La retirada 'in extremis' por parte del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del acuerdo para nombrar a 36 altos cargos judiciales deja a Isabel Perelló contra las cuerdas. El Pleno celebrado este miércoles tenía previsto abordar diversos nombramientos, entre los que se encontraba la presidencia de la Audiencia Nacional y sus cuatro salas. No obstante, los progresistas decidieron romper el acuerdo preestablecido en el último momento, dejando a la presidenta sin margen de maniobra.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican a Vozpópuli que este último movimiento podría responder a una maniobra para socavar el poder de Perelló y presionar para colocar a ciertos nombres en las salas clave del Tribunal Supremo. Tras el fracaso para elevar una propuesta conjunta para la renovación del sistema de vocales, el liderazgo de la presidenta se encuentra bajo la lupa pública, de tal modo que propiciar la ruptura de un acuerdo de estas características a pocas horas del Pleno es "dejar a Perelló vendida". 

Según las fuentes consultadas, el grupo de trabajo compuesto por José Antonio Montero Fernández, Alejandro Abascal, José María Fernandez Seijo y Esther Erice Martínez tenía pactados 36 nombres de los 44 nombramientos pendientes, sin embargo, a última hora de la tarde de este martes el acuerdo saltó por los aires. Tras celebrarse las correspondientes reuniones de los negociadores con el resto de vocales de su grupo, los progresistas decidieron dar marcha atrás y aceptar, únicamente, el nombramiento de siete jueces para la jurisdicción militar. 

La ruptura del acuerdo ha provocado la proliferación de un tenso debate en el Pleno celebrado este miércoles. Varios vocales del bloque conservador han reprochado a sus homólogos el momento elegido para romper los puentes previamente tendidos por ambas partes. El pacto pasaba por aprobar primero estos 36 nombramientos y dejar en último lugar la elección de las carteras más disputadas, ahora, los progresistas abogan por renovar primero la presidencia de la Sala Segunda y la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas son los favoritos de los conservadores, mientras que Ana Ferrer y Pilar Teso son las candidatas promocionadas por los progresistas.

Los progresistas se escudan en el cumplimiento de la ley de paridad

Uno de los momentos más tensos que se han vivido durante el Pleno de este miércoles, se ha producido cuando el bloque progresista ha sacado a colación la Ley de Paridad para no aceptar el acuerdo pactado para el nombramiento de 36 altos cargos judiciales. En ese momento, según las fuentes consultadas, Abascal ha sacado el listado de nombres propuestos para defender que la quiniela diseñada por el equipo negociador "cumplía con una cuota muy superior al 40% de mujeres", tomando como referencia cada uno de los tribunales seleccionados. 

A pesar de que existe un compromiso al respecto desde ambos bloques, los conservadores temen, tal y como informó Vozpópuli, que los objetivos de la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez sirvan para que la bancada progresista intente imponer a perfiles afines en puestos concretos de la carrera judicial. El recelo existente respecto a la forma de aplicar las cuotas de paridad presentes en la ley se vio reflejado el pasado mes de diciembre con el cruce de dos informes diferentes respecto a su aplicación. El Consejo General del Poder judicial puso el broche de oro al 2024 con la firma de dos informes técnicos sobre la ley de paridad.

El primero, encargado por la propia Isabel Perelló, corrió a cuenta del Gabinete Técnico del órgano que apuesta por "una visión global", es decir, que la paridad se aplique respecto a la totalidad de la carrera para evitar situaciones de discriminación en puestos concretos. "Este principio global sirve para inspirar cada nombramiento sin vincularlo imperativamente", comentan fuentes del Consejo. Por su parte, el informe elaborado por la Comisión de Igualdad, apoyado por el bloque progresista, persigue aplicar las cuotas de paridad desde bloques más pequeños de nombramiento para garantizar que los números contemplados por la ley se cumplen en los diferentes tribunales. 

Entre los puestos que quedan en el aire destacan la presidencia de la Audiencia Nacional y sus cuatro salas, el nombramiento de seis magistrados de Audiencias Provinciales o las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, y Cataluña. 

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