LA IMPUTACIÓN DE LA HIJA DEL REY

La infanta alega que no es igual ante la ley: el juez debió tener "especial cuidado"

El escrito presentado por la hija del rey contra el auto que la imputa recalca que el magistrado debió tomar "en consideración" su condición de personaje público "vinculado a instituciones centrales del Estado". La mujer de Urdangarín considera que su citación para declarar supone "un juicio de condena provisional multiplicado por el papel social de los medios de comunicación"

Donde el rey dijo "la justicia es igual para todos", la infanta Cristina asegura que para imputar a "ciertos personajes públicos" los jueces deben tener "especial cuidado" a la hora de valorar los indicios contra ellos. La defensa de la hija del monarca presentó este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el escrito por el que se oponen al auto del juez José Castro de imputarla por su presunta implicación en la trama gestada por su marido, Iñaki Urdangarín, y el exsocio de éste, Diego Torres. En el escrito, de 32 folios de extensión y firmado por Miquel Roca Junyent y Jesús María Silva, también destaca que los miembros de la Casa Real no son culpables de las actividades supuestamente irregularidades de las ONG que "disfrutan de un apoyo formal" por su parte, sino que los responsables últimos son "siempre los empleados de ésta" que son los que deben "velar por la adecuación a la legalidad de los objetivos a los que se prestan padrinazgo o apoyo".

El escrito de la defensa de la hija del rey esgrime que las acusaciones lanzadas contra la hija del rey por el exsocio de Urdangarín buscan "introducir un gran volumen de ruido mediático" en la causa 

En el documento, con el cual la representación legal de la infanta se adhieren en su totalidad al recurso interpuesto por la Fiscalía contra la imputación de ésta, los abogados defensores de la hija del rey insisten en que los catorce indicios enumerados por el juez Castro para actuar contra ella son "débiles, inconsistentes e insuficientes". Es en este punto en el que el escrito introduce el hecho de que no es lo mismo adoptar esta medida contra un miembro de la Casa Real que contra otro ciudadano, ya que considera que "para ciertos personajes públicos, especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado, la primera declaración ante el instructor tiene socialmente un sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración". ¿Cómo? Los dos letrados recalcan que en estos casos, la imputación se convierte "en un juicio de condena provisional, multiplicado por el papel social de los medios de comunicación". Por ello, aseguran que el juez debería haber tenido "un especial cuidado en el momento de valorar la solidez de los posibles indicios que hipotéticamente habrían de conducir a la imputación".

Para apoyar dicho argumento, Roca y su compañero esgrimen también que la imputación de la infanta está sustentada únicamente en las declaraciones del exsocio de Diego Torres, también encausado, y aventuran que el objetivo último de éste es "introducir un gran volumen de ruido mediático". Un detalle, este último, que el escrito considera "cuestión esencial", ya que considera que el antiguo amigo de Urdangarín puede tener "un móvil espurio de odio, una animadversión o una enemistad o enfrentamiento manifiesto" hacia la hija del rey. Por ello, consideran que la credibilidad de la declaración de Torres en la que implicaba a la infanta en la gestión del Instituto Nóos, el epicentro de la trama, es "nula". "Hay aspectos de ella que son radicalmente falsos", remachan en el documento presentado ante el juez, en el que también se destaca que Torres abusa "del ejercicido del derecho de defensa" y que ha conseguido que "el juez de instrucción sea instrumentalizado para conseguir fines ajenos al proceso". Los abogados de la infanta recuerdan que, en su condición de encausado, el exsocio de Urdangarín tiene "licencia para mentir".

"Confianza especial" con su marido

También es significativo cómo la defensa de la infanta Cristina marca distancias con el marido de ésta en el proceso. Así, destaca que los conyuges "sólo tienen deberes de impedir o denunciar delitos cuando éstos atentan contra la vida, integridad, salud, libertad o libertad sexual. Es evidente que en esta pieza separada no se están investigando hechos de esta naturaleza", recalca. En esta línea, insiste que "en una relación conyugal" existe siempre una "confianza especial" hacia la actuación de la pareja, que en el caso de la hija del rey, además, "se veía reforzada" por la presencia en el Instituto Nóos de "una persona situada en la posición de garante de control", en este caso el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga. Por ello, considera que "la posibilidad de que nuestra defendida ya no pudiera confiar razonablemente en la licitud de la actividad de su esposo no es más que una suposición sin fundamento objetivo".

Miquel Roca es especialmente duro con el juez Castro, al que acusa de basar en "conjeturas personales" para encausar a la infanta Cristina y de haber actuado como la 'Inquisición' contra ella

En este punto, el escrito destaca que "tras conocer las primeras polémicas mediáticas sobre su participación en el Instituto Nóos" en diciembre de 2005, la infanta sólo tardo tres meses en dimitir como miembro de la junta directiva de la ONG y que ya no entró a formar parte del patronato de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), la entidad con la que Urdangarín y Torres intentaron mantener sus actividades tras recibir el toque de atención por parte de Zarzuela. "Es decir, ajustó su conducta de modo escrupuloso al estándar de actuación conforme al principio de confianza", añade. Por todo ello, concluye que en el sumario "no hay ningún dato" del que se pueda "inferir directamente una hipotética actuación de carácter delitivo o que se salga de lo que es normal en el ámbito de las relaciones matrimoniales", se destaca en el escrito.

La defensa de la hija del rey es especialmente dura con el juez Castro, al que acusa de basarse en "conjeturas personales" para sustentar la imputación. "A estas alturas del procedimiento [el magistrado reconocía en el auto que estaba en la fase final de la instrucción] parece razonable exigir una mayor consistencia en los indicios racionales de criminalidad que conduzcan a un juicio procesal de imputación", añaden. Incluso, llega a afirmar que su actuación en este último trama de la causa parece "más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo" que del que se debe desprender de la Constitución española.

Gran parte del escrito de Roca y Silva se centra también en rebatir la validez de los polémicos correos electrónicos incorporados a la causa por Diego Torres y que el magistrado esgrimió en su auto como sustento clave en cinco de los catorce indicios contra la hija del rey. Así, destaca que uno de ellos se redacta cuando el Instituto Nóos carece de actividad por lo que "no puede ser relevante para los hechos que se están investigando en la presente pieza separada". De un segundo, el único en el que la propia infanta es receptora, destaca que el mismo se dirige "a un gran número de personas, concretamente setenta y seis" y que, por tanto, del mismo "no puede exteriorizarse un hipotético contenido delictivo". 


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