LA AMENAZA DE AL QAEDA

Interior elevará la alerta antiterrorista al implicarse España en la guerra de Malí

El Gobierno ha ofrecido ya a París apoyar logísticamente a las tropas francesas con el envío al país africano de un avión de carga y medio centenar de instructores. Hasta ahora, el riesgo de que España sufra un atentado estaba en el nivel 2-Bajo. 

La amenaza yihadista vuelve a sobrevolar España. La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de prestar apoyo logístico a Francia en su campaña contra los islamistas en Malí --ayer ofreció formalmente el envío de un avión de transporte y de medio centenar de instructores-- obligará al Ministerio del Interior a elevar en los próximos días el nivel de alerta antiterrorista en nuestro país, según confirmaron a este diario fuentes gubernamentales y policiales. En la actualidad, el riesgo de sufrir un atentado está situado por los responsables del ministerio en el nivel 2- grado bajo, el tercero más leve de los ocho que establece el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, el protocolo de despliegue policial ante la posibilidad de un atentado que se elaboró tras los ataques del 11-M. Fuentes del departamento de Jorge Fernández Díaz aseguraron ayer a este diario que el actual nivel de alerta se mantiene desde hace "bastante tiempo" y que ni siquiera recientes incidentes, como la polémica por la posible emisión de una película contra Mahoma anunciada por un paquistaní asilado en España, había obligado a variarlo. Sobre si la participación de España en el conflicto del sahel obligaría a elevarlo inmediatamente evitaron pronunciarse.

Un sector del Gobierno se oponía a la participación española en Mali precisamente por el riesgo de poner a nuestro país en la diana 'yihadista'

Sin embargo, las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este diario insisten que será "un paso obligado" y destacan que Francia ya ha movilizado a su Ejército para proteger zonas sensibles, como la propia Torre Eiffel de la capital. Ayer se conoció que Al Qaeda del Magreb Islámico (AGMI), la rama en el norte de África de la organización creada por el fallecido Osama Bin Laden, secuestró en el sur de Argelia a 41 ciudadanos occidentales que trabajaban en una explotación petrolífera en el sur de Argelia. En los comunicados de reivindicación el grupo terrorista recalcó que el ataque era la respuesta al apoyo argelino a Francia después de que el gobierno del país magrebí autorizase el sobrevuelo de los aviones galos que están bombardeando en los últimos días a los grupos armados islamistas que actúan en Malí.

El temor a esas represalias es, de hecho, la causa de las diferencias existentes en el seno del propio Gobierno sobre la participación de España en el conflicto. Como adelantó el pasado martes este diario, un sector mayoritario del Gobierno se mostraba abiertamente partidario de brindar respaldo logístico como un gesto de lealtad hacia un aliado tradicional de España que se está mostrando muy próximo a los intereses de nuestro país en Europa. Además, consideraba que la operación militar tiene el paraguas legal que conceden las resoluciones de la ONU y que, si no se actúa, se corre el riesgo de que se desarrolle una base para los terroristas muy cerca de las fronteras españolas. Este sector considera también que la figura del 'apoyo logístico' minimiza los costes económicos de la intervención. 

Por el contrario, el argumento esgrimido por los ministros que se opusieron a la participación española era, precisamente, el riesgo de que ésta pueda alimentar el yihadismo larvado existente en España y que nuestro país vuelva a estar en su diana. Este sector ha conseguido que, al menos, se descarte el despliegue de tropas en la zona de combate. Los instructores que se desplazaran a Malí se limitarán a adiestrar a las tropas africanas y el avión volará siempre lejos del teatro de operaciones. El Ejecutivo de Rajoy ya había autorizado a los aparatos franceses a sobrevolar España y a utilizar las bases y aeropuertos españoles en caso de emergencia. 

Un Plan de Prevención de 2009

En la actualidad, el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, cuya última reforma es de finales de junio de 2009, fija cuatro niveles de riesgo divididos cada uno de ellos dos grados de intensidad. Así, el nivel 1 de instala cuando se considera que el riesgo de sufrir un atentado terrorista en España es sólo potencial. En el nivel 2, el que se aplica en la actualidad, el riesgo de atentado de eleva a probable. En el nivel 3, se habla ya de riesgo muy alto de sufrir un ataque terrorista. El nivel 4 y último, sólo se aplica en el caso excepcional de que se considere que la posibilidad de que nuestro país sufra un atentado es "extremo". Cada uno de los cuatro niveles tiene a su vez dos grados de intensidad, alto o bajo, con el fin de que las medidas preventivas previstas se ejecuten en toda su amplitud o sólo en parte. El secretario de Estado de Seguridad, en la actualidad el recién nombrado Francisco Martínez, es el encargado de establecer la activación de cada uno de los niveles.

El plan de protección antiterrorista se centra fundamentalmente en la protección de grandes infraestructuras de transportes terrestres, aéreos y marítimo,  y en aquellos lugares donde se producen grandes concentraciones humanas, con acontencimientos deportivos, en zonas y edificios emblemáticos de las principales ciudades y grandes superficies comerciales. También se dedica una especial atención a las calificadas como "infraestructuras críticas", entre ellas los centros de almacenamiento de hidrocarburos, subestaciones eléctricas, plantas de regasificación y las centrales térmicas de Cueta y Melilla. El plan también contempla en qué medida intervienen las Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas e, incluso, los servicios de seguridad privada.


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