LA CRISIS DE LA JUSTICIA TRAS EL 'CASO DÍVAR'

El CGPJ considera una declaración de guerra la propuesta de reforma de Ruiz-Gallardón

Vocales tildan de "venganza" y "ataque a la independencia judicial" los cambios propuestos, que algunos llegan a calificar de "inconstitucionales". En el seno de la institución ha calado la idea de que, de salir adelante la iniciativa, el órgano de gobierno de los jueces quedaría practicamente sin competencias. 

Alberto Ruiz-Gallardón, tras el Consejo de Ministros de ayer.
Alberto Ruiz-Gallardón, tras el Consejo de Ministros de ayer. EFE

Resuenan tambores de guerra en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El borrador de reforma de la institución presentada ayer al Consejo de Ministros por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha soliviantado los ánimos en el órgano de gobierno de los jueces hasta el punto de que algunos de los vocales no dudaron en calificarla de "lamentable", de "ataque a la independencia judicial" e, incluso, de "clara venganza por haber dejado caer a Carlos Dívar" tras conocer sus líneas maestras. Minutos después de conocerse éstas, en la sede del CGPJ ya había calado la idea de que, de salir adelante la propuesta el CGPJ, éste se quedará prácticamente sin competencias. Incluso, algunos integrantes de la institución no dudaron en aventurar la "inconstitucionalidad" de la norma. Las asociaciones de jueces también la criticaron con dureza.

Para algunos vocales, es "una venganza por haber dejado caer a Dívar" y un ataque a la independencia judicial

Las grandes novedades de la propuesta, basada en las conclusiones de la comisión de expertos juristas nombrada por el Ejecutivo en marzo para abordar la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, plantea entre otras novedades que sólo el presidente de la institución, que debe ser un magistrado del Tribunal Supremo con al menos tres años de antigüedad en este órgano, tenga exclusividad. Los 20 vocales deberán compaginar su labor en el Consejo con sus funciones jurisdiccionales, y sólo cobrarán dietas por su asistencia a los plenos. Además, el Ejecutivo pretende reducir las actuales trece comisiones que se conforman el órgano de gobierno de los jueces a sólo tres y hacer depender todas las actividades internacionales de sus miembros del visto bueno previo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El sistema de elección de sus miembros, el punto más polémico de la propuesta, ha quedado sin embargo sin fijar, aunque el gobierno defendía en un primer momento que 12 de los puestos fuesen elegidos por sufragio por jueces y magistrados. Gallardón anunció ayer que intentará negociar éste y otros flecos del proyecto con los diferentes grupos políticos, sobre todo con el PSOE, aunque ya insinuó que en caso de no ir todo lo rápido que le gustaría (quiere tener lista la ley para comienzos del año que viene), insinuó que no dudaría en usar la mayoría absoluta del PP para sacarla adelante.

Proyecto "franquista"

Uno de los vocales más duros en sus críticas fue Margarita Robles, integrante del grupo de los 'indignados' que con más beligerancia se enfrentó al presidente Dívar. En conversación telefónica con este diario, Robles calificó la propuesta de "franquista" y aseguró que el objetivo último de Gallardón es "controlar definitivamente a los jueces". Esta vocal considera que una de las decisiones más aireadas por Gallardón, la de que sólo el presidente del CGPJ tenga exclusividad, "no es posible". "¿Cómo un vocal va a seguir poniendo sentencias mientras ocupa su puesto en la institución?", afirmó antes de mostrar su convencimiento de que con su propuesta el ministro de Justicia "sólo pretende poner una cortina de humo para no afrontar los verdaderos problemas que atraviesa la Justicia española".

El anuncio se produce cuatro días antes del pleno en el que el CGPJ va a intentar encontrar sustituto al dimitido presidente

Otros miembros del Consejo, que prefieren mantenerse en el anonimato, destacan también que con la drástica reducción de las diferentes comisiones que conforman el órgano -de las trece actuales, a sólo tres-, quedarán desmantelados órganos claves de la institución. Entre ellos, recalcan, el de inspección, encargada de velar por el buen funcionamiento de los diferentes órganos de la justicia, y la escuela judicial, responsable de formar a los nuevos jueces e impartir a los ya existentes cursos de reciclaje. Ambas funciones, denuncian, pasarían ahora a manos del propio Ministerio. "Una auténtica aberración", recalcan.

Algunos consideran que las prisas de Gallardón para hacer público la propuesta, cuatro días ante del pleno extraordinario convocado para intentar elegir al sustituto de Carlos Dívar, no son gratuitas. "Es un aviso a navegantes para la reunión de martes. Quiere dejar claro que no aceptará cualquier candidato para el puesto", apuntan a la vez que recuerdan las malas relaciones existentes entre el Ministerio y el CGPJ desde antes, incluso, de que saliera a la luz el escándalo de los viajes de su expresidente. Estas fuentes señalan que el Ejecutivo hizo todo lo posible para mantener a Dívar en el puesto y que, incluso, llegó a intenta presionar a algunos vocales a través de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.

Éste, que fue jefe de Gabinete de Dívar hasta que fue reclamado por Gallardón para ser su número 2 en el Ministerio, llegó a amenazar a la asociación mayoritaria de jueces que si los vocales de ésta no apoyaban a Dívar, lo considerarían una "declaración de hostilidades". De hecho, en el Consejo se le considera el gran muñidor en la sombra de la propuesta. "Anunció hostilidades y aquí las tenemos", aseguraba ayer airado un miembro de la institución.

No todo son críticas

Sin embargo, no todo han sido críticas. José Manuel Gómez Benitez, el vocal que destapó el 'caso Dívar', aseguró que el CGPJ "necesita una reforma en profundidad". Entre ellas, Gómez Benítez destacó la reducción del número de vocales con dedicación exclusiva e, incluso, el control por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de las actividades internacionales del los integrantes del Consejo. Sin embargo, cree que la propuesta de que sólo el presidente tenga dedicación exclusiva es "un atentado contra la independencia del Poder Judicial. Es imposible mantener el trabajo de las comisiones sólo con el trabajo a tiempo parcial de los vocales". Gómez Benítez no cree, sin embargo, que la propuesta de Gallardón sea una venganza por la caída de Dívar -"es una idea que ya anunció antes"-, pero sí cree que la dimisión del expresidente, el gran apoyo del Ministerio en la judicatura, "si hay radicalizado la propuesta" de Gallardón.

En similares términos se expresaba Margarita Uría, vocal elegida a propuesta del PNV y una de las vocales que fue presionada por el Gobierno para que apoyara a Dívar. Uría mostró su convencimiento de que la medida anunciada "no es una venganza" y reconoció como un gersto que el Gobierno haya dado una paso atrás en su apuesta inicial de que 12 de los 20 vocales fueran elegidos por los propios jueces. Uría, que fue diputada por el partido nacionalista, aseguró ayer a este diario que el actual modo de elección parlamentario "no afecta para nada a la independencia del Consejo y, por tanto, no hay porque cambiarlo". Sin embargo, sí ve en la reforma un intento del Ejecutivo de Rajoy de "intentar recuperar para el Gobierno competencias ahora en mano del Consejo", lo que calificó de "retroceso".

Por su parte, las tres principales asociaciones de jueces también han puesto serias objeciones a la propuesta. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora, ve con buenos ojos la posibilidad de que los jueces y magistrados pudieran elegir por sufragio a doce de los vocales, sin embargo dudan que el ahorro económico que se persigue sea significativo. Por su parte, la 'centrista' Asociación Francisco de Vitoria se muestra mucho más duro y considera que la reforma busca "supeditar el poder judicial al ejecutivo". En similares términos se expresó la pregresista Jueces para la Democracia (JpD), para la que además algunos puntos del proyecto son "incompatibles con la Constitución".


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