LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA SUPUESTA CAJA 'B' DE GÉNOVA 13

Sobrecostes, 'mini-honorarios' y actas exprés: Ruz recela de las facturas de la sede riojana del PP

El juez estudia pedir información adicional a Génova 13 tras analizar la documentación remitida por el partido para justificar la compra en 2008 de un edificio en Logroño. El magistrado quiere aclarar el origen de 200.000 euros de los 'papeles de Bárcenas'. 

Imagen de archivo del juez Pablo Ruz.
Imagen de archivo del juez Pablo Ruz. EFE

Tras los trabajos de remodelación en Génova 13, ahora le toca el turno a las obras en la sede del PP en La Rioja. El análisis de los 333 documentos remitidos a la Audiencia Nacional por los dirigentes 'populares' en esta comunidad autónoma no convence al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, quien sopesa solicitar en los próximos días información complementaria a la formación, según señalan a Vozpópuli fuentes jurídicas. Entre los elementos que han provocado la desconfianza del magistrado se encuentra la existencia de un sobrecoste en la reforma del edificio de más de 100.000 euros que no está justificado en los papeles entregados, los sorprendentemente bajos honorarios del arquitecto que se encargó del proyecto y las actas del Comité Ejecutivo regional de la formación que reflejan que éste despacho la compra de los locales por cerca de un millón de euros en sólo veinte minutos. El juez pretende aclarar si los 200.000 euros que figuran en los 'papeles de Bárcenas' como supuestamente donados en 2008 por la formación riojana fueron posteriormente enviados de vuelta ya 'blanqueados' para la compra del inmueble.

Los dos dirigentes de La Rioja que entregaron en la Audiencia Nacional los 333 documentos dejaron claro que ellos sólo eran "depositarios" y que éstos eran "propiedad del PP"

Por este apunte contable ya pasaron a declarar como testigos el pasado 5 de febrero dos dirigentes del partido riojano. En concreto, su secretario general, Carlos Cuevas, y la gerente, Ana Elvira Martínez. La declaración de ambos, llena de ambigüedades y respuestas evasivas sobre los detalles de la adquisición de la nueva sede del partido, provocó el enfado del magistrado que dio entonces sólo 24 horas a ambos políticos para que pusieran a su disposición toda la documentación sobre dicha compra y las posteriores obras de reformar de las dos plantas de la nueva sede de Logroño. Dos días después, ambos dirigentes presentaban los papeles en una comparecencia en la que, curiosamente, hacían constar que lo hacían "como despositarios" de los mismos para recalcar a continuación que toda ella era "propiedad del Partido Popular". Entre los 333 folios había contratos privados de compraventa, escrituras, poderes notariales, estudios arquitectónicos, licencias municipales y trece facturas.

Éstas son, de hecho, uno de los documentos que han levantado las sospechas del magistrado por varios motivos. En primer lugar, por la cuantía de las mismas, siempre cifras redondas. En segundo, porque las mismas no detallan en concepto de qué trabajos se realizaron dichos pagos. Y, en tercer lugar, porque reflejan unos sobrecostes de más de 100.000 euros en las obras de remodelación que no aparecen justificados en ningún otro documento de los entregados en la Audiencia Nacional por el PP riojano. De hecho, el coste de los trabajos de remodelación, con el IVA incluido, se fijaba en el presupuesto inicial en 214.136 euros, según lo reflejan varios de los documentos remitidos al juez. Sin embargo, la suma de las trece facturas eleva finalmente el coste a los 317.840 euros. Todo ello bajo la genérica referencia a "trabajos realizados, hasta la fecha, de remodelación y adaptación de local y entreplanta para la nueva sede del Partido Popular de La Rioja, sitos en Logroño, calle Avenida Duquesa de la Victoria número tres". Tampoco figura entre los papeles entregados por los dos dirigentes regionales el certificado final de obras firmado por un técnico responsable, como es preceptivo.

Una reunión de 20 minutos

Fuentes jurídicas también llaman la atención sobre el contenido de las actas de las dos únicas reuniones en las que el Comité Ejecutivo regional del PP abordó la compra de la sede y, de manera especial, sobre la duración de las mismas que reflejan estos documentos. La primera de ellas se celebró el 10 de septiembre de 2007 y contó con la presencia de 24 dirigentes de la formación, entre ellos el presidente, Pedro Sanz, así como del secretario general, Carlos Cuevas, uno de los cargos del partido que acudieron a principios de febrero a declarar a la Audiencia Nacional. El encuentro comenzó a las ocho de la tarde y se extendió por espacio de hora y media, tiempo sufiviente para que el propio Cuevas informara sobre la actividad del grupo en el parlamento regional y fijara como principal objetivo de la formación para las siguientes semanas "preparar la campaña electoral". En aquel encuentro también se abordó la situación del Ayuntamiento de Logroño, un atentado frustrado de ETA que se había producido la noche anterior, la situación política nacional y la necesidad de lanzar un mensaje crítico sobre las promesas incumplidas del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero para la región. En medio de todo ello, el propio Cuevas tuvo tiempo de informar "también sobre las gestiones para la nueva sede del partido", sin que el acta concrete más.

El día antes de la compra de los locales, el Comité Ejecutivo del PP riojano aprobó la millonaaria operación en una reunión que duró sólo 20 minutos

No volvería a hablar la dirección del partido sobre la cuestión hasta el 27 de marzo de 2008, sólo un día antes de que se formalizase ante notario la compra. En una reunión monográfica sobre la cuestión a la que asistieron de nuevo Sanz, Cuevas y otros 27 miembros del Comité Ejecutivo. fue el propio presidente de la formación quien explicó los problemas con el alquilar de la hasta entonces sede de la formación y que la dirección había estado por ello "buscando un local para comprar". En el mismo encuentro, Sanz anunció a sus compañero que ya se había logrado y que en sólo 24 horas se firmaría la adquisición del mismo por 800.000 euros y un crédito de 900.000 euros para hacer frente a la misma, así como "a los impuestos y resto de gastos derivados de la compra". En la reunión, el máximo responsable regional del partido informó también de que ya había "una arquitecto ttrabajando en el proyecto de adecuación para la sede", que el plazo para devolver el préstamo hipotecario era de 12 años "aunque la intención es amortizarlo lo antes posible" y que se estaba intentado adquirir otro local contiguo. Todo ello en sólo 20 minutos y sin que el acta refleje preguntas o intervención de ningún otro miembro del Comité. 

Fuentes jurídicas también llaman la atención sobre los honorarios que cobró el arquitecto que elaboró las memorias para que la remodelación obtuviera el visado preceptivo: sólo 1.050 euros, IVA incluido. Y ello a pesar de que este profesional, Javier Arizcuren Casado, propietario del estudio Arquinomio, tuvo que hacer un segundo proyecto complementario del primero después de que el PP adquiriera finalmente un local contiguo para ampliar el espacio de la nueva sede. En la documentación incorporada al sumario aparecen tres documentos relacionados con dichos honorarios: la factura del propio arquitecto, la orden de pago del PP y una fotocopia del cheque con el que se abonó el importe. Curiosamente, en los dos primeros figura la expresión "primer pago" pese a que no consta ningún otro abono por este concepto. El propio Javier Arizcuren hizo público hace unos días una nota en la que justificaba el bajo precio de su trabajo en que sólo facturó los gastos ya que no pretendía "obtener beneficio económico por este trabajo". El arquitecto recalcaba que con ello pretendía "ayudar, en la medida de mis posibilidades, a un partido político con el que me siento identificado" y que la legislación ya vigente entonces no fijaba ningún tipo de tarificación obligatoria para este tipo de trabajos. También desligaba aquel 'favor' de sus trabajos para la administración regional: "Ninguna administración, de ningún color político, me ha tratado de forma preferente mientras he ejercido mi profesión de arquitecto", aseguraba.

Investigado desde mayo

La investigación sobre la adquisición y remodelación de la nueva sede en Logroño del PP la inició el juez Ruz el pasado mes de mayo, cuando solicitó los libros de contabilidad del partido en esta región junto a los de otras cinco delegaciones autonómicas y provinciales de la formación que figuraban mencionadas en los 'papeles de Bárcenas'. No obstante, no fue hasta octubre cuando el magistrado concentró buena parte de sus esfuerzos en investigar el verdadero sentido del apunte contable que reflejaba la supuesta entrada de200.000 euros de dinero negro en las arcas de Génova procedentes del PP de La Rioja. Entonces, el juez dictó un auto en el que ordenaba a los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) que realizara un informe sobre dicho movimiento y la posterior salida por transferencia de la misma cantidad de vuelta a las arcas de la formación regional. Para ello, puso a disposición de la IGAE la contabilidad del PP que ya se había incorporada entonces a la causa, así como la transcripción de la declaración que Bárcenas hizo el julio ante el juez y copia de la documentación que éste había entregado en el juzgado aquel día. Tres meses después llegaba el análisis de la IGAE y el juez citaba a declarar a los dirigentes riojanos del partido a los que finalmente reclamó la documentación.

El PP gastó en total cerca de 1,5 millones de euros en su nueva sede. Algo más de 1 millón corresponden a dos créditos hipotecarios concedidos por el Santander

De ésta, el juez ya ha podido comprobar que los 'populares' adquirieron a Iberdrola Inmobiliaria un piso y dos locales en el número tres de la Avenida Duquesa de Victoria de Logroño por los que pagaron 800.000 euros mediante un cheque. Ese mismo día, el secretario general y la gerente de la formación, que habían recibido poderes notariales del propio Bárcenas y su antecesor en la tesorería de Génova 13, Álvaro Lapuerta, firmaron con el Santander un préstamo de 900.000 euros. Meses después, la formación consiguió adquirir otro local en el mismo inmueble a una particular, por el que pagaron 309.000 euros. También en la misma jornada, solicitaron un nuevo préstamos hipotecario, en este caso, de 120.000 euros, lo que elevó la deuda con el banco a algo más de 1 millón de euros. Un cifra que se quedaba ligeramente por debajo de lo que el PP había abonado por los tres locales y el piso, y que ascendía a 1.109.000 euros. A esta cantidad le sumaron posteriormente los 317.840 euros de la reforma que reflejan las trece facturas.

En total, el PP gastó cerca de 1,5 millones de euros en 2008 en dotarse de una nueva sede en la capital riojana que, según declararon ante el juez Ruz los dos dirigentes que han comparecido como testigos, se cubrieron con el dinero de los dos préstamos hipotecarios, los propios recursos del partido, donativos de los afiliados y "la ayuda de la sede nacional", en referencia a los 200.000 euros que investiga el magistrado. Según manifestaron en la Audiencia Nacionaltanto  Cuevas y como su compañera, esta cantidad se la remitieron desde Génova "a fondo perdido" y sólo se enteraron de que les habían transferido al mirar el extracto de la cuenta en la que fue ingresado el dinero. Una explicación que convenció tan poco al magistrado como ahora los sobrecoste, los 'mini-honorarios' del arquitecto y las 'actas express' de la Ejecutiva del partido en el que se aprobó la operación urbanística bajo sospecha.


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