El 16 de noviembre de 2022 unos agentes de Policía Nacional observaron sobre las 03:30 horas a cinco personas discutiendo en una calle del barrio madrileño de Vallecas. Al acercarse para mediar en la trifulca, dos de ellos se dieron a la fuga, lo que acabó en una persecución, agresión a los funcionarios y detención.

Unos hechos que han acabado en el Juzgado de lo Penal Nº15 de Madrid con una condena de 6 meses de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad y una multa de 1.050 euros por un delito de lesiones y otro delito leve de lesiones. También tendrá que indemnizar a los agentes con 4.000 euros en total.

Los hechos se desencadenaron cuando uno de los policías informó al hombre que por aquel entonces tenía 24 años que iba a ser trasladado a la comisaría para ser identificado, momento en el que volvió a salir corriendo. Tras ser interceptado de nuevo se abalanzó sobre el funcionario "con claro desprecio al principio de autoridad", dice la sentencia consultada por Vozpópuli. Le agarró del cuello, le intentó tirar al suelo y le dio puñetazos tanto a él como a otro agente, que tuvo que acudir a socorrer a su compañero.

A consecuencia de ello, uno de los funcionarios sufrió una contusión en el hombro derecho y, el otro, una fractura en un dedo de la mano, tardando la lesión en curar 45 días en curar, de los cuales 30 no pudo ni trabajar. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó, por el delito de atentado, 1 año y 6 meses de prisión, por el de lesiones, una multa de 2.400 euros y, por el de lesiones leve, 720 euros, así como una indemnización a los agentes de 2.650 euros en total. 

Asimismo, la Fiscalía pidió que se sustituyese la pena de cárcel por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrar a España por 5 años. La titular del juzgado declaró probados los hechos pese a que el acusado no reconoció las lesiones, ahora bien, la pena impuesta no fue la solicitada por el representante del Ministerio Público. 

El acusado tenía una orden de ingreso en prisión

El joven de 24 años relató en el juicio que se identificó cuando los policías se lo dijeron, pero que ni se abalanzó sobre ellos ni les dio puñetazos o patadas. Declaró que decidió correr porque, en esos momentos, se encontraba en un Código 10, es decir, tenía una orden de ingreso en prisión inmediata. Una versión que difería de la de los agentes que, además, señalaron que hubo resistencia por su parte y presentaron diversos partes médicos que reflejaban tanto las lesiones como los tratamientos recibidos.

Hay que recordar que los agentes no gozan de presunción de veracidad, pero, en este caso, sus declaraciones fueron coherentes. No hubo contradicciones entre ellas y su serenidad y "la objetividad de sus testimonios no ha dejado lugar a dudas sobre" su "intención", que "no ha sido sino decir la verdad de lo sucedido", detalla la sentencia. Por otro lado, la jueza, que le impuso 6 meses de cárcel finalmente por el delito de atentado, consideró que no debía sustituirse por la expulsión del país porque, el artículo 89 del Código Penal establece que para ello debe haber sido condenado a 1 año como mínimo.

El caso ha sido ganado por la abogada Carolina Ledesma, de Coraza Legal y, según ha explicado a Vozpópuli, trataron de llegar a una conformidad que finalmente fue rechazada por la defensa. En este caso había una discrepancia sobre el cálculo de la responsabilidad civil entre el Ministerio Fiscal, que pedía menor cantidad que la acusación particular, cuya responsabilidad civil era la más elevada. 

Pero, sin duda, le ha parecido llamativa la estrategia de la otra parte porque, a pesar de que el acusado negó los hechos, "su letrado los reconoció solicitando las condenas en menor grado por aplicación de atenuantes, por contra de lo habitual que sería la solicitud de absolucion de su defendido".

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