El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, lleva años instando a España a reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al percibir cierta "politización" en esta institución en el nombramiento de los vocales jueces. Una recomendación que comenzó a sonar en 2014. 

Y es que, tal y como expusieron en su informe de 2021, cada vez que se había llevado a cabo una nueva selección del CGPJ, se habían expresado dudas con las negociaciones políticas y el regateo entre partidos para ocupar cargos judiciales clave. Es más,tres de las cuatro asociaciones judiciales, la Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y Foro Judicial Independiente (FJI), llevan años pidiendo este cambio. 

Hay que recordar que el artículo 122.3 de la Constitución remite a Ley Orgánica la determinación del sistema de elección de los 12 vocales judiciales y establece la elección de los otros 8 a propuesta de las Cortes Generales, 4 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado, por mayoría de tres quintos en cada cámara. La única vez que los jueces eligieron a sus 12 vocales fue durante el primer mandato del CGPJ con Carlos Sainz de Robles en la presidencia, pero en 1985 fue modificado por un Parlamento que tenía una mayoría de 202 diputados socialistas, de 350.Una oportunidad única

Se perdió una oportunidad única

Sin embargo, ayer el CGPJ perdió una oportunidad única para cumplir con lo requerido por Europa. Los vocales tenían como misión, tras el acuerdo alcanzado en junio por el PSOE y el PP para renovar el CGPJ, elaborar un informe para presentar al Congreso, Senado y Gobierno. En él, tenían que analizar los sistemas europeos de elección de los Consejos análogos al español, así como formular una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces.

Se les dio un plazo de 6 meses y se nombró, para ello, un grupo de trabajo dirigido por los vocales Bernardo Fernández Pérez, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Argelia Queralt Jiménez. Durante todo este tiempo, pese a que han trabajado "muy duro", según fuentes consultadas, ha habido choque entre los bloques conservador y progresista al haber dos formas de entender el sistema de elección de vocales. Los primeros apostaban porque fuesen elegidos por los jueces, mientras que los segundos, querían una elección parlamentaria.

Ante esta situación, y viendo la falta de consenso, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, decidió convocar ayer un Pleno extraordinario para intentar llegar a un acuerdo. Y, aunque finalmente ha logrado cumplir con el plazo para presentar el informe, que vence hoy, lo cierto es que no ha conseguido que ninguno de los dos bandos. Presentarán un único documento de derecho comparado con las dos propuestas argumentadas. 

La sensación interna que hay, según ha podido saber Vozpópuli, es positiva porque con este acuerdo han evitado un choque de trenes. Pero, con ello, se pierde esa oportunidad para resolver una cuestión que lleva 40 años sin resolverse. 

Para Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, esta división ejemplifica "más que nunca" cómo la elección politizada del CGPJ arroja estos resultados. No obstante, ha relatado que la presidenta Perelló es el claro ejemplo de que el consenso es posible entre las dos corrientes pero ello "no siempre va a poder alcanzarse". Por lo que, desde su punto de vista, es posible que este informe con dos propuestas le dé la sensación, "todavía mucho más a Europa, de que la politización del Consejo es lo que impide una operatividad óptima". 

Aboca al bloqueo en una futura renovación

Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha calificado la falta de consenso para elevar al Parlamento una única propuesta de "crónica de un fracaso anunciado". Y a diferencia de la propuesta de los vocales del denominado sector conservador, defiende un modelo electoral que garantice la pluralidad de todas las sensibilidades que hay en la carrera judicial, tanto de asociados como de no asociados.

Asimismo, ha recordado que España y Polonia son los únicos países europeos de nuestro entorno en donde existiendo un consejo general  de naturaleza mixta, esto es formado por jueces y juristas de reconocida competencia, la carrera judicial no elige a sus pares judiciales.

"Es el propio órgano de gobierno de los jueces, y no el Parlamento, el que ha decidido que los jueces no intervengan de forma directa y sin intervención de otros poderes del Estado, en la designación de sus vocales judicales", ha relatado. Para Oliva, era previsible que un CGPJ en el que los miembros se designan políticamente renunciasen emitir una propuesta de unanimidad que avalase el cambio de un sistema por el que han sido designados. Lamenta que se haya desaprovechado la oportunidad.

Por último, ha querido recalcar que el actual sistema de designación de vocales judiciales aboca a un bloqueo en una futura renovación de un órgano que debería ser ejemplo de pluralidad, representatividad e independencia, "pero que se encuentra secuestrado por los partidos políticos".

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