Publicado: 17/05/2013 04:00
La inclusión de la Iglesia en la Ley de Transparencia está "muy verde" porque, entre otras cosas, ni PSOE ni Izquierda Unida, han hecho especial hincapié en esta cuestión, según fuentes de la comisión constitucional que debaten el texto de la futura legislación. Pese a las declaraciones públicas que ambas formaciones han realizado sobre la exigencia de que la Iglesia, financiada con dinero público, quede bajo control de la "Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno", que es en realidad como se llama, es un asunto que "apenas se ha abordado", según las mismas fuentes consultadas.
De hecho, en el PSOE no todos los dirigentes comparten la necesidad de que la Iglesia quede de este modo fiscalizada. Algunos de los más veteranos han expresado reservas hacia un asunto que siempre agita las aguas de la izquierda y que, bien manejado, se trata sin duda de un estandarte que muchos en el PSOE no quieren dejar en manos de IU, muy beligerante con este tema pero que tampoco se ha distinguido por presentar batalla en las convocatorias que ha habido de la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, donde se ha debatido y han pasado distintos comparecientes para dar su opinión sobre el contenido de la Ley. La diputada socialista Meritxell Batet reclamó este jueves al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, la fiscalización de la Iglesia durante la reunión que este mantuvo con los diputados de la comisión constitucional. Ayllón fue receptivo a la propuesta de Batet, aunque ha sorprendido la tibieza de la izquierda en este capítulo.
Ni siquiera IU, que ha anunciado enmienda a la totalidad, aludió a esta cuestión este jueves durante la comparecencia del diputado Josep Nuet, quien dijo sospechar de la existencia de un acuerdo secreto entre el Gobierno y Casa Real para fijar los límites de la aplicación de la Ley. Lo cierto es que la inclusión de la Corona ha acabado "comiéndose" el resto de los debates. Una vez recibido el visto bueno de Zarzuela, la cuestión "está orientada", aunque falta la letra pequeña de un asunto "complicado" sobre todo en lo que se refiere a la asignación presupuestaria que recibe directamente Su Majestad el Rey y que la propia Carta Magna determina que es de "libre disposición".
Gobierno y Grupos Parlamentarios han quedado emplazados a buscar una fórmula que determine en función de qué porcentaje o cuantía se entiende que una entidad privada está "sustancialmente" financiada por fondos públicos
La Ley, pensada en un principio para las administraciones públicas, con su régimen jurídico concreto, se amplía a todas las entidades privadas que se financien "sustancialmente" con fondos públicos, como parece que va a quedar consignado en el artículo 2.1 del texto referido al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley. Pero falta por determinar, numéricamente, que se entiende por "sustancialmente", esto es, si el criterio debe atender a la proporcionalidad de esa ayuda en función del presupuesto de la entidad que lo recibe o a la cuantía total.
Uno de los porcentajes manejados ha sido el del 51% o más aunque el PSOE quiere rebajarlo al 40%. Pero también puede haber ayudas a grandes corporaciones con cantidades mucho más altas que proporcionalmente supongan menos cuantía. "Podemos dar 30.000 euros a una ONG que suponga más del 51 por ciento de su presupuesto anual o 200.000 euros a una gran empresa que no sea para ella un porcentaje tan alto en función de su tamaño. ¿Cuál debe quedar fiscalizada bajo la Ley de Transparencia?", se preguntan las fuentes consultadas. Gobierno y Grupos Parlamentarios han quedado emplazados a proponer fórmulas para desbrozar este capítulo.
El próximo martes termina el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, que se debatirán el 30 de mayo en el pleno, tras lo que se abrirá un plazo para presentar enmiendas parciales hasta el 11 de junio. Está previsto que comiencen entonces los trabajos en ponencia con el objetivo de que en junio, a más tardar julio, la ley esté aprobada en el Congreso y pueda comenzar su tramitación en el Senado en septiembre, para estar aprobada definitivamente a final de año y en vigor en 2014, informa Efe.
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