Los jueces están llegando al límite. La sobrecarga de trabajo a la que están sometidos no sólo está jugando con su salud, sino también con la calidad y la eficiencia en la Justicia para los ciudadanos. En el último semestre de 2024, muchos de ellos han alcanzado unas cifras alarmantes con una dedicación total que llega hasta casi el 300%. Un porcentaje que se puede observar en algunas de las declaraciones semestrales que tienen que presentar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desde 2019, y tras un acuerdo de Pleno de 29 de noviembre de 2018 del órgano de gobierno de los jueces, los magistrados elaboran esta declaración en la que especifican el tiempo dedicado a cada tarea basándose en unos baremos que establece el propio CGPJ. Por ejemplo, el Consejo fija que, para un divorcio, deben dedicar una hora y media para estudiar el asunto, celebrar el juicio y dictar sentencia.
Sin embargo, según Marisa Llambés, decana de los juzgados de Villarreal, esta estimación es irreal, ya que estos asuntos llevan más tiempo, lo que provoca que ese informe dé como resultado unos tiempos de trabajo de hasta un 300% en vez de un 100%. Unas horas extra que, además, apenas se ven reflejadas en la nómina.
Tal y como explica a Vozpópuli, la ley 15/2003 de 26 de mayo, que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, establece en su artículo 9.1 que, si superan el 120%, van a poder cobrar hasta un 10% de sus retribuciones fijas. Pero lo cierto es que desde que se implantó este método en 2018, ni un mes han cobrado siquiera el 3%, que se traduce aproximadamente entre 60 y 70 euros netos al mes.
En su caso, la última declaración semestral que ha presentado ahora en enero le ha dado como resultado un 242% de trabajo, algo equiparable a llevar dos juzgados y medio. Y lo hace por responsabilidad, no por dinero. “Tenemos montañas de asuntos muy sensibles por resolver” y ello no sólo afecta a su salud, sino también a la calidad de la Justicia.
"No es lo mismo poner 50 sentencias de delitos leves que 5, y si no quieres hundirte en la miseria y quieres vaciar la mesa, la calidad de las resoluciones y la búsqueda de jurisprudencia se tiene que ver afectada. Esto es como una bola de nieve que se va haciendo más grande”. Pues, si no hace este esfuerzo, algunos de los asuntos que tiene pueden acabar prescribiendo.
Tanto ella como su compañera Amparo Salom, que son las caras visibles de la cuenta de Instagram de @a.hacer.punyetas, se han dedicado durante un tiempo a recopilar testimonios de compañeros a los que esta sobrecarga de trabajo les estaba trayendo consecuencias graves. En dicha red social se habló, por ejemplo, de cómo un juez había perdido incluso el pelo por la depresión sufrida a consecuencia del estrés.
“Parece que los jueces tenemos que aguantar todo, que lo resistimos todo y está un poco mal visto decir que tenemos estrés cuando realmente hay muchas bajas por ansiedad”, señala Llambés. "El CGPJ tiene la suficiente información para saber cómo está la situación, no se están creando los juzgados que se tienen que crear”.
Una sentencia del Tribunal Supremo que no se está cumpliendo
Esta situación no nueva. Incluso en octubre de 2023, el Tribunal Supremo declaró que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral. Esta sentencia dejaba sin efecto la dictada por la Audiencia Nacional, que desestimaba la demanda de conflicto colectivo presentada por las cuatro asociaciones judiciales, la Profesional para la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia.
La sentencia, que fue ponencia del magistrado Ignacio García-Parrote, señaló que se había incumplido con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial. Según explica Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, tras el dictado de la sentencia y numerosas reuniones con el CGPJ, pueden afirmar que "no se está cumpliendo lo ordenado en la misma".
"Partiendo de la base que la parte dispositiva de la resolución es bastante abierta, que no dice qué medidas en concreto se tienen que adoptar, lo cierto es que sí dice que el CGPJ debe adoptar medidas" que, hasta este momento, no se han producido. Oliva detalla que las asociaciones judiciales han realizado propuestas sobre las medidas que entienden que deben adoptarse y que, aunque se han reunido durante todo el 2024 en varias ocasiones, a día de hoy no se ha hecho nada. Ello a pesar de las promesas de implementación de determinadas medidas como una actualización del mapa de alertas.
"En octubre de 2024 pedimos reunión al CGPJ precisamente para esta cuestión, pero nos indicaron que estaban pendientes de la aprobación de los Tribunales de Instancia, extremo que finalmente aconteció. Volveremos a pedir reunión con el CGPJ sobre esta cuestión", concluye.
