Nacional

Moncloa encuentra una maraña de 6.000 leyes, decretos y normas que se superponen

El jefe del Ejecutivo presenta este miércoles la reforma de las administraciones públicas, una de las más importantes promesas del Gobierno junto a la reforma local, que puede levantar ampollas con las comunidades autónomas. El trabajo de la comisión creada en el Ministerio de la Presidencia busca simplificar el prolijo y confuso maremágnum de normas superpuestas que elevan la carga adminsitrativa sobre empresas y familias, según recoge el informe de la Comisión europea al Plan Nacional de Reformas para este año. El informe ocupa 2.000 folios.

Casi 6.000 leyes, decretos, reglamentos y normas se superponen entre el Estado y las comunidades autónomas, creando una ingente maraña que pretende simplificar la reforma de las administraciones públicas, una de las propuestas más ambiciosas del Ejecutivo. Mariano Rajoy le encargó a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que coordinara al equipo de trabajo que ha dedicado meses en intentar desenmarañar las enormes duplicidades competenciales que ha ido generando nuestro modelo de Estado, que se traduce en esas casi 6.000 normas duplicadas, según ha podido saber Vozpópuli.

La intención de Moncloa es llevar el viernes al Consejo de Ministros el informe de la reforma de las administraciones públicas, que ocupa nada menos que 2.000 folios. Pero para darle más dimensión a un profundo cambio comprometido con Europa, será el propio Rajoy quien lo adelante este miércoles en una comparecencia pública. Será otra forma más de lanzarle un mensaje a la UE tras las recomendaciones que la Comisión Europea hizo al Gobierno español respecto a su plan nacional de reformas para este año.

Decía la Comisión que la estructura administrativa "altamente descentralizada precisa de una coordinación reforzada entre las distintas administraciones públicas, tanto para reducir costes como para limitar la carga administrativa sobre las empresas y las familias". Con ese fin, prosigue el texto, "se han realizado varias iniciativas y otras están en curso. En especial, en febrero de 2013 el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local (que debe aprobar el Parlamento antes de finales de 2013), y se creó un comité de reforma de la administración pública, el cual presentará propuestas de reforma para el final de 2013". Lo cierto es que el anteproyecto, que no proyecto, de reforma de la Ley Local no se presentó en febrero sino en mayo y está pendiente todavía del informe del Consejo de Estado.

La reforma local se saldó con la rebelión de los alcaldes del PP, la de las Administraciones Pública puede desembocar en la de los presidentes autonómicos

La idea es tener culminada para finales de este año la nueva norma que comienza su andadura este viernes en el Consejo de Ministros y que necesita remitirse a los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, y más tarde tramitarse en el Congreso y Senado. Todo ello, si no se repite la historia, y, como con la reforma local, tropieza con la rebelión, en este caso, de las Comunidades Autónomas, si sienten invadidas sus competencias. Si los ayuntamientos, que entran bajo el control del Estado, se levantaron en armas contra Hacienda y han conseguido ir descafeinando la reforma, la simplificación de la Administración central y autonómica puede acabar siendo considerada una declaración de guerra.

No necesitan mucho los barones territoriales, incluidos los del PP, que son mayoría, para enfrentarse al ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con quien deben acordar el reparto asimétrico del déficit, pero otra cosa es presentar resistencias contra la vicepresidenta, responsable última de este proyecto.

Por otro lado, la comisión da un toque al Gobierno porque si bien "sigue su curso" las medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema judicial que "algunas medidas están sufriendo retrasos y sigue habiendo margen para aumentar la eficacia del poder judicial en España". Y es que una de las quejas recurrentes, es la falta de seguridad jurídica para el establecimiento de empresas en nuestro país, generada, entre otras cosas, por la multiplicidad de regulaciones producto de nuestro modelo de Estado. De ahí que junto a la reforma de las administraciones públicas el Gobierno tenga comprometida una Ley de Unidad de Mercado.


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