El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue buceando en las comunicaciones de los investigados por el fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 pone el foco sobre los correos electrónicos de las empresas vinculadas al entramado dirigido, según los investigadores, por Claudio Rivas y Víctor de Aldama.
El pasado 10 de febrero, el magistrado emitió un nuevo oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que requiere que informe si se ha procedido al volcado completo del contenido de las cuentas de correo electrónico de la empresa Villafuel SL, principal entidad investigada en la trama y la cual está vinculada con uno de los cabecillas, Claudio Rivas. Las comunicaciones vinculadas a la operadora del sector de los hidrocarburos serán determinantes en la causa y, sobre todo, para acotar los movimientos de la sociedad y sus administradores.
Según la información obrante en la causa, la Guardia Civil ha localizado, al menos, seis cuentas de correo electrónico vinculadas con la empresa o con algunos de sus trabajadores. Entre otras cosas, rastrear las comunicaciones enviadas o recibidas desde estas cuentas serán determinante para la causa, puesto que a pesar de que la empresa gestionada en la sombra por el socio de Aldama contaba con una sede, remitían para su localización a un número de teléfono y correo de contacto.
Así aparece en uno de los informes de la UCO, a los que ha tenido acceso este medio, en el que además los investigadores señalan varios indicios sospechosos sobre la función real de la sede vinculada a la principal sociedad de la presunta organización criminal. El Instituto Armado destaca que a pesar de que la empresa en el momento de empezar la investigación figuraba como una "operadora mayorista de hidrocarburos y que factura cientos de millones al año, por lo que cabría esperar unas instalaciones apropiadas tanto para albergar numerosos trabajadores que se necesitan para llevar a cabo dicho comercio, como para dar una apariencia comercial y, además, poder ser localizados por proveedores y clientes", en la puerta de la sede se encontraron sin "actividad laboral alguna" en horario comercial y el siguiente cartel: "Para localizarnos fuera del horario laboral podemos atenderle en el teléfono...".
Modelo de negocio
El modelo de negocio desarrollado por la trama se sustentaba en una estructura comercial que utilizaba, entre otras, a la operadora de hidrocarburos Villafuel SL, "mercantil básica y esencial la cual fue dispuesta para llevar a cabo el presunto fraude". Los investigadores concluyen que sin su presencia el fraude diseñado no se habría producido, puesto que a pesar de ser una empresa que contaba con un rango de entre uno y tres trabajadores, pudo servirse de, al menos, siete suministradoras que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo como clientes. "Estas suministradoras habrían sido sucedidas en la actualidad, por otras nuevas, las cuales podrían aflorar cuando se perfeccione y cuantifique el fraude cometido en el 2024", señalan.
En concreto, los investigadores recogen en sus informen las declaraciones ofrecidas por varias trabajadoras de Villafuel las cuales confesaron su sorpresa respecto a la forma de actuar de la sociedad. Les llamaba la atención la operativa comercial de las suministradoras o intermediarios dado que "una vez finalizada la relación comercial con alguna de ellas, observaba la sucesión por parte de otra con el mismo perfil siendo coincidente la venta al mismo cliente final que la disuelta".
El entramado diseñado alrededor de esta empresa estaba dirigido por el expresidente de Zamora CF y Rivas, a los que la UCO señala como "los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa perfeccionadora del fraude". En este sentido, anotan que dicha estructura es "imprescindible" para el funcionamiento de la presunta organización criminal cuyo fraude asciende a más 182 millones de euros. Sobre el papel que ambos tendrían en la presunta organización, sostienen que ambos poseen los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles, “siendo imprescindible su papel para dar efectividad y continuidad de la actividad de la organización criminal y lograr el perfeccionamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y por el blanqueo de los capitales”.
