Publicado: 26/01/2017 04:00
La paciencia de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, se ha acabado. La magistrada que instruye el llamado ‘caso Ático’ sobre la compra de una vivienda de lujo en esta localidad malagueña por parte del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha remitido recientemente "un oficio recordatorio" a “las instituciones policiales” para recriminarles que hace ya más de diez meses que les encargó que “realizaran gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos” y, pese “al tiempo transcurrido”, no le han entregado ningún informe con los avances. La magistrada encargó las pesquisas a la Comisaría de Estepona en marzo de 2016 y ésta las transfirió inmediatamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el grupo que precisamente en 2012 ya hizo las primeras investigaciones hasta que el en aquel momento ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó dar carpetazo al asunto. En todo este tiempo, la única documentación que los agentes han remitido al Juzgado han sido, precisamente, los ocho informes que se elaboraron hace ya cinco años.
La juez encargó la investigación a la Comisaría de Estepona el 15 de marzo de 2016 con la sugerencia de que delegasen en la UDEF. Así se hizo días después
La Policía se hizo cargo de las pesquisas del 'caso Ático' el 8 de marzo del pasado año. Ese día, la juez de Estepona remitió un oficio en el que pedía a los responsables de la Comisaría local que realizasen "las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos [y] de las personas responsables" en la compraventa del lujoso inmueble por parte del político. En aquel escrito, la magistrada ya dejaba a los mandos de la Policía la puerta abierta a que delegasen en cualquier otra "unidad de dicho cuerpo policial con competencias para llevar a cabo la investigación de los hechos", en lo que fuentes jurídicas vieron entonces una clara alusión a la UDEF. De hecho, fue lo que hicieron rápidamente los destinatarios del encargo judicial. Según detallaban en la respuesta que remitieron en abril a la magistrada, el 22 de marzo dirigieron a la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, el oficio que ésta les remitió "para que por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera [sic] sean investigados los hechos denunciados en este procedimiento".
De este modo, el 8 de abril, la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) reactivaba formalmente en sus bases de datos la investigación sobre el ático de Ignacio González. Habían pasado 3 años, ocho meses y 14 días desde que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenara que las pesquisas que 46 días antes habían iniciado sus subordinados pasasen a la situación de "pasiva". Dos semanas más tarde, el 22 de abril de 2016, agentes de la UDEF se desplazaron a la ciudad malagueña "al objeto de mantener una reunión con el titular del Juzgado de Instrucción número 5 y con el fiscal provincial jefe de Málaga sobre el estado en que se encuentran las diligencias previas citadas y posible gestiones a practicar", según se recoge en un informe policial al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Una 'visita' al Juzgado
En aquel encuentro, se decidió que funcionarios de esta unidad volvieran a desplazarse al juzgado para revisar la información ya incorporada al sumario, lo que hicieron el 10 de mayo siguiente. En esa segunda 'visita', los policías procedieron "a revisar la documentación existente en la causa y obtener copia de los documentos que de modo preliminar se consideraron de interés, documentación que está siendo analizada", detallaba otro documento policial. Desde entonces, sin embargo, la Policía no han remitido ningún informe sobre los avances en sus pesquisas, según se desprende de la nueva providencia de la juez Conejo. Tampoco ha obtenido respuesta la petición que ese mismo mes de mayo hizo a otro departamento, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, para que le certificase las entradas y salidas de territorio español que hubiera hecho el presunto testaferro de Ignacio González, el ciudadano americano Rudy Valner, entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de febrero de 2013. De hecho, en el mismo escrito del pasado viernes la magistrada también ordenaba remitir un "oficio recordatorio" a sus responsables para que cumplimenten dicha petición de información de manera "urgente".
Desde que la UDEF se hizo cargo de las pesquisas, sólo ha remitido a la juez los informes elaborados en 2012 antes de que Fernández Díaz diera carpetazo a la investigación
En estos diez meses, la única instrucción de la magistrado de la que hay constancia que haya ejecutado la Policía es la que dictó el pasado mes de abril para reclamar que se le remitiera el "expediente completo que obre en sus archivos relativos a las indagaciones, gestiones o investigaciones relativas a don Ignacio González González y al ático objeto de esta instrucción", en referencia a la 'Operación Aiko', la investigación que cerró Fernández Díaz en 2012. Exigía, en concreto, "todas las notas de trabajo y notas de gestiones que obren en el mismo". Toda esa documentación policial se incorporó finalmente el pasado mes de octubre. Se trataba de los ocho informes policiales. La juez Conejo reclama ahora de manera urgente los primeros de esta nueva etapa del 'caso Ático'.
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