La encuesta de febrero elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha evidenciado que, conforme avanzan los años, la independencia de Cataluña está dejando de ser una preocupación para los españoles. Esta encuesta, que recoge muestras de 4.042 personas, ha revelado que lo que más preocupa a la ciudadanía actualmente es la vivienda (34,1%), la crisis económica (20%) y el paro (20%). Por el contrario, la independencia de Cataluña solo un 0,5%, ocupando los puestos bajos del ranking pese al debate que se está llevando a cabo en el Tribunal Constitucional por la amnistía.

Y es que, ocho años después de lo ocurrido ese 1 de octubre de 2017, que desencadenó en un juicio en el Tribunal Supremo que arrancó el 12 de febrero de 2019 y que se saldó con una sentencia condenatoria el 16 de octubre de ese año a 12 líderes independentistas, ha dejado de ser importante. Hay que recordar que, a consecuencia de tal sentencia, surgieron diversas protestas con disturbios y cargas policiales.

Pero otra fecha clave en esta historia fue la del día 9 de noviembre de 2023, cuando todo saltó por los aires. El PSOE y Junts cerraron un acuerdo en Bruselas para investir a Pedro Sánchez como presidente. Un pacto que incluía una ley de amnistía y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024 con los apoyos justos. 

La norma salió adelante con 177 votos a favor y 172 en contra con la negativa del PP y de Voz. Desde entonces, la amnistía se ha convertido en la ley con más recursos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, con un total de 16 recursos y 4 cuestiones de inconstitucionalidad. La corte de garantías ya ha iniciado los trabajos para pronunciarse sobre el encaje esta norma impulsada por los socialistas tras haberse ventilado un incidente de abstención y otro de recusación, pues 2 magistrados de los 12 que lo componen no participarán en su debate.

El que fuera ministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, solicitó abstenerse porque cuando ocupó tal cargo entre 2020 y 2021 ya se pronunció sobre ello. Y José María Macías fue recusado a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado porque cuando ocupó cargo como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció en contra de la tramitación. Por lo que, a juicio del TC, ello ponía en cuestión su imparcialidad para decidir sobre la constitucionalidad del texto. 

Pero además de los recursos de inconstitucionalidad, la corte de garantías tendrá que estudiar el recurso de amparo presentado por los cabecillas del procés contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación. El alto tribunal entendía que obtuvo un beneficio personal que afectaba a los intereses de la Unión Europea. Por poner un dato sobre la mesa, el TC solo admite a trámite el 1% de los recursos que se presentan al año.

Tras haberse admitido a trámite tal recurso se allana el terreno para amnistiar al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Todos ellos habían recurrido dos decisiones dictadas por la Sala de lo Penal. 

La primera, la del 1 de julio, en la que los magistrados decidieron no aplicarla y, la segunda, la del 30 de septiembre, en la que desestimaron el recurso de súplica, por lo que sus condenas de inhabilitación seguían intactas. Los tres recurrentes, que acudieron al TC al entender que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, alegaron en sus respectivos recursos que se había vulnerado su derecho a la legalidad penal y al derecho a la representación y participación política.

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