'OPERACIÓN TOSCA'

El juez imputa al 'número 3' de Imbroda y a otros dos consejeros por el amaño de contratos en Melilla

Son el vicepresidente de Economía y Hacienda y los responsables de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. A ellos se suman otros dos antiguos integrantes del Ejecutivo de la ciudad autónoma. De los cinco, dos estaban ya encausados tras las detenciones de octubre de 2013. Ayer el líder 'popular' negaba la existencia de corrupción y sólo admitía "irregularidades administrativas".

Imagen de archivo de Juan José Imbroda, presidente de Melilla.
Imagen de archivo de Juan José Imbroda, presidente de Melilla. EFE

La ‘Operación Tosca’ hace tambalearse al Ejecutivo melillense del 'popular' Juan José Imbroda. Tres de sus integrantes han sido imputados este miércoles por su presunta implicación en la trama de amaños de contratos públicos destapadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata, en concreto, de su 'número 3', el vicepresidente de Economía y Hacienda, Daniel Conesa Mínguez, que también ocupa el puesto de secretario de Estrategias Políticas del PP en la ciudad, y de los consejeros de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente, Francisco Javier Calderón Carrillo y José Ángel Pérez Calabuig. Éste último ya estaba encausado en el mismo sumario desde octubre de 2013, cuando el Instituto armado realizó las primeras detenciones en la entonces llamada 'Operación Ópera'. Todos ellos comparecerán en los próximos días ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, acusados de los presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho.

Tres de los cinco consejeros y exaltos cargos imputados ayer ocupan también un puesto en el Comite Ejecutivo del PP del Melilla que preside Imbroda

Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación, que añaden que también se comunicó ayer la imputación a dos exconsejeros de Imbroda. Se trata de Ramón AntónMota y Ramón Gavilán Aragón, antecesores, respectivamente, de Calderón y Pérez Calabuig al frente de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, dos de las cinco consejerías bajo sospecha de haber cometido fraude en la adjudicación de contratos. Ambos son, además, "vocales natos" del Comité Ejecutivo regional del PP. Fuentes cercanas a Ramón Gavilán, quien ya se encontraba ¡mputado en la causa desde la 'Operación Ópera', confirmaron a este diario que este miércoles había recibido del juzgado un "emplazamiento para comparecer" ante el magistrado, pero aseguraron desconocer en qué situación judicial. Vozpópuli intentó contactar durante la tarde de ayer con el resto de imputados, pero nadie respondió a los teléfonos de sus departamentos.

La imputación de los tres actuales consejeros del ejecutivo de la ciudad autónoma vino precedido hace meses por el registro de las sedes de sus departamentos. En febrero de 2014, la UCO realizó una primera fase de la 'Operación Tosca', que entonces no transcendió a la opinión pública, en la que entraron en tres consejerías y dos empresas privadas. Las primeras fueran la de Medio Ambiente, ya registrada durante las detenciones de octubre de 2013, la de Economía y Hacienda, y la de Fomento. Los agentes buscaban nueva documentación sobre el supuesto amaño de contratos. Además, los agentes de la UCO visitaron las oficinas de Hispanagua y Eulen, dos mercantiles que en los últimos años habían recibido numerosas adjudicaciones del gobierno de la ciudad autónoma.

Imbroda niega la corrupción

La imputación de los tres consejeros y los dos exaltos cargos del Ejecutivo se produce el mismo día que Imbroda ha dado una rueda de prensa en la que ha negado la existencia de corrupción en la ciudad autónoma y su gobierno. Imbroda, a quien hace sólo unos días el Tribunal Supremo ha decidido investigar precisamente por un delito de prevaricación por la contratación supuestamente irregular de un abogado al que pagó con fondos públicos, admitió que su equipo podía haber incurrido en "irregularidades administrativas" como las hay "en el Gobierno nacional, en cualquier comunidad de España y en cualquier ayuntamiento, en todos los sitios". El líder del PP melillense realizó una cerrada defensa de los funcionarios "que ayer [por el martes] tuvieron problemas entre comillas", aunque en ningún momento hizo referencia a la imputación de los tres miembros de su actual equipo y de sus dos antiguos consejeros.

Con los tres consejeros y dos exaltos cargos, ya son al menos diez las personas relacionadas con la Administración melillense imputadas en la 'Operación Tosca' 

Con ellos cinco, ya son diez las personas de la Administración de la ciudad autónoma que aparecen encausadas en el sumario que instruye el juez Ramírez Peinado. El martes, los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO ya habían detenido a cinco dentro de los 15 arrestos que hicieron aquel día. Entre ellos se encuentraban el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, y técnicos de la viceconsejería de Festejos. Hay, además, otros diez arrestados y una quincena más de imputados, la mayoría de ellos relacionados con las cuatro empresas supuestamente implicadas en la trama: Eulen, Himosa, Hispanagua y la sociedad pública Proyecto Melilla SA. Uno de los detenidos es, precisamente, la gerente de esta última, Carolina Gorgé. También fue arrestado en Lanzarote Gerardo Díaz, gestor de Canal Gestión de esta isla canaria, aunque su supuesta implicación está relacionada por el puesto que ocupó hasta 2013 en una de las mercantiles investigadas, Hispanagua.

Los investigadores creen que tanto los 15 detenidos como los 20 imputados forman parte de una trama que "fraudulentamente gestionaba fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general", según explicaba la Guardia Civil en una nota de prensa que hicieron pública tras los arrestos. "De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos", añadía. Fuentes cercanas a las pesquisas reconocen que aún no han detectado entregas de dinero o regalos, pero si favores como dar puestos de trabajo a familiares de los políticos en las mercantiles de la trama.

EL IMPUTADO QUE PRESUMÍA DE HABER ASISTIDO AL ÚLTIMO GARROTE VIL

Entre los imputados ayer por el juez Ramírez Peinado, destaca la biografía del exconsejero de Seguridad Ciudadaba, Ramón Antón Mota. Según el currículum que el propio Ejecutivo melillense hizo público al concederle una medalla en 2011, cuando ya había abandonado su puesto en el Gobierno de Imbroda pero continuaba como su asesor, se destacaba que durante su etapa de Policía "habia estado en comisión de servicios en Bilbao, Pamplona, Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona (con motivo de la última ejecución que hubo en España, la de Puch (sic) Antich, a la que asistió el Delegado Gubernativo)". Un llamativo mérito que, además, contenía dos errores. Uno al escribir el primer apellido del anarquista ajusticiado por el franquismo, ya que en realidad era Puig. Y otro al afirmar que era la última pena de muerte aplicada en nuestro país, ya que a finales de 1975 se fusiló a cuatro miembros del FRAP y os de ETA. Lo único cierto es que sí fue la última en la que se utilizó el trístemente célebre garrote vil.

En la misma relación de méritos con la que Imbroda pretendía justificar la medalla, Antón Mota incluyó que había ingresado "en el antiguo Cuerpo Superior de Policía en 1970, siendo destinado al País Vasco (Irún), donde se declara por primera vez estado de excepción tras los continuos incidentes de orden público”. También resaltaba que estuvo destinado en Granada "con ocasión del secuestro de la esposa del consul de Alemania y la visita de S.S. el Papa" y que fue "jefe del gabinete de prensa" del Cuerpo Nacional de Policía. Una larga relación de méritos que llevó a los tres partidos de la oposición en Melilla a cotar en contra de que se le concediera la medalla. Imbroda hizo oídos sordos y se la impuso.


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