Internacional

Europa fracasa al no saber cómo atajar la 'megacrisis de los cayucos' en Italia

Un año después del gran naufragio de Lampedusa y con 2.000 muertos más al intentar cruzar el Mediterráneo, Bruselas pedirá a los socios más fondos para aumentar la vigilancia en las fronteras del sur de la Unión. Solo en lo que va de 2014 han llegado a las costas italianas 110.000 inmigrantes, el triple que a España en el año 2006.

Militares italianos trasladan los cadáveres varias de las víctimas del naufragio ocurrido frente a Lampedusa a principios de octubre de 2013.
Militares italianos trasladan los cadáveres varias de las víctimas del naufragio ocurrido frente a Lampedusa a principios de octubre de 2013. EFE

Tres de octubre de 2013. Una frágil barcaza cargada con medio millar de inmigrantes africanos se incendia y naufraga, de madrugada, frente a la isla italiana de Lampedusa. Más de 350 personas murieron. El mundo calificó lo ocurrido de catástrofe, más por el número de personas que perecieron intentando cruzar el mar que por el naufragio en sí, algo tristemente habitual. Italia pidió entonces ayuda a Europa y los responsables comunitarios, sobrecogidos por el desastre, prometieron hacer todo lo posible por que aquellas imágenes, las de voluntarios y servicios de Emergencias sacando a cientos de cadáveres anónimos del agua y apilándolos en el puerto, no se repitieran. 

"Esto no es digno de Europa", lamentó desde Lampedusa la comisaria europea Malmström en octubre de 2013. Poco ha cambiado desde entonces

"Esto no es digno de Europa", fueron las palabras de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, tras visitar Lampedusa pocos días después de la tragedia. Sin embargo, casi un año después poco o nada se ha hecho para cambiar la situación. Esa indignidad se ha repetido cientos de veces desde entonces, registrándose la cifra récord de más de 1.880 inmigrantes muertos -casi el triple que los cerca de 700 de 2013- tratando de llegar a las costas europeas a través del Mediterráneo, denunció Acnur la pasada semana. 

Veintisiete de agosto de 2014. Bruselas anuncia una nueva misión europea -"reforzada", asegura la Comisión- para gestionar las fronteras de la Unión. Para ello necesitará nuevas contribuciones de los países miembros, ya que el presupuesto de la Frontex actual es limitado. En concreto, de unos 80 millones anuales. Solo Italia, el país que actualmente soporta una mayor presión migratoria, con más de 110.000 inmigrantes llegados a sus costas en lo que va de año, está gastando 300.000 euros diarios en la operación de emergencia Mare Nostrum, puesta en marcha precisamente a raiz del naufragio de 2013 en Lampedusa. Lo curioso es que Bruselas ya había apremiado a sus socios en diciembre a aportar más medios para prevenir la muerte de inmigrantes en el mar. Anunció entonces la puesta en marcha de un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras, el llamado Eurosur, centrado en mejorar los flujos de información y con una dotación muy insuficiente: menos de 40 millones al año.

¿Cuestión de dinero?

"Espero que todos los Estados miembros contribuyan", volvió a insistir este miércoles la comisaria Malmström. A falta de ver qué acogida tiene ese tímido llamamiento entre los socios europeos, la solución a la megacrisis de los cayucos que vive Italia puede no resultar tan sencilla. El país ha recibido solo en lo que va de año el triple de migrantes por mar desde el Norte de África que en 2013 (43.000). Y en 2011, coincidiendo con las revoluciones de las llamadas primaveras árabes, la cifra alcanzó las 60.000 personas. Poco más de la mitad que este año. Llegan desde países como Siria, Eritrea, Malí o Somalia, huyendo de guerras y pobreza. Y de su desesperación se aprovechan mafias y buscavidas que les convencen para lanzarse al mar en condiciones precarias. 

Los acuerdos de España con los países de origen y de tránsito de los inmigrantes resultaron más eficaces que una mayor vigilancia

La comparación con el caso español es inevitable. España logró reducir drásticamente la llegada de inmigrantes a sus costas a partir de 2007, un año después de la llamada crisis de los cayucos en la que casi 40.000 inmigrantes ilegales entraron por mar en territorio español. Lo consiguió ampliando las medidas de control, usando nuevas tecnologías pero, sobre todo, gracias a la colaboración y los acuerdos firmados con los países de los que partía esa inmigración irregular. Especialmente con Mauritania y Senegal, de donde procedían la gran mayoría de las embarcaciones que zarpajan con subsaharianos hacia Canarias. "Mientras que las patrullas en las fronteras marítimas y la operación conexa de Frontex en el Océano Atlántico en 2006 no consiguieron obtener resultados importantes, la ofensiva diplomática del gobierno español en el África occidental sí lo hizo", destacaba en el año 2010 un análisis publicado por el Real Instituto Elcano. De casi 40.000 entradas se pasó a apenas 18.000 el año siguiente.

No es fácil trasladar ese planteamiento a la crisis actual. La mayoría de las embarcaciones que parten hacia Italia lo hacen desde países en transición, que aún están recuperándose política y organizativamente de las revoluciones que los golpearon en 2011: Egipto, Túnez y sobre todo Libia. Este último supone un gran desafío para Europa no solo en el ámbito de la inmigración, sino también en el del terrorismo yihadista, entre otros. "La confusión es total", explicaba la semana pasada el presidente francés, François Hollande, al pedir a la ONU "que organice un apoyo excepcional para las autoridades libias con el fin de restablecer el Estado". Probablemente la solución a la crisis migratoria actual pase más por eso que por aumentar la vigilancia en las fronteras. Mientras tanto, Europa sigue contando cadáveres a orillas del Mediterráneo.


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