Día clave para el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Hoy, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid estudiará el recurso que presentó el pasado 10 de enero contra la decisión de la jueza que instruye su caso de abrir una pieza separada para investigar la posible comisión de otros delitos más allá del fraude fiscal y falsedad documental que se le atribuían en un primer momento. Entiende que tal decisión no es ajustada ni a Derecho ni a la realidad del proceso.
La jueza Inmaculada Iglesias tomó la decisión de abrir esta nueva línea de investigación para conocer si la pareja de Ayuso pudo cometer también un delito de administración desleal y otro de corrupción en los negocios al usar una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón. En su auto, la instructora hizo alusión a un informe de la Agencia Tributaria en el que se sitúa a la empresa Masterman SL. como una sociedad pantalla de la compañía Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, "para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L".
Según ha podido saber Vozpópuli, en la deliberación de este recurso estarán presentes los seis magistrados que conforman la Sección pese a que luego el papel lo firmen tres de ellos. Y aunque es una Sección "relativamente rápida", se prevé que, al menos, tarden en deliberar alrededor de 5 días. Todo ello, sin perjuicio, de que el próximo lunes el novio de Ayuso 24 de febrero tenga que ir a declarar al Juzgado de Instrucción Nº19 de Madrid por un presunto fraude fiscal que superaba los 300.000 euros y por falsedad documental. Unos delitos por los que lleva siendo investigado casi un año.
Pero si el 24 de febrero no hay una decisión sobre el recurso, previsiblemente no declarará. González Amador ha logrado alargar la declaración en cuatro ocasiones. La última tendría que haber tenido lugar el 7 de febrero por fraude fiscal y falsedad documental, pero su abogado solicitó que se aplazara porque tenía un viaje profesional que estaba programado antes del señalamiento a Estados Unidos y a México. La titular del juzgado aceptó la petición.
No obstante, todo apunta a que si no está sobre la mesa la deliberación de su recurso sobre la pieza separada no declarará. Y es que, en el mismo escrito en el que solicitó el aplazamiento de la declaración del 7 de febrero solicitó también que se suspendiese su interrogatorio hasta que la Audiencia de Madrid se pronunciase sobre la ampliación de la causa sobre los negocios con el grupo Quirón.
Tanto PP como Más Madrid, ambas personadas como acusación popular, comentaron el lunes en una rueda de prensa que esperaban que la Audiencia de Madrid mantuviese esa pieza separada. En concreto, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, mostró su confianza en todos los pasos que estaba haciendo la Justicia para "conocer los negocios que hace". Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, señaló que no tenía ninguna de que tal tribunal iba a estar a la altura en una pieza que tiene como eje "una presunta comisión de 500.000 euros". Sin embargo, Carlos Díaz-Pache, del PP, enmarcó esta investigación como una "operación de Estado" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y todo su entorno.
