El magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, habló la semana pasada en una conferencia organizada por la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asocación de Fiscales en Barcelona sobre la necesidad de plantear una reforma de los recursos de amparo. Algo que en su día también apuntó Pascual Sala -magistrado y expresidente de la corte de garantías- en la apertura del año judicial en 1994.

En esta ponencia, que él mismo ha recogido en una tribuna que ha publicado en 'El Español', explicó que el objetivo de este recurso es garantizar que los poderes públicos respeten los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a los ciudadanos, pero sin que ello pueda suponer la usurpación de funciones.

Y es que, tal y como publicó Vozpópuli, diversas fuentes han explicado que las últimas resoluciones emitidas por la corte de garantías han agravado la sensación de que su presidente quiere suplantar al Tribunal Supremo corrigiendo sus decisiones al estar convirtiendo la corte de garantías en una última instancia jurisdiccional a pesar de que es independiente de los demás órganos constitucionales. Pues no es Poder Judicial.

De modo que este magistrado se pregunta si sigue estando justificado que el recurso de amparo mantenga su configuración actual o, por el contrario, habría que reformarlo para que siga siendo útil y, así, "preservar la salud del Estado de derecho". Y es que, desde su punto de vista, tal y como está planteado actualmente, en estos momentos no puede considerarse útil, ya que actualmente se admiten a trámite el 1% de todos los que se presentan. Los que llegan son aquellas que acaban anulando sentencias con connotaciones políticas.

Por otro lado, también se pregunta si un órgano que se nutre de miembros de estricta designación política tienen capacidad para anular sentencias de los tribunales independientes "llamados a controlar a los políticos que los designan", explica en la columna. 

Hay que recordar que la corte de garantías se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, 4 de ellos a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, 2 a propuesta del Gobierno y, los otros 2 restantes, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En estos momentos 7 son progresistas y 5 conservadores.

Así las cosas, señala que una vía que explorar podría ser un recurso de amparo "dirigido a la protección de los derechos fundamentales de la generalidad de los ciudadanos, que sea asumido por la jurisdicción ordinaria, con el complemento de un recurso de amparo ante el TC limitado al papel de "establecimiento o unificación de doctrina" y con efectos puramente prospectivos". Una posibilidad que limitaría impactos políticos indeseables sobre un Poder Judicial Independiente.

El recurso de amparo no es común en Europa. Además, otras fuentes consultadas se preguntan si estos magistrados, que son nombrados por políticos, de verdad van a revisar las sentencias de un Poder Judicial que está precisamente para controlar a los políticos. Parece, si no, que los políticos se han guardado así una carta blanca para que el TC les saque las castañas. 

El último recurso de amparo admitido a trámite, el de los líderes del procés

Esta semana, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue condenado. El alto tribunal entendía que obtuvo un beneficio personal que afectaba a los intereses de la Unión Europea.

También han sido admitidos los interpuestos por los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Los tres cabecillas han recurrido dos decisiones del alto tribunal. Por un lado, la dictada el 1 de julio, en la que al Sala de lo Penal decidió no aplicar la amnistía y, por otro, la del 30 de septiembre, en la que desestimaron el recurso de súplica, por lo que sus condenas de inhabilitación seguían intactas. En este último recurso los magistrados aprovecharon para aclarar que los jueces no son una "boca muda" que se limita a aplicar la "literalidad" de las leyes.

Ahora bien, este es el primer paso, pero el asunto se deliberará en los próximos plenos donde los magistrados estudiarán si la sentencia del Supremo se ajustó, o no, a Derecho. Los tres condenados por el 'procés' han decidido acudir a la corte de garantías al entender que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

El magistrado conservador César Tolosa será el ponente del recurso de Junqueras y Romeva, mientras que el de Bassa es Cándido Conde-Pumpido. Con respecto al presidente, llama la atención su presencia en este debate. Y es que el 21 de octubre de 2021 la corte de garantías le apartó de todos los recursos relacionados con el 'procés'. 

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