La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha señalado este jueves en el acto de entrega de despachos de la 73 promoción de la Carrera Judicial que el vigente sistema de acceso a la carrera judicial "es democrático". Pues garantiza que "cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social" tenga la ideología que tenga, pueda competir en igualdad de condiciones basandose "exclusivamente en su esfuerzo individual". 

Perelló, que hay que recordar, además, que es la primera mujer en la historia en presidir el alto tribunal, ha señalado que la promoción que hoy se ha incorporado a la Carrera Judicial -compuesta por 92 mujeres y 45 hombres- “es un fiel reflejo de la sociedad de la que procede y a la que va a servir y, por tanto, del avance que la igualdad entre hombres y mujeres ha experimentado en las últimas décadas”.

"Comprobar que la brecha de género cada vez se reduce más es siempre una buena noticia y me hace especial ilusión que sea tan visible en la Carrera Judicial, en la que hasta hace poco tiempo parecía inconcebible que hubiera una presidenta del Tribunal Supremo", ha dicho. 

Por otro lado, ha recalcado que los nuevos jueces provienen de todas las Comunidades Autónomas. Además, el 34% procede de progenitores que carecen de estudios superiores y 7 de cada 10 provienen de familias sin vínculo alguno con profesiones jurídicas. Unos resultados que le hacen creer que el sistema vigente de acceso es demorático. 

Tampoco ha querido dejar pasar por alto que las pruebas de acceso son públicas, se celebran en el Supremo a puerta abierta con criterios de valoración transparentes y objetivos. 

Unas palabras que llegan justo dos días después de que el Consejo de Ministros aprobase el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para reformar, por primera vez en 40 años, el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Hay que recordar que la reforma, impulsada por Bolaños, proponía reducir el peso de la prueba oral, garantizar una mayor "pluralidad" e "independencia" y "promover la igualdad de oportunidades". 

Tampoco ha querido dejar pasar por alto la labor de formación que se lleva a cabo en la Escuela Judicial al proporcionarles una formación. Unas declaraciones que también chocarían con la propuesta de Bolaños de rebajar el peso de la prueba oral e introducir otra más práctica pues, tal y como defendieron la mayoría de las asociaciones de jueces, la formación que reciben en la Escuela Judicial y posteriores prácticas en juzgados ya es suficiente.

Reproches que tienen como fin debilitar el Poder Judicial

Por otro lado, ha pedido respeto a "los tiempos y razones de los jueces" y ha recordado que, sin confianza en las instituciones, "no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes". Ha señalado que vivimos en tiempos en los que, quizá por desconocimiento en lo que se refiere al Poder Judicial, se vierten críticas "totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados”. En su opinión, los reproches y las censuras gratuitas que tienen como fin debilitar al Poder Judicial no son aceptables porque hace erosionar "el Estado de Derecho y nuestra sociedad democrática".

Perelló ha añadido que la separación de poderes exige que los jueces sean cautelosos a la hora de expresar públicamente sus opiniones. Pero “también los actores sociales deben a su vez respetar los tiempos y las razones de los jueces cuando actúan en el ejercicio de la función que tienen constitucionalmente encomendada”.

Tras recordar que el artículo 117 señala que los jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, Perelló ha asegurado que “esta es la piedra angular sobre la que se sustenta el sentido de la Justicia en un Estado de Derecho en el seno de la Unión Europea, en el que la separación de poderes es esencial”. Por lo que les ha animado a "persevar" en al defensa de su independecia y a no dejarse influir por elementos externos o internos que les alejen del sentido de la función judicial.

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