieron con arrobo como el último exiliado del franquismo, tal como él se presentó. Incluso le concedieron la residencia en el país, un contrato con el Parlamento y  un salario de 20.000 pesos mensuales. 

Y Garzón ha creado no sólo doctrina jurisprudencial, sino escuela judicial. La juez federal argentina María Servini de Cubría ha dictado cuatro órdenes de detención internacional contra otros tantos supuestos torturadores policiales españoles amparados por Ley de Amnistía de 1977. 

La misma funcionaria argentina ha reconocido que Garzón ha hablado con ella de la investigación de la causa que él había abierto por las muertes y desapariciones ocurridas en los años del régimen franquista y que Servini aceptó en 2010. 

“El señor Garzón lo que me ha comentado es que con esta sentencia [del Tribunal Supremo español] queda cerrado el tema de la investigación de estos crímenes en España y que el último aliciente que tienen las víctimas para encontrar un derecho satisfactorio en cuanto al acceso a la justicia es la investigación que se está llevando acabo en Argentina”. 

En la misma entrevista, la juez argentina hace suyos los argumentos empleados por Garzón, ya que afirma que en España esos supuestos delitos se produjeron “(…) en el marco de un plan sistemático deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, ya sea por miembros de la falange o cualquier otra organización afines de apoyo a la insurrección en ese momento. Son familiares de víctimas los que vienen a querellar, lo hacen a través de abogados argentinos que se presentan como querellantes en su representación y ratifican las denuncias y aportan toda la documentación”. 

Servini de Cubría, como Garzón, ha intervenido en numerosos procesos caracterizados por su espectacularidad y su atractivo mediático. Lo primero que llama la atención de ella es que con 76 años de edad, en vez de estar jubilada, siga ocupando un juzgado. 

Reuniones con el presidente Menem en su residencia

En Argentina todo es peronismo. Nacida en una familia peronista, Servini de Cubría fue nombrada juez por la viuda del general Perón que le sucedió en la presidencia, María Estela Martínez de Perón, en febrero de 1976, pocas semanas antes del golpe de Estado militar encabezado por el general Videla. 

Al igual que Garzón, acudía a los lugares donde se estaban produciendo los delitos que investigaba, y así, según los periódicos argentinos, en los años 80, se presentó ante varias cárceles donde hubo motines.  Como juez de familia fue la primera en investigar los niños robados en la última dictadura militar de su país (1976-1983) y devolverlos a sus familiares de sangre. 

Pero la relación con Garzón arrancó a principios de los años 90, cuando, según Página12, Servini de Cubría “fue el emblema de una Justicia adicta al gobierno de turno”. Entonces, había estallado enla Argentina gobernada por el peronista Carlos Menem el Yomagate, en referencia a Amira Yoma, la cuñada de Menem y ex directora de Audiencias del jefe del Estado, más otros altos cargos y ex funcionarios a los que se acusaba de formar parte de una banda que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. Los jueces que primero conocieron de la investigación del caso fueron Garzón en España (en 1990) y después Servini en Argentina. Ésta había sido nombrada juez federal de lo criminal y correccional con competencia electoral sólo unos meses antes de que el Yomagate cayera en su mesa. 

Sin embargo, en ese caso el celo de Servini de Cubría brilló por su ausencia. Fue apartada de la instrucción; otros dos jueces la acusaron de encubrimiento, prevaricación, abuso de autoridad, falso testimonio, incumplimiento de sus deberes y violación de secretos; y los diputados peronistas aceptaron al fin, después de bloquearlo durante un año, que se abriese el juicio político a la juez y que concluyó en nada.La CorteSupremole impuso una multa de 60 pesos. 

Menem reconoció que se reunió varias veces con Servini de Cubría en su residencia particular como presidente, pero sólo para discutir sobre la legislación electoral, otra de las competencias de la juez. Algo muy parecido le ocurrió a Garzón. En 1993, según cuenta José Bono en sus memorias, Garzón se reunía con el jefe del ejcutivo, esta vez español, Felipe González, para negociar su inclusión en la lista electoral del PSOE por Madrid para las elecciones de ese año. 

Censura de Google

A María Servini de Cubría no le gusta ser blanco de chistes ni burlas. En 1992 consiguió que se prohibiese al humorista Tato Bores realizar una sátira de ella en un programa de televisión. Y en 2008 hizo que otro juez ordenase a Google censurar las informaciones sobre ella; la prohibición se levantó en junio de 2009. 

Después del Yomagate, cuando no se atrevía a salir a la calle para no enfrentar insultos, la juez Servini se volcó, casualmente, en las causas de derechos humanos y mediáticas. Una de éstas fue el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa por esbirros de la policía política dela Junta de Augusto Pinochet en Buenos Aires en 1974. Otro punto en común con Garzón. 

Su anterior decisión polémica perjudicó al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, cuyo marido, Néstor, la había calificado en 2005 de “menemista” al haber ordenado como juez electoral la intervención del partido Justicialista. En junio pasado suspendió la elección popular de miembros del Consejo dela Magistratura(como el CGPJ español) que promovía el Gobierno y que luego ratificóla CorteSuprema.  


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