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La Generalitat Valenciana promueve una nueva ley para evitar su propio maquillaje contable

La Generalitat Valenciana promueve una ley para protegerse de sí misma y evitar el maquillaje contable que ha denunciado Bruselas. El consell vigilará "endeudamiento y contabilidad" de "organismos tales como Feria de Valencia o Universidades", también investigadas por Eurostat. 

La Generalitat Valenciana promete mecanismos para evitar el maquillaje contable
La Generalitat Valenciana promete mecanismos para evitar el maquillaje contable EFE

La Generalitat Valenciana promueve una ley para protegerse de sí misma. Ante las acusaciones de maquillaje contable denunciadas por Eurostat y que han puesto bajo sospecha los gastos sanitarios y los de universidades y Feria de Valencia, el gobierno autonómico ha respondido negando las irregularidades primero y planteando inmediatamente después una nueva Ley de Hacienda Pública que propone literalmente vigilar “el endeudamiento y contabilidad (...) de organismos tales como la Feria de Valencia o las Universidades”.

La Generalitat vigilará la Feria de Valencia y las Universidades, investigadas también por Eurostat

El Síndico de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha denunciado ante Eurostat agujeros de 1.864 millones en gastos sanitarios y otros 783,5 en gastos de universidades y Feria de Muestras que habrían escapado a la contabilidad oficial y que Bruselas ya está investigando. La Generalitat asegura ahora que "ha estado trabajando durante los últimos 7 meses en una nueva Ley de Hacienda Pública" que, según recoge en el texto que remitirá a los órganos consultivos en breve, promueve un escrito “enfocado hacia la total transparencia en materia de hacienda pública”. 

La norma obligará al propio gobierno autonómico a someterse a tres novedades: 

  • En primer lugar, cada departamento oficial deberá presentar una memoria de cuánto gasto implica cada una de sus medidas. Será un "informe previo, preceptivo y vinculante (...) de las principales actuaciones con transcendencia plurianual, tanto si se desarrollan en el seno de la Administración de la Generalitat como de su sector público instrumental". Dicho informe deberá ser acompañado, en determinados supuestos que la Generalitat no detalla "de los correspondientes informes de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención General de la Generalitat". 
  • En segundo lugar, se intentará coordinar la tesorería de los "diferentes entes que integran el sector público instrumental de la Generalitat".
  • Por último, se da permiso a la Generalitat para volver a emitir bonos en los mercados "teniendo en cuenta el objetivo de estabilidad fijado para la Comunitat de conformidad con la normativa de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

Paradójicamente, en términos prácticos las dos primeras medidas pueden cambiar poco puesto que la Generalitat ha defendido que sus gastos habían pasado por los preceptivos mecanismos de la Intervención Pública y siempre ha sostenido que no había gastos fuera del presupuesto. La tercera tampoco contiene grandes novedades ya que la sujección a los objetivos de estabilidad viene obligada por el Ministerio de Hacienda desde que Valencia se acogió al Plan de proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 

Una ley para solucionar abusos no reconocidos

Lo más paradójico de la iniciativa de la Generalitat es que supone una solución a un problema que no se reconoce. El consell no se ha cobrado ninguna responsabilidad política, nadie ha asumido culpas, no ha habido ningún cese ni dimisión, ni tan siquiera ha habido comparecencias parlamentarias de los responsables de Hacienda o Sanidad locales solicitadas por la oposición. Sin embargo, el gobierno autonómico sí promueve nuevas normas públicas para evitar el fraude practicado por sus propios dirigentes. "Esta es la primera vez que en el ámbito de la Generalitat se plantea la regulación del régimen jurídico básico de su sector público y ello ocurre en un momento en el que se ha consolidado el proceso de reestructuración del mismo".

El gobierno valenciano sí admite que hay falta de control en cuanto a las subvenciones públicas y asegura que "su regulación se limitaba hasta ahora a cuatro artículos". "La experiencia adquirida desde entonces, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con una regulación autonómica que de forma más amplia y detallada contemple todos los supuestos de hecho que pueden surgir en la concesión de esta clase de ayudas públicas".


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