Tribunales

El juez rechaza tomar medidas para limitar las informaciones sobre la causa contra el fiscal general

El magistrado considera que limitar dichas informaciones en este caso supondría un atentado contra "la libertad de expresión"

  • Álvaro García Ortiz

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rechazado la petición formulada por la defensa del fiscal general de abrir una pieza separada para investigar las filtraciones que rodean a la causa contra García Ortiz. El instructor entiende que no la queja formulada por la Abogacía del Estado no estaría lo suficientemente justificada, por lo que considera que la Justicia en este caso "no ha de poner coto" a las informaciones por respeto "al derecho constitucional a la libertad de expresión". 

 

El juez sostiene que no puede atribuirse a las acusaciones la creación de un "juicio paralelo" o la difusión de "opiniones sesgadas", puesto que de existir o no, no correspondería a estas sino a los medios encargados de difundir las informaciones. "Por lo demás, aun aceptando que las acusaciones fueran proporcionando información a distintos medios, lo que se hace a meros efectos dialécticos, no se nos da razón para atribuirlas a ellas ese sesgo, cuando tal circunstancia pudiera ser de exclusiva responsabilidad del medio de que se trate", reza el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.

 

En la misma línea, el instructor defiende que las distintas resoluciones adoptadas en el marco de esta casa han sido en base al material incorporado en la misma, por lo que según el medio o el ámbito en que se hable de este procedimiento, es algo a la que el juez no "ha de poner coto". También detalla que "nada hay que temer" a la proliferación de un juicio mediático, puesto que este no tiene "ninguna incidencia" sobre el procedimiento judicial. 

 

Por ello, en cuanto a la petición que se hace para que el instructor adopte las decisiones oportunas para impedir la difusión en los medios de comunicación de informaciones que la defensa considera sesgadas, contesta el juez que, "al margen de que no hay base para atribuir ese sesgo a las acusaciones", "impedir tal difusión supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta, y si la parte considera que tal vulneración se ha producido, así como la que, en el futuro, considere que pudiera producirse, siempre le queda abierta la posibilidad de hacer valer su pretensión, acudiendo a la vía que estime oportuna".

 

Hurtado recrimina, además, a la defensa que en su escrito sólo se haga alusión a la publicación de informaciones poco favorables para el investigado obviando, así, la publicación de los mismos datos en otros medios. Asimismo, señala el hecho de que se intente poner el peso sobre las acusaciones populares sin aportar un "dato objetivo para una concreta atribución a persona alguna". 

 

Respecto de la queja del fiscal general por la publicación de sus números de teléfono en un informe de la UCO, explica que "no es factible impedir a las partes el acceso al contenido íntegro de una causa no declarada secreta, porque en otro caso se perturbaría su derecho de defensa y el que tienen a obtener la tutela judicial efectiva". 

 

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