El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pisado el acelerador. El instructor que dirige la investigación por presuntas mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia en el alto tribunal ha citado a un total de 17 testigos para comprobar si las acusaciones de Víctor de Aldama contra el exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez son ciertas.
Entre los testigos citados por el juez instructor destacan varios altos cargos de empresas públicas como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Verano, o a Alejandro de las Alas Pumariño, quien era el encargado en el Ministerio de Transportes de supervisar y custodiar las mascarillas y de archivar los albaranes del material sanitario. Este último fue cesado de su cargo el pasado mes de diciembre por el actual responsable de Transportes, Óscar Puente.
La citación de altos cargos abre una nueva vía de investigación para corroborar cuál fue el papel de la Administración en la contratación de Soluciones de Gestión SL y que recibió varios contratos millonarios durante la pandemia presuntamente gracias a la intervención de Víctor de Aldama y sus relaciones con el Gobierno del PSOE. Puente también ha citado en calidad de testigos al jefe de gabinete de María Jesús Montero señalado por haber mantenido varias conversaciones de WhatsApp con uno de los cabecillas de la trama. Precisamente, Aldama apuntó al jefe de prensa de la vicepresidenta del Gobierno por su presunta intermediación para que el empresario pudiera supuestamente liquidar una deuda con Hacienda en cómodos plazos; a cambio, siempre según la versión del expresidente del Zamora CF, Moreno cobró 25.000 euros en efectivo.
El juez también ha citado como testigos a Jesús Manuel Gómez García, exsubsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, quien ya declaró ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional donde apuntó a José Luis Ábalos como el responsable de la contratación de Soluciones de Gestión. Según testificó en sede judicial, fue el exministro socialista quien le trasladó que se iba a efectuar la compra. Por último, tendrá que acudir al alto tribunal el próximo 5 de marzo Javier Herrero, ex director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, cesado por la ministra Raquel Sánchez en 2022.
La empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en Ferraz, citada en el Supremo
Dejando de lado los nombres propios de empresas públicas, el instructor apunta y cita como testigos a las empresarias Carmen Pano y Leonor Pano. La primera, vinculada a la empresa Have Got Time SL -la cual se hizo cargo de la compra del chalet donde veraneó Ábalos durante el verano del 2021-, aseguró tras ser detenida que había entregado un total de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz por orden de Víctor de Aldama.
En la misma línea de investigación y continuando con los investigados por el fraude de 182 millones en el sector de los hidrocarburos, el juez ha citado para el próximo 25 de febrero al otro cabecilla de la trama del fuel, Claudio Rivas. Según las evidencias desveladas por los informes de la UCO, este empresario estaría detrás de la empresa cuya administradora es Pano y que costeó el chalet de La Alcaidesa. Su testimonio será clave para certificar si el empresario utilizó los contactos de Aldama en el Gobierno para conseguir la licencia de operador para Villafuel.
El juez pone el foco sobre el piso de la Castellana que Aldama asegura haber puesto a disposición de Ábalos y otros ministros para reunirse con "señoritas". Por ello, Puente cita como testigo al hijo del diputado del grupo mixto, Víctor Ábalos, sobre el que también ha solicitado a la UCO que investigue su patrimonio.
Por último, el magistrado apunta a la exnovia del exministro de Transportes para la que Koldo consiguió un lujoso alquiler en plena Plaza de España de Madrid. La joven estuvo viviendo gratis durante más de dos años en un piso de Torre Madrid gracias a los pagos de Alberto Escolano, socio de Aldama, y Koldo García.