Tras ocho años, finaliza la Operación Deluxe. El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha decidido enviar a juicio a varios trabajadores de Sálvame y a un funcionario de la Policía Nacional por su implicación en una presunta trama de compraventa de información policial confidencial. Se les atribuye un presunto delito de cohecho y revelación de secretos. En el caso del agente, también se le acusa de prevalerse de su cargo para acceder a las bases de datos sin autorización.
Hay casi 200 famosos afectados, entre los qe destacan Aída Nizar, Kiko Rivera, Isabel Pantoja, Omar Montes, María José Galera, Achraf Sánchez Ruiz, Maite Zaldivar o Alba Carrillo. El instructor ha decidido en un auto con fecha de 12 de febrero, adelantado por '20 Minutos' y al que ha tenido acceso Vozpópuli, imputar al colaborador de Sálvame, Gustavo González (paparazzi) y a su supuesto contacto, el policía Ángel Jesús Fernández Hita; a María Pascual (María Lapiedra); al director del programa, David Valldeperas. También a Isaac Pulido, Miguel Menaut, Victoria Laseca y La Fábrica de la Tele. El juez considera que, contra dichas personas, hay razones suficientes para seguir con el proceso.
La investigación, a cargo de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo de la Policía Nacional arrancó en abril de 2017. Observaron que trabajadores de Sálvame, perteneciente a la Fábrica de la Tele, daban informaciones de atestados policiales llegando a la conclusión, gracias a las correspondientes auditorías de las Bases de Datos Policiales, que Fernández Hita era el responsable de haber accedido a fichas policiales de al menos, 182 personas.
Tal y como explica el auto, "a petición de terceros, accedió y se apoderó de atestados y otros datos reservados de carácter personal o familiar de diferentes personas registrados en dichas Bases de Datos Informáticas y la reveló a terceros tanto para su difusión en el programa de televisión Sálvame como para conocer los datos (antecedentes policiales, domicilio, lugar de trabajo, vehículos)" e incluso para "su utilización en la realización de vigilancias para la elaboración de informes y su posterior aportación en procesos judiciales". Información que se entregaría, posteriormente, al citado paparazzi por WhatsApp o en persona.
Según el juez instructor, el contacto entre ambos era semanal y la información filtrada incluía denuncias por violencia de género, abusos sexuales e incluso información sobre menores de edad llegando a pagar Gustavo González al funcionario comidas en restaurantes. Este paparazzí, siempre según el auto, ofreció también la información obtenida de forma ilícita a revistas que no conocían el origen de la fuente. Sus nóminas ascendieron entre los 4.000 euros y los 18.000 euros por las colaboraciones en el programa Salvame y facturas giradas por el investigado a Zoom Ediciones SLU (Rumore) por un montante total de 5.100 euros.
El juez también procesa a varios responsables del programa por solicitar activamente esos datos confidenciales para su uso en Sálvame. Además, las conversaciones intervenidas revelaban que tenían conocimiento de ello. Ahora se abre un plazo de diez días para que se formulen los escritos de acusación, luego los de las defensas y más tarde se señalará fecha para el juicio.
