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Muchos riesgos, escasos beneficios: Soria se queda sin argumentos para buscar petróleo en Baleares

Tras la concesión de Industria a la empresa Capricorn Spain de los permisos para la investigación de hidrocarburos en el área levantino-balear, es Medio Ambiente quien tiene la última palabra. El impacto que tendría el proyecto en el ecosistema marino y en la economía ha levantado en armas al gobierno insular y a los sectores del turismo y la pesca.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente autonómico Carlos Fabra durante su visita a las instalaciones de El Castor.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente autonómico Carlos Fabra durante su visita a las instalaciones de El Castor. EFe

"Esto no es el Golfo Pérsico". No solo las organizaciones ecologistas, también cofradías de pescadores y hasta los propios representantes políticos baleares coinciden. El empeño del ministro de Industria, José Manuel Soria, por buscar petróleo en las profundidades del mar Mediterráneo es considerado como un auténtico atentado, de terribles consecuencias, contra uno de los entornos naturales de mayor valor. El ministro justifica la colocación de una enorme planta petrolera en las aguas entre Valencia y las islas Pitiusas para la búsqueda de hidrocarburos en el lecho marino porque, según él, se reduciría la dependencia energética que acusa España, además de crear puestos de trabajo. De acuerdo, ¿y si hubiera petróleo? No solo se estima que en todo caso el botín sería escaso, sino que España no obtendría ningún otro beneficio más que el canon por hectárea que percibiera por la concesión, porque la empresa explotadora puede hacer con el crudo que extraiga lo que quiera y vendérselo a quien considere.

La Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos establece en el artículo 24.3 que “los titulares de una concesión de explotación de un yacimiento podrán vender libremente los hidrocarburos obtenidos”. Por tanto, los beneficios para España de los que habla Soria serían en todo caso para la empresa Capricorn Spain Limited -una compañía privada, no estatal- que es a quien se le otorgó la búsqueda de petróleo. Sin embargo, el impacto negativo en la fauna marina y la pesca sí serían un hecho desde el mismo momento en que se procediera a la instalación de la plataforma y a la realización de sondeos acústicos a base de ‘cañonazos’. Diversos informes (Universidad Politécnica de Valencia, Unesco, grupos ecologistas, etc) alertan de las consecuencias de las prospecciones en el mar, entre ellas la reducción de las zonas pesqueras, el alto riesgo de vertidos y consecuencias nefastas para muchas especies marinas.

 Canarias produciría entre 100.000 y 150.000 barriles de crudo diarios, pero las reservas estimadas del Golfo de Valencia son mucho menores. España consume diariamente 1,3 millones de barriles

La planta petrolífera Casablanca, situada a 50 km de Tarragona y explotada por Repsol, puede servir como referencia. Dicho yacimiento ha multiplicado por cuatro su producción llegando a extraer 8.000 barriles de crudo diarios en 2013, pero aun así es una cantidad ínfima para la demanda de España, que consumió más de 1.300.000 barriles al día en 2012 y que importa el 99% del crudo. Los beneficios (sin olvidar que Capricorn Spain podrá vender el petróleo al mercado internacional) en comparación con los enormes perjuicios ecológicos y económicos. Huele a otro tipo de intereses, coinciden varias fuentes consultadas. En Canarias, donde Soria también está empeñado en llevar a cabo perforaciones y donde el Gobierno autonómico también se opone, los trabajos se han adjudicado precisamente a Repsol. Las reservas estimadas del área que abarca más de 6.100 kilómetros cuadrados entre Marruecos y las Islas Canarias es de 1.200 millones de barriles según la petrolera (entre 100.000 y 150.000 barriles diarios); en el Golfo de Valencia se reduce a 272 millones. 

Movilización total

El documento ambiental presentado inicialmente por la compañía fue criticado por el Consell de Ibiza y por Ecologistas en Acción, porque el área de adquisición de datos sísmicos excede el área para el cual se tiene la concesión administrativa. Despues, dicha superficie ha sido significativamente reducida en el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa sometido a información pública, contra el que ya se han recogido en torno a 30.000 alegaciones y otros miles de peticiones electrónicas. Ahora, el proyecto está pendiente de los permisos del Ministerio de Medio Ambiente, quien emitirá en unos meses la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), dando luz verde o impidiendo el plan. Mientras, en el área levantino-balear ven cada vez más cerca la amenaza, por lo que la movilización es total. Desde el presidente balear, José Ramón Bauzá, al presidente del consell de Ibiza, Vicente Serra, pasando por Abel Matutes, con importantes negocios e intereses en la isla, se han rebelado contra el ministro de su partido. Serra se reunió esta semana con responsables de Industria y Medio Ambiente, y del encuentro nació el compromiso de que se tendrán muy en cuenta los informes ambientales. 

El Ministerio de Medio Ambiente aún debe revisar el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa para después emitir la Declaración Impacto Ambiental (DIA), lo que dará luz verde al proyecto o lo paralizará

Al margen de la mediática campaña 'Ibiza dice no' a la que se ha sumado el elenco de famosos asiduos a los veranos de Ibiza, hay todo un movimiento. Solo la Alianza Mar Blava integra a los ayuntamientos ibicencos, los consells de Ibiza y Formentera, empresas y asociaciones relacionadas con el turismo y el ocio, sindicatos y grupos ecologistas, entre otros. Son muchos, pero su poderosa resistencia no ha evitado una derrota judicial: el Tribunal Supremo rechazó los recursos presentados por la Generalitat Valenciana y por los ayuntamientos de Valencia, Cullera y Gandía.

A la espera de los permisos ambientales

Todo empezó en 2010, cuando España, con Miguel Sebastián (PSOE) como titular de Industria, concedió a Capricorn Spain Limited, filial de la petrolera escocesa Cairn Energy los permisos de investigación de hidrocarburos denominados ‘Alta Mar 1’ y ‘Alta Mar 2’, a escasos 35 km de las costas de la isla de Ibiza, y en 2011 la sociedad Medoil le cedió además los permisos de Benifayó, Albufera y Gandía. Sin embargo, pese a tener el ‘ok’ de Industria, que el proyecto se lleve a cabo o no depende ahora del ministerio de Arias Cañete. Este proceso deberá repetirse en cada una de las tres fases -exploración, perforación y explotación (6 años)-, en las que deberá pronunciarse la autoridad medioambiental. Si su veredicto fuese negativo y determinara que alguna de esas fases es inviable, el proyecto se paralizaría.

La construcción de la planta petrolera obligaría a restringir las zonas de pesca y se calcula que los recursos pesqueros se reducirían hasta un 50% debido a la huida y muerte de peces a causa de los sondeos acústicos

La concesión de la autorización para investigarno es una garantía total para finalmente poder llevar a cabo los trabajos y está supeditada a los permisos medioambientales. Además, según la Ley, "el titular de la concesión podrá renunciar total o parcialmente al finalizar cada uno de los periodos exploratorios" siempre que haya cumplido con la inversión prometida, lo que deja sin sustento el otro argumento de Soria de que hay que seguir adelante para no tener que indemnizar a la empresa y perder dinero. Podría darse una renuncia si se diera el caso de que Medio Ambiente limitase las áreas de actuación o cambiase las condiciones de forma que la compañía decidiera abandonar. Es lo que ha ocurrido con la cuadrícula -como se denominan las zonas- de la Albufera, donde la presión social y la cercanía a la costa (a solo 3 km de Cullera) han llevado a Capricorn Spain a abandonar los trámites para su exploración.

Exploración, una primera fase muy agresiva

La primera de las tres fases es la de exploración e investigación. La también llamada campaña de adquisición sísmica consiste en la búsqueda de depósitos de hidrocarburos en el subsuelo marino y para ello se utiliza la técnica de sondeos acústicos. Cañones de aire comprimido disparan burbujas de aire a alta presión a hasta 7.000 metros de profundidad. Las señales recibidas sirven a los geólogos como información para hacer un retrato de las formaciones rocosas situadas debajo del lecho marino y así poder detectar la existencia de hidrocarburos. Las explosiones de hasta 265 decibelios -equivalente a una carga de dinamita de 30 kg- se producirían cada 10 segundos, 24 horas al día durante 4 meses. La empresa quiere empezar con esta fase de investigación en octubre de este año, por lo que estos trabajos se prolongarían hasta febrero de 2015.

La zona de adquisición de datos se sitúa en las proximidades de 66 espacios naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000

No por ser la fase de investigación es la menos agresiva. Todo lo contrario. Según el documento de observaciones de Ecologistas en Acción, la zona de adquisición de datos se sitúa en las proximidades de 66 espacios naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000. Además, tras la exploración sísmica vendría la perforación de pozos para confirmar la presencia, la calidad, la cantidad de hidrocarburos, una actividad muy costosa y peligrosa por el riesgo de vertidos. Una vez testado el producto, el pozo se sellará definitiva o temporalmente a la espera de las nuevas autorizaciones que permitan proceder a la extracción. La planta de Tarragona ha provocado una veintena de vertidos en los últimos diez años, recuerda Julio Barea, responsable de Energía de Greenpeace. Una catástrofe ecológica en Baleares sería desastroso para su economía, ya que sus playas y su entorno natural son el mayor reclamo de su principal fuente de ingresos: el turismo, que deja 2.300 millones al año. "¿Cuál es el futuro de Baleares? ¿el petróleo?" -se pregunta Barea-. "No, su futuro son sus playas, la pesca, el turismo".

Fuente: Alianza Mar Blava

"Si se hace esto aquí, se deja de pescar"

Juan Antonio preside la Cofradía de Pescadores de Denia y, como el resto de sus compañeros de profesión, está profundamente preocupado e indignado a partes iguales. Denuncia que los pescadores hayan sufrido durante años la reglamentación de recursos marinos que acota zonas, reduce horas de trabajo e impone medidas para las artes de pesca, llevándoles a "niveles de subsistencia" mientras "ahora los mismos que obligan a proteger la biodiversidad den entrada a una multinacional sin pensar en la conservación". Este pescador señala los dos males que conllevaría la construcción de la planta petrolera. Por un lado, la instalación de las propias torres impedirá pescar en la zona, alrededor de la cual se establecerá una especie de perímetro de seguridad; y por otro, un daño perpetuo originado por los residuos materiales contaminantes que queden tras el desmantelamiento de las instalaciones. Recuerda que en Denia ya hubo una plataforma que se quitó porque no era rentable, pero en el fondo marino quedaron residuos como tubos y metales que intentan evitar cuando faenan, lo que también reduce el territorio de pesca. 

"Si hubiera el petróleo que hay en Kuwait, pues viva el petróleo, pero no es el caso. No se está protegiendo al país y todo lleva a pensar que alguien está haciendo algún favor"

Los representantes políticos, en tanto en cuanto son quienes legislan y toman las decisiones, son el objetivo de las críticas. "Uno lo firmó y otro lo ratifica", asegura Juan Antonio refiriéndose al Gobierno predecesor y al actual. "Si no actuaran por interés personal podrían escuchar a la ciudadanía y declarar esto ilegal. Con voluntad política esto se para". Insiste además, en que las prospecciones van a destruir el ecosistema, la pesca y el turismo a cambio de nada. "Si hubiera el petróleo que hay en Kuwait, pues viva el petróleo, pero no es el caso. No se está protegiendo al país y todo lleva a pensar que alguien está haciendo algún favor". Según indican los estudios, los recursos pesqueros se reducirán hasta un 50%. "Si se hace esto aquí se deja de pescar", sentencia. 

Huida y muerte de fauna marina

La zona, considerada una joya natural, ofrece lugares de enorme y reconocido valor ecológico. Según explica Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción del País Valenciano, la principal afectada será la fauna marina. Las intensas emisiones sonoras provocarán la huida de grandes poblaciones de peces y las especies que no se puedan alejar, como crustáceos, morirán, al igual que las larvas. La otra gran preocupación son los mamíferos y las tortugas marinas. El área donde se quieren buscar hidrocarburos coincide con una zona de especial importancia conocida como corredor de cetáceos (delfín común, delfín mular, cachalote...) a través del cual estas especies migran entre el Mar de Alborán y el Mar de Liguria.

En un radio de un kilómetro alrededor del barco de prospección se declarará zona de exclusión para evitar que entre algún mamífero, pero su sensibilidad a la contaminación acústica les hace especialmente vulnerables. La fácil propagación de las ondas acústicas de los primeros trabajos hace que lleguen a zonas muy alejadas de las fuentes de emisión por lo que, además de poder ocasionar daños fisiológicos a los cetáceos, estos sonidos externos podrían entremezclarse con los que ellos utilizan para viajar en manada, alimentarse o comunicarse con las crías, dando lugar a que puedan despistarse y perderse del grupo e incluso cambiar hábitos de vida. La reducción drástica de las poblaciones de peces de la zona, afectaría en última instancia a los recursos tróficos. "En el estudio ambiental se minimizan todas estas consecuencias, pero es muy grave", alerta.  


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