La cooperativa que adquirió el Pazo Baión, ex propiedad de Oubiña, se comprometió a entregar durante 15 años el 5% de la venta del vino para proyectos de ayuda a toxicómanos

Un narcoviñedo gallego aporta en tres años 40.000 euros a la lucha contra la droga

El célebre inmueble y las 29 hectáreas de cultivo que la rodean fueron adjudicadas a la empresa Adega Condes de Albarei S.A. en junio de 2008 por 15 millones de euros. En el acuerdo de cesión se incluía el compromiso de los nuevos propietarios de contratar ex drogodependientes para la recolección de la uva y dedicar el 5% del dinero obtenido con la venta de las botellas de vino a proyectos de lucha contra la droga.  

Imagen de archivo del Pazo Baion.
Imagen de archivo del Pazo Baion. Freecat (CC via Flickr)

El viñedo del Pazo Baión, el edificio más emblemático del ostentoso narcotráfico gallego de los 80, se ha convertido en una buena fuente de financiación para la lucha contra las drogodependencias. Tras los 15 millones de euros que el Estado se embolsó con su venta y la de las 29 hectáreas de cultivo vinícola que la rodeaban a una cooperativa de esta comunidad, la antigua propiedad de Laureano Oubiña sigue dando año tras año dinero al tesoro público. En concreto, más de 40.000 euros en los últimos tres gracias a que el contrato de cesión fijó la obligación a la empresa adjudicataria de aportar un 5% de la facturación anual de la comercialización del vino albariño de la denominación Rías Baixas que se obtiene de sus cepas.

Las tierras se las adjudicó el 28 de junio de 2008 en concurso público a la cooperativa Adega Condes de Albarei, S.A., que pagó 15.102.000 euros al Estado por las acciones y participaciones de las sociedades Comercial Oula S.A. y Albariño Bayón S.L., así como el inmueble denominado 'Granja de Fontán'. En el contrato de venta, el Estado impuso dos condiciones que debían aplicarse durante 15 años. La primera, que se contratase para las tareas de recolección y cuidados de las cepas a dorgodependientes en proceso de reinserción sociolaboral por un mínimo de 400 jornadas laborales por año. En los tres años que lleva en vigor el plan se han beneficiado de esta medida 30 toxicómanos, que han acumulado 2.253 jornadas laborales.

Las dos hijas de Laureano Oubiña mantienen desde hace años un pleito para recuperar la propiedad de la finca

La segunda, que el 5% de la facturación anual de la explotación del Pazo se entregara a la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas para que se reinvirtiera en programas de lucha contra las toxicomanías. De este modo, en 2009 la empresa entregó al Estado 8.873,44 euros, correspondientes al 5% de la venta de más de 26.000 botellas de vino albariño Pazo Baión, su nombre comercial, al precio de 6,28 euros la unidad (en el comercio minorista llegan a costar más de 20 euros).

Al año siguiente, la producción de la empresa casi se dobló, ya que se alcanzaron las 55.335 botellas, cuyo precio también se elevó hasta los 6,75 euros. Como resultado de ello, el Plan Nacional sobre Drogas recibió 18.675,56 euros. Finalmente, en 2011 bajaron tanto la producción como la aportación a la lucha contra la drogodependencia, aunque siguió elevándose el precio de la botella hasta superar los 7 euros por unidad. Las 38.000 botellas vendidas aportaron al Estado 13.414 euros. En total, 40.463 euros en sólo tres años.

Problemas legales pendientes

Sin embargo, no todo son beneficios para el Estado desde su venta. De hecho, sobre ésta conficación aún penden dos causas judiciales. La primera es el recurso contenciosos administrativo presentado por las hermanas Oubiña Lago, hijas del célebre narco y su mujer Esther Lago, ya fallecida. Ambas recurrieron la decisión del Fondo de Bienes Decomisados de conceder las tierras a la empresa vinícola que actualmente las explota. Los tribunales aún no han tomado una decisión.

El propio Laureano Oubiña, que el próximo mes de julio verá extinguidas las tres condenas por tráfico de hachís que le han mantenido entre rejas durante 18 años, ha reclamado desde prisión insistentemente la reposición a sus hijas de la propiedad. Precisamente, Oubiña, al que aún le queda por enfrentarse a dos procesos por blanqueo de dinero, aceptó el pasado mes de diciembre las condiciones que un juez de vigilancia penitenciaria le impuso para otorgarle el régimen de semilibertad: que prestase apoyo a personas desfavorecidas y drogodependientes.

El segundo problema legal pendiente de la venta de la finca lo plantó la propia empresa adjudicataria, que consideró que uno de los terrenos que se adjudicaron en el concurso no valía, ni de lejos, el precio que se fijó. Por ello, ha reclamado nada menos que 626.378,43 euros en concepto de indemnización. El Ministerio de Sanidad, del que depende el Plan Nacional sobre Drogas y el Fondo de Bienes Decomisados, rechazó la petición, por lo que los propietarios de la firma acudieron a la justicia ordinaria. Un juzgado de 1ª Instancia de Pontevedra, en primer lugar y, el pasado 27 de julio, la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de esta provincia desestimaron las pretensiones económicas de la demandante, que por ahora sigue produciendo botellas de albariño Pazo Baión y entregando el 5% al Estado para que ayude a los drogodependientes.


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