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Anticorrupción insiste: volverá a oponerse a la imputación de la Infanta

El Ministerio Público prevé, dependiendo del criterio del fiscal encargado de la causa, Pedro Horrach, presentar un nuevo escrito para dar respuesta, "por cortesía", a la consulta formulada por el magistrado a las partes, si bien no variará los argumentos ya expuestos por la acusación a mediados de noviembre. Previsiblemente agotará el plazo de cinco días otorgado por Castro. 

La Fiscalía mantendrá su postura de no imputar a la Infanta
La Fiscalía mantendrá su postura de no imputar a la Infanta Gtres

La Fiscalía agotará previsiblemente el plazo de cinco días otorgado por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, para que las partes se pronuncien sobre si debe o no ser imputada la Infanta Cristina, y lo hará para oponerse de nuevo al encausamiento al no apreciar indicios de delito en la actuación de la hija del Rey Don Juan Carlos al frente de la mercantil Aizoon, según han señalado fuentes de Anticorrupción a Europa Press.

Tal y como han manifestado, el Ministerio Público prevé, dependiendo del criterio del fiscal encargado de la causa, Pedro Horrach, presentar un nuevo escrito para dar respuesta, "por cortesía", a la consulta formulada por el magistrado a las partes, si bien no variará los argumentos ya expuestos por la acusación a mediados de noviembre. Entonces, el fiscal apuntó que las "meras conjeturas" que pesan sobre la Infanta "no constituyen elementos válidos de imputación".

Y es que, en su extenso documento, el fiscal apuntaba a la "inexistencia absoluta de indicios de criminalidad" por parte de la mujer de Iñaki Urdangarin en lo que a presuntos delitos fiscales o de blanqueo de capitales se refiere, y sobre los que se han centrado las investigaciones en los últimos meses ante la posibilidad de que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos se destinó a gastos particulares del matrimonio con el presunto conocimiento del origen ilícito de los fondos por parte de la Duquesa de Palma.

Además, Horrach aseveraba que ninguno de los imputados y testigos a quienes se ha tomado declaración ha citado a la Infanta "como conocedora de las irregularidades referidas al Instituto Nóos o a su marido", y entre estos interrogatorios mencionaba los del asesor externo de la Casa Real, José Manuel Romero, y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.

"Ni en una ni en otra declaración se habla de irregularidades y, mucho menos, de actividades delictivas", recalcaba el fiscal, quien aseveraba así que "carecería de sentido convocar a alguien como imputado a sabiendas de que, salvo que admitiera expresamente su responsabilidad penal, se debería acto seguido sobreseer la causa en cuento al mismo", añadía haciendo suyas las palabras que vertió el juez Castro en uno de sus autos, fechado en marzo de 2012.

En cuanto al posible delito fiscal en que habría incurrido la hija del Rey -al haber facturado a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF-, el fiscal señalaba que de las declaraciones del IRPF de la Infanta correspondientes al periodo de 2003 a 2010 no se desprende "ninguna incidencia reseñable".

Pronunciamiento del resto de acusaciones

Ahora, además del nuevo pronunciamiento de la Fiscalía, también se espera que acusaciones y algunas de las defensas emitan su criterio sobre la pertinencia de imputar a Doña Cristina, tras lo cual se prevé que a finales de año o principios de enero el juez Castro decida si la emplaza a declarar en los Juzgados de Vía Alemania de Palma o si, por el contrario, archiva definitivamente las investigaciones.

El juez tiene además sobre la mesa los numerosos informes presentados por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares y la Agencia Tributaria, el último de los cuales, notificado este lunes a las partes, eleva a un total de 698.824 euros el importe total que los Duques destinaron desde su sociedad Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares.

La mercantil propiedad de la Infanta y Urdangarin se encuentra bajo lupa judicial por haber servido presuntamente de 'tapadera' para blanquear los fondos que de forma supuestamente ilícita recibió el Instituto Nóos y que el matrimonio habría desembolsado en atenciones de índole privada.


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