El Gobierno da por hecho que la Generalitat convocará la consulta y que luego la recurrirá

Mas recula en su treta soberanista y prioriza la salida de la crisis después de pactar con Rajoy oxígeno financiero para Cataluña

Pacto de conveniencia entre Cataluña y Madrid: el soberanismo que abanderó Artur Mas en las pasadas elecciones baja escalones a cambio de un alivio temporal para sus finanzas que ha obligado a la Generalitat a bailar sus prioridades. El conflicto catalán pasa, pues, a una nueva fase en la que Mariano Rajoy empieza a controlar también, en parte, el calendario de la consulta independentista.

Hace meses que en el Gobierno se tenía la convicción de que la apuesta de Artur Mas a favor de la independencia tenía un precio y de que éste sería más reducido para el Estado cuanto más se apurara el pulso con la Generalitat. El tiempo ha dado la razón a los ministros que mantenían esta tesis como demuestran las claves que este miércoles ofreció Mas en su balance de cuatro meses de gobierno, celebrado a solo una semana de su encuentro semiclandestino con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Hace meses que en el Gobierno se tenía la convicción de que la apuesta de Mas por la independencia tenía al final un precio

Fuentes de CiU reconocen que Mas no ha tenido más remedio que importar la estrategia con la que Iñigo Urkullu (PNV) arrancó la nueva legislatura vasca el pasado octubre. El flanco identitario es importante, reconoció el lendakari, pero la prioridad ahora no puede ser otra que la superación de la crisis económica. Después de una polémica y ruidosa excursión por el soberanismo con anticipo electoral incluido, Mas ha terminado reconociendo también que Cataluña atraviesa por una situación de “emergencia”, una coyuntura “crítica” en la que tiene que prevalecer “la estabilización de las finanzas públicas”, la creación de empleo, la supervivencia del estado del bienestar y, por último el llamado “derecho a decidir”.

Baile, pues, de preferencias, aunque Mas ha dejado claro que no renuncia a la consulta soberanista, aunque sí a un referéndum como tal porque reconoce que es “una competencia exclusiva del Estado”, observación que no es baladí.  El retroceso en su guión inicial de Gobierno va mucho más allá y está ligado, según fuentes solventes, a las promesas de que Cataluña podrá recortar este año 2.000 millones menos de los previstos, como mínimo, y disponer de un fondo especial, procedente de recursos europeos todavía sin cuantificar, para crear empleo.

El presidente de la Generalitat ha terminado reconociendo que la convocatoria de un referéndum como tal es "competencia exclusiva del Estado"

Habrá convocatoria de consulta y en el desencuentro acordado con el Gobierno figura también su recurso posterior al Tribunal Constitucional. En el equipo económico se vaticina que la sentencia tardará en llegar entre dos y tres años, tiempo más que suficiente para recomponer “de forma más que razonable” la colisión con el nacionalismo catalán, aseguran fuentes ministeriales.

Mas está dispuesto a agotar la legislatura y a desarrollar un programa soberanista más impreciso y menos reivindicativo que el que exhibió en las elecciones de noviembre

Fuentes del equipo económico del Gobierno admiten que el cambio de discurso de Mas será progresivo ya que Rajoy le ha dado margen para recular sin provocar fricciones dentro de CiU que ensanchen el espacio electoral de ERC. En la Junta Directiva del PP, el presidente del Gobierno ni siquiera abordó ayer de forma directa el problema catalán. “No voy a hablar de lo que incumple la legalidad, mi obligación como presidente es cumplir la ley, todas las administraciones estamos en el mismo barco”, señaló. Al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, Mas culpaba de la penosa situación económica en Cataluña a la crisis internacional, a la herencia del tripartito que presidió José Montilla y, en última instancia, a la desatención de los compromisos que debería cumplir el Gobierno. El concepto de “expolio fiscal” también ha desaparecido del lenguaje del presidente de la Generalitat, dispuesto a agotar los cuatro años de legislatura y a desarrollar un programa soberanista mucho más impreciso y menos reivindicativo del que exhibió después de la Diada y de las elecciones de noviembre.


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