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Gallardón ignoró decenas de sentencias y nombró a dedo a la cúpula de la Policía Local

El Ayuntamiento de Madrid repite, 21 años después, una oposición interna de 1992 cuyas bases Cibeles desdeñó para colocar a altos cargos en la Policía Municipal. Berenguer (UPyD) deplora la irresponsable situación, nefasta para la imagen del cuerpo.

Gallardón, en un acto con la Policía Municial durante su etapa como alcalde de Madrid.
Gallardón, en un acto con la Policía Municial durante su etapa como alcalde de Madrid. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Los periodistas, por norma, abusan del término “kafkiano”, pero kafkiano es el único adjetivo que admite la lamentable situación que vive la Policía Municipal de Madrid desde hace 21 años. Kafkiano es que unas oposiciones internas convocadas en 1992 (aunque publicadas en 1994) para cubrir ocho plazas de subinspector todavía no estén resueltas porque el equipo de Gobierno haya decidido durante todo este tiempo ignorar las bases de la convocatoria y resolver la situación nombrando altos cargos a dedo. Desde el año 2000 hay al menos una decena de resoluciones (entre sentencias judiciales e informes) sancionando el dedazo municipal, pero el Ejecutivo local nunca las prestó la menor atención.

Las irregularidades laborales empezaron en 2004 y todas ocurrieron durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón, si bien la convocatoria de la oposición arrancó en el mandato de José María Álvarez del Manzano y la problemática perdura hoy, con Ana Botella al frente de Cibeles. Así lo corroboran gran parte de los fallos judiciales a las que ha tenido acceso Vozpópuli. Y así lo denunció en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 29 de mayo el concejal de UPyD Jaime Berenguer. “Este es un ejemplo más de cómo se han gestionado las cosas en este Ayuntamiento. Veintiún años son muchos, y el asunto ha generado no solo graves problemas de seguridad para la ciudad, sino también para la carrera profesional y para el cuerpo”, espetó el edil magenta al delegado del área de Seguridad, Enrique Núñez. Las secuelas del caso Madrid Arena también han dañado, y mucho, la imagen de la Policía Local.

Muy criticada por el Madrid Arena, en la Policía Local se nombraban inspectores y subinspectores sin concurso, por libre designación.  

La historia arranca en 1992 con la promoción interna de ocho plazas de subinspector de policía. Dos años después, la convocatoria aparece en el Boletín Oficial, y el proceso marcha a través de los cauces oficiales, pero algunos recursos de particulares bloquean su resolución hasta 2000. Ese año, un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, el primero de una larga lista, rechaza los recursos y anima a seguir adelante con la convocatoria.

Pero en 2003, año en que Gallardón se hace con la alcaldía madrileña, se produce la primera de un sinfín de irregularidades, recibiendo cada una de ellas a posteriori una reprobación en los tribunales: ante la parálisis concursal, la Policía Local nombra subinspectores a nueve agentes con la fórmula de la Libre Designación, es decir, saltándose las oposiciones convocadas en 1992.

Sin embargo, en mayo de 2004, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Madrid anula los nueve nombramientos y obliga al Ayuntamiento a proseguir con la convocatoria primigenia, la de 1992. “La interrupción [del proceso] no solo produce perplejidad, sino alarma”, dice la sentencia. “Es difícil admitir que un proceso selectivo en la Administración Pública se prolongue más de diez años; lo que induce a pensar que o bien la convocatoria era innecesaria o se ha pretendido mantener situaciones de interinidad incompatibles con los criterios de acceso a la función pública”, continúa el texto. Por entonces, habían transcurrido 12 años desde la oposición; ahora van 21.

“O la oposición era innecesaria o se han mantenido situaciones de interinidad incompatibles con el acceso a la función pública”.

Ni corto ni perezoso, el Consistorio hace caso omiso al fallo. A finales de 2004, cuatro de los ocho subinspectores (uno falleció) son nombrados inspectores, y la lista de subinspectores nombrados a dedo pasa de cuatro a 11. En octubre de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, reprobando de nuevo la actuación municipal.

Por razones desconocidas, la dirección policial sigue ignorando los veredictos. En febrero de 2007, una nueva sentencia del TSJ vuelve a dar la razón al valor de las oposiciones. El Ayuntamiento parece tomar cartas en el asunto: en 2009, un nuevo informe de la asesoría jurídica vuelve a avalar las bases de la convocatoria. Entre éste y el anterior informe municipal, que viene a decir lo mismo, median nada menos que nueve años.

A día de hoy, la promoción interna de 1992 nunca ha llegado a materializarse. El equipo de Gobierno actual ha señalado que prepara una nueva convocatoria. UPyD votará en contra: “De esta oposición solo saldrán problemas. Las personas que salgan de ella quedarán deslegitimadas”, lamentaba el concejal Jaime Berenguer tras conocer el anuncio. ¿No es acaso kafkiano que, 21 años después, una oposición no haya concluido aún por desidia o por mala praxis?  


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