La Audiencia Provincial de Barcelona ha archivado de forma definitiva la causa contra 46 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que fueron investigados por su actuación durante los disturbios del referéndum ilegal en Cataluña del 1-O. El tribunal confirma la aplicación de la Ley de Amnistía a los agentes al descartar que los hechos superasen el umbral de gravedad marcado por la medida de gracia.
El auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, al que ha tenido acceso Vozpópuli, ratifica la resolución del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que declaró exentos de responsabilidad penal a los agentes implicados, entendiendo que su actuación estuvo enmarcada dentro del cumplimiento de órdenes judiciales y de la legalidad vigente.
Sobre la gravedad de los hechos investigados, los magistrados señalan que las lesiones ocasionadas a algunos manifestantes "no fueron graves y la finalidad no era castigar o humillar a los ciudadanos, sino impedir -o intentar impedir- la celebración de la consulta". Así, descartan que "ninguno de los hechos" investigados "supere el umbral de gravedad" determinado por el legislador en la la Ley de Amnistía, como sostenían las acusaciones en sus respectivos recursos. El fallo de la Audiencia barcelonesa establece que la intervención policial se limitó a acciones de escasa duración y orientadas a garantizar el orden público.
Las acusaciones alegaban varios convenios internacionales y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) donde se determina que no son aceptables las amnistías de conductas que integran delitos de torturas o contra la integridad moral. Sin embargo, los magistrados resaltan que este tribunal "requiere una cierta gravedad, una permanencia en el tiempo y unos objetivos encaminados a denigrar a la persona, a humillarla y romper su resistencia física, con finalidad de castigo, de obtención de información, entre otros", que no se dan en los hechos investigados.
Objeto de una "campaña de acoso y difamación"
El sindicato Jupol, que a través del despacho Aranda, Melgar & Tàsies Advocats ha llevado la defensa de algunos de los agentes, considera que esta resolución judicial "reafirma la legalidad y proporcionalidad de la actuación de los policías nacionales en el cumplimiento de su debe durante los operativos del 1-O en Cataluña". Desde el sindicato recuerdan que los policías nacionales fueron objeto de una "campaña de acoso
y difamación" por parte de los sectores independentistas, que los convirtieron en "chivos expiatorios de la violencia que ellos mismos generaron" incumpliendo las resoluciones judiciales.
Jupol también reitera su apoyo a todos los agentes que participaron en los operativos de aquel día, quienes actuaron "con profesionalidad en circunstancias de extrema dificultad, enfrentándose a un entorno hostil mientras cumplían con su obligación de hacer cumplir la legalidad". Por ello consideran que esta resolución judicial, que da carpetazo definitivo a la causa, supone "un reconocimiento a su labor y a la injusticia de las acusaciones vertidas contra ellos durante los últimos años".
