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El ‘blindaje’ del Congreso costará al erario 230.000 euros sólo en dietas de policías

Los 850 antidisturbios desplazados a Madrid para reforzar a sus compañeros de la capital permanecerán fuera de sus destinos entre tres y cuatro días. Todos ellos deben ser compensados económicamente.

Un despliegue para algunos excesivo. Para otros, necesario. Y para el bolsillo de los españoles, caro. La factura del ‘blindaje’ del Congreso ante la manifestación de este martes convocada por la Coordinadora 25-S y la plataforma En Pie le supondrá al erario un gasto extra de aproximadamente 230.000 euros sólo en dietas de los policías desplazados a Madrid para reforzar a los agentes de la capital. Así lo han señalado a Vozpópuli fuentes policiales, que destacan que los 1.350 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los popularmente conocidos como antidisturbios) que han sido enviados estos días a proteger el palacio de la Carrera de San Jerónimo y sus aledaños son más de la mitad de la plantilla total de estos grupos operativos.

De hecho, el Ministerio del Interior ha destinado a este fin 27 grupos de las UIP, de los cuales 16 proceden de otros lugares de España. En total, nada menos que 850 policías  desplazados a Madrid que empezaron a llegar de manera escalonada el lunes y cuya estancia en la capital se prolongará entre tres y cuatro días. Por cada una de esas jornadas, los agentes recibirán una dieta que se sitúa entre los 80 y los 100 euros, dependiendo de si pertenecen a la escala básica, a la de subinspección o a la ejecutiva. Fuentes sindicales temen que este dinero termine siendo detraído de otras partidas presupuestarias, incluidas aquellas que se emplean para sufragar los viajes de agentes para operaciones contra el crimen organizado.

Los 230.000 euros son, sin embargo, una cantidad sensiblemente inferior a la que Interior ha tenido que gastar en otros dispositivos de seguridad de los últimos años. Así, por ejemplo, durante la visita a Madrid del papa Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud del verano de 2011, el Gobierno gastó 1.700.000 euros en pagar a los agentes dietas, horas extra y compensaciones por retrasar sus vacaciones. Entonces, el despliegue policial fue mucho mayor, ya que se movilizaron a 4.952 agentes del Cuerpo de Policía, de los que 1.280 eran antidisturbios.

Entonces, Interior utilizó también a 1.853 alumnos de la Escuela de Ávila para cubrir los recorridos del pontífice por la capital, así como 150 funcionarios de la Brigada Móvil, 90 integrantes de la Unidad de Caballería, 44 guías caninos y 38 policías de la Unidad de Subsuelo, además de agentes de los grupos de Información, especializados en la lucha contra el terrorismo. Todo ello en un dispositivo que debía proteger desplazamientos y actos multitudinarios en diversos lugares de la capital distantes entre sí y hacer frente a una aglomeración de gente de cientos de miles de personas.

El objetivo del dispositivo del 25-S era, sin embargo, muy diferente, y no sólo porque éste estuviera mucho más concentrado en el espacio, ya que la mayoría de los agentes se integraron en los tres cinturones de seguridad concéntricos formados alrededor del Congreso, sino por el ‘perfil’ de la amenaza. De hecho, como adelantó ayer este diario, las órdenes a los agentes eran muy concretas: no responder a las provocaciones verbales, pero actuar si los manifestantes intentaban asaltar las vallas o se producía el lanzamiento de objetos. “Esto no puede ser Grecia”, fue la orden que se transmitió a los antidisturbios en referencia a los graves incidentes que se han registrado en Atenas en los últimos meses.   


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