EL SUMARIO DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Ruz pide nuevos informes a UDEF y Hacienda para reactivar la investigación de la ‘Gürtel andaluza’

El juez ha recibido una denuncia de trabajadores del Ayuntamiento de Jerez con documentos no conocidos de las supuestas irregularidades del consistorio que encabeza la senadora 'popular' María José García-Pelayo.

Imagen de archivo del juez Pablo Ruz.
Imagen de archivo del juez Pablo Ruz. EFE

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha decidido reactivar con nuevos informes una de las piezas separadas del sumario del ‘caso Gürtel’ que parecía estancada desde hace meses. Se trata, en concreto, de la que investiga las supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la adjudicación en 2004 de diversos actos en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) a dos sociedades de la trama presuntamente liderada por Francisco Correa. La decisión la ha tomado después de que un grupo de trabajadores del consistorio haya hecho llegar a la Fiscalía gaditana, y esta a su vez a la Audiencia Nacional, un escrito de denuncia en el que incorpora documentación desconocida hasta ahora sobre este supuesto fraude, entre ellos un informe de la interventora del consistorio que desaconsejaba la adjudicación.

La denuncia ha sido presentada por un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Jérez que no se identifica por temor a las represalias

Estas pesquisas se iniciaron hace ya tres años, pero hasta el pasado mes de febrero, y tras un estudio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), no había registrado avances significativos. En aquel documento policial se mencionaba expresamente a la senadora del PP y actual alcaldesa de la localidad gaditana, María José García-Pelayo, y a Isidro Javier Cuberos, quien fuera mano derecha de Javier Arenas en el Ministerio de Trabajo, por su vinculación con aquellos contratos. Sin embargo, aquel informe de febrero de no había tenido continuidad y las pesquisas parecían de nuevo estancadas... hasta que recientemente llegó a la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía Provincial de Cádiz con la denuncia de un grupo de técnicos municipales que no se identifican por temor a las represalias.

En este documento, los denunciantes aportan copia de laquellos contratos con las empresas de la trama Gürtel, y que ya obraban en el sumario, pero también un informe de la interventora del Ayuntamiento que, días antes de que se firmara la adjudicación de los mismos, advertía que la alcaldesa y su equipo no eran los competentes para realizar dicha contratación. Tras la entrada de la denuncia, Ruz ordenó el pasado viernes a la Policía y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, organismo dependiente de Hacienda) realizar sendos informes. Así lo revela una providencia dictada por el juez ese mismo día y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En dicho escrito, el magistrado también da traslado de la misma a las dos fiscales de Anticorrupción que llevan el caso.

Contratos por más de 200.000 euros

Los hechos investigados se remontan a la última semana de enero de 2004, cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela del equipo de gobierno ‘popular’ del consistorio, adjudicó de forma supuestamente "irregular" varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en FITUR de aquel año, para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre y por la organización de una fiesta flamenca en el Parque del Retiro, también de la capital. Todo ello por un valor de 214.027 euros. Tras estallar el 'caso Gürtel', una de las acusaciones presentes en el sumario ya pidió en 2011 investigar dichas adjudicaciones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entonces instruía el caso, dio entonces carpetazo al asunto.

La investigación sobre aquellas adjudicaciones fue archivada en 2011, pero Ruz la reabrió el pasado mes de febrero tras recibir un informe de la UDEF

Esta línea de investigación quedó de este modo arrumbada, hasta que la UDEF elaboró el pasado 28 de febrero un informe que apuntaba la existencia de supuestas irregularidades en el ayuntamiento gaditano en aquellos contratos, lo que permitió al juez Ruz reiniciar la investigación sobre la ya denominada 'Gürtel andaluza'. Para elaborar dicho informe, los expertos policiales habían cruzado la documentación intervenida en dos registros efectuados en febrero de 2009. En concreto, los que se realizaron entonces en el piso del número 40 de la calle Serrano, donde la trama de corrupción tenía su 'cuartel general', y en la nave industrial que Easy Concept, una de las principales empresas de la red, tenía en el Polígono Ventorro del Cano, en la localidad madrileña de Alcorcón.

En la primera de estas diligencias, denominada dentro del sumario con el nombre R-5, la Policía localizó en su día abundante documentación referida a los actos de campaña que la trama había organizado para el PP así como numerosos detalles sobre las dádivas en forma de viajes que la red daba a diversos cargos del partido a través de la agencia Pasadena. En el segundo registro, R-13 Bis, se encontraron abundantes facturas de los eventos organizados por Easy Concept para los 'populares', tanto a nivel local como regional y nacional. En esta avalancha de documentos intervenidos en ambos registros, los agentes terminaron localizando a comienzos de este año 16 documentos relacionados con la adjudicación bajo sospecha del Ayuntamiento de Jerez

Facturas, hojas de costes, emails...

Así, en la nave del polígono de Alcorcón, la UDEF halló las hojas de costes de los tres actos que hizo Special Events SL, todas ellas a nombre de Isidro Cuberos; copia de los contratos que la trama firmó con el consistorio jerezano y diversas facturas referidas a los mismos, así como copias impresas de los correos electrónicos que habían intercambiado varios integrantes de la trama con el hombre de confianza de Arenas. En el disco duro de uno de los ordenadores del cuartel general de la red en la calle Serrano los agentes localizaron más correos electrónicos en los que figuraba Cuberos como emisor o receptor de los mismos, además de alguna factura en papel. Por todo ello, el informe de la UDEF terminaba adjudicando al colaborador del que fuera ministro de Trabajo un "papel fundamental" en la adjudicación de los contratos bajo sospecha e, incluso, le señalaba como el presunto intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez. Labor por lo que supuestamente cobró una comisión de 53.355 euros.

La Policía recuperó 16 documentos intervenidos en dos registros realizados en 2009 a empresas de la Gürtel para elaborar el informe que permitió reabrir la investigación

El informe policial también destacaba que el nombre de la senadora García-Pelayo figuraba en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo por las empresas de la Gürtel en su calidad de alcaldesa y de presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo. La UDEF detallaba además que constaba su "antefirma y firma" en los documentos, aunque la Policía añadía que la rúbrica que aparecía bajo ellas era la de otra persona autorizada. En concreto, la de Bernando Villar, teniente de alcalde y delegado municipal de promoción en aquel momento. En los documentos también figuraban las firmas de Manuel Báez, que ejercía de secretario del Instituto de Jerez, y de Pablo Crespo, 'número 2' de la trama y en ese momento consejero delegado de Special Events, una de las empresas clave de la red empresarial de la organización de Correa.

El informe de la UDEF dedicaba, incluso, un pequeño apartado específico a la alcaldesa al hacer una relación de "personas intervinientes" en la concesión de los contratos. En él, los agentes detallaban tanto los puestos que ocupaba cuando se firmaron los contratos -alcaldesa y presidenta del Instituto de Promoción- como que en la actualidad seguía al frente del consistorio gaditano y era "senadora nacional por la formación política Partido Popular por la provincia de Cádiz". En el Congreso Regional del pasado mes de marzo, García-Pelayo fue nombrada además por el nuevo líder andaluz, Juan Manuel Moreno, presidenta del Comité de Gobiernos Locales, un órgano colegiado del PP andaluz integrado como tal en la Ejecutiva autonómica.


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